Las estadísticas de los asesinatos de periodistas en el país indican que en los dos primeros dos meses del 2022 van seis casos en donde les han quitado la vida por realizar su trabajo con profesionalismo al efectuar investigaciones, análisis y, en algunos casos, denuncias en donde se reflejaba con claridad la realidad en la sociedad en donde les tocó vivir. En esa realidad se han encontrado a algunos funcionarios poderosos de los tres niveles de gobierno a los que le han detectado malos manejos de los recursos públicos que administran. También en la realización del periodismo se han encontrado con funcionarios burocráticos y prepotentes que no cumplen con su trabajo de servir al pueblo, y cuando los periodistas lo publican en cualquiera de los medios a su alcance, estos comunicadores tienen que sufrir la furia de los poderos gobernantes. Otro terreno en donde han encontrado graves irregularidades son los nexos de gobernantes con el narcotráfico y la delincuencia organizada en general.
No todos los periodistas tienen el mismo comportamiento ante la información delicada y comprometedora, algunos, por temor a las represalias, simplemente optan por mejor callar y no difundir información peligrosa para evitar problemas, otros publican solamente lo que les conviene a los poderosos funcionarios o a los miembros de la delincuencia organizada a cambio de recibir incentivos económicos y de todo tipo, convirtiéndose en mercenarios del periodismo.
Pero también están los buenos periodistas que ejercen su trabajo con ética profesional y luchan con valentía para que se respete el derecho a la libertad de prensa por medio de la cual, en forma responsable, se preocupan por investigar con objetividad la verdad de los acontecimientos importantes para el adecuado funcionamiento de la sociedad y con el objetivo de mantener bien informado al público que busca estar enterado de lo que ocurre en su entorno. En varios casos, estos buenos periodistas al ejercer su trabajo han afectado importantes intereses y han sido víctimas de amenazas.
El gobierno tiene la obligación de velar y asegurar que se respete el derecho de la libertad de prensa, y cuando algún periodista recibe amenazas debe brindar la protección para evitar que se ejecuten esas amenazas y cuando desafortunadamente, pero también por su falta de acción, se cometa el asesinato de un periodista, debe aplicar todo el rigor de la ley para castigar a los culpables para que la impunidad existente en la mayoría de los casos hasta ahora.
Un ejemplo notable de que el actual Gobierno Federal no está cumpliendo con respetar y hacer valer el derecho de la libertad de prensa es la inadecuada reacción del presidente de la República ante el reportaje del periodista Carlos Loret de Mola, en donde proporciona información de las mansiones en donde ha vivido y cómo las obtuvo su hijo mayor. De confirmarse la certeza de esta información, estaría exhibiendo la existencia de un conflicto de intereses, tráfico de influencias, corrupción y lujos excesivos que contrastarían con la austeridad republicana y “lucha contra la corrupción”, ejes principales en los planteamientos del presidente y la 4T. Hubiera bastado que en una de las máximas tribunas publicitarias en donde están presentes los principales medios de comunicación como son las conferencias matutinas, el presidente hubiera presentado pruebas contundentes para demostrar la falsedad de la información del reportaje de Loret de Mola, demostrar con ello la existencia de una campaña de mala fe de los grupos conservadores y neoliberales de la “mafia del poder” y demostrar en los hechos, lo dicho en sus discursos.
En lugar de la respuesta adecuada de un estadista, la respuesta estuvo llena de coraje, de ataques en busca de venganza, de abuso del poder por el atrevimiento de haber realizado una investigación en donde se involucran actos de gobierno como la asignación de contratos de Pemex con la petrolera de Estados Unidos denominada Baker Hughes supuesta propietaria de la casa en donde habita el hijo del presidente. En la opinión de una buena parte de los habitantes del país está la idea de pedirle al presidente que cualquier conflicto se resuelva en el marco del estado de derecho y como parte de este, se respete y se haga respetar el derecho a la libertad de prensa para que esto sea una condición favorable y no se cometa ni un asesinato más de periodistas por decir a verdad.
Si algún periodista incurre en el error de publicar mentiras en perjuicio de un funcionario o ciudadano, también debe aplicarse el estado de derecho, lo cual no incluye obviamente amenazas y mucho menos asesinatos de los periodistas. Todos somos responsables de contribuir para tener una mejor sociedad.
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