El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados con 348 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones. Con un gasto proyectado de 9.3 billones de pesos, el presupuesto del próximo año representará una disminución del 1.9% en términos reales respecto al del 2024. Pero lo que los números no muestran a simple vista es la crítica realidad que enfrentarán millones de mexicanos.
Mientras el gobierno federal celebra su política de "consolidación fiscal", lo cierto es que el gasto público sufre un tijeretazo que golpeará directamente a los sectores más vulnerables. La promesa de austeridad -emblema de la administración actual- se traduce en recortes a ramos esenciales como salud, educación, infraestructura hídrica y cultura. Irónicamente, estos ajustes llegan en un contexto donde se espera que la población sin seguridad social pase de 126 a 136 millones de personas para el 2025.
La promesa de austeridad -emblema de la administración actual- se traduce en recortes a ramos esenciales como salud, educación, infraestructura hídrica y cultura
Uno de los sectores más afectados por este presupuesto es el sector salud. El PEF 2025 asignó 918 mil 447 millones de pesos a este rubro, lo que implica una caída del 11% en comparación con el 2024. Para ponerlo en perspectiva: en 2019, con la llegada de la pandemia, el gasto en salud alcanzó su mínimo histórico del 2.5% del PIB. Ahora, la situación se repite, y el panorama es desolador. Más de 10 millones de mexicanos quedarán sin acceso a servicios básicos, mientras el gobierno insiste en afirmar que se fortalece el presupuesto.
El incumplimiento del tercer transitorio constitucional -que prohíbe la disminución real del gasto en salud- no solo es alarmante, sino también inconstitucional. ¿Qué justifica un recorte de 113 mil millones de pesos en plena crisis sanitaria?
La narrativa gubernamental está marcada por un discurso de "bienestar" y crecimiento económico; sin embargo, los datos cuentan otra historia. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la inversión pública tendrá una reducción del 14%, comprometiendo proyectos fundamentales para el desarrollo del país.
La CONAGUA sufrirá un recorte del 43.2%, dejando a las comunidades más vulnerables sin acceso al agua potable; El presupuesto a la educación caerá un 1.2% respecto al PIB -el más bajo desde 2013-; El gasto en cultura se desplomará un 30%, dejando a miles de instituciones al borde del cierre.
Estos ajustes no son solo cifras en un papel: representan menos hospitales, escuelas en ruinas, falta de medicamentos y menos obras públicas. El resultado será un país más pobre, enfermo y desigual.
El gasto federalizado también será víctima del ajuste presupuestal. Estados como Oaxaca, Guerrero, Colima y Campeche, ya golpeados por la pobreza y la violencia, verán una reducción de 76 mil millones de pesos. El impacto será directo en programas de seguridad, infraestructura educativa y apoyo a comunidades rurales.
Resulta inconcebible que, en un país con municipios asolados por el hambre y la falta de servicios básicos, el gobierno federal siga privilegiando el gasto en megaproyectos ferroviarios. La decisión no solo refleja una visión centralista, sino también un abandono hacia las entidades que más lo necesitan.
Recientemente, la calificadora Moody’s cambió a negativa la perspectiva de la deuda soberana de México. La razón: rigideces en el gasto público y el deterioro de las políticas económicas. A pesar del optimismo gubernamental, los analistas cuestionan las proyecciones de crecimiento (2-3%) y la inflación (3.3%). El incremento de impuestos a plataformas digitales y el endurecimiento del ISR y el IVA también generaron denuncias de “terrorismo fiscal”, pues afectará directamente a la economía familiar.
El PEF 2025 no solo refleja inconsistencias económicas, sino también una visión de corto plazo que prioriza las transferencias sociales sobre la inversión productiva. Las tarjetas del bienestar y otros programas clientelares seguirán siendo el eje de la política social, mientras el campo, la industria y la educación quedan en el olvido.
Todo esto sucede mientras el país enfrenta graves retos: aumento de la pobreza, inseguridad galopante y una infraestructura colapsada. ¡Recortar el gasto en áreas esenciales no solo es irresponsable, es criminal! Si el gobierno federal insiste en ignorar estas advertencias, el futuro económico y social de México estará en juego.
¡Es momento de exigir un presupuesto justo, equitativo y centrado en las verdaderas necesidades del país! De lo contrario, el PEF 2025 no será más que un símbolo de la indiferencia gubernamental hacia los sectores más olvidados de la nación.
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