Dedico estas líneas a la situación que, por las circunstancias en que suceden, ha tenido amplia difusión en sociedad, pero que, con el paso de los días, ha quedado en el olvido. Me refiero a los estragos que han dejado los últimos fenómenos meteorológicos.
Es evidente que estos fenómenos naturales son inevitables, y México, y sobre todo estados como Oaxaca, que sufren afectaciones recurrentemente, deberían tener cierta experiencia producto del necesario aprendizaje que viene con la frecuencia con que los enfrentamos.
Las amenazas que representan huracanes, desbordamiento de ríos y presas y terremotos no solo seguirán existiendo, sino que seguirán aumentando en frecuencia e intensidad.
Pero, aunque la ciencia y la tecnología permiten las alertas tempranas, a veces con una precisión increíble sobre el día, la hora y el lugar del fenómeno, en más de una ocasión, nuestras autoridades se han mostrado terriblemente limitadas en términos de predicción, lo que provoca que los estragos sean increíblemente altos porque no permite que la sociedad en general se prepare de la mejor manera. Veamos.
Las inundaciones provocadas por el huracán “John”, de considerable intensidad, tras tocar tierras guerrerenses y oaxaqueñas como categoría 3, dejaron innumerables daños materiales que, tras casi diecisiete días, aún no se han dado a conocer con precisión.
De todo esto, los medios de comunicación han destacado que el impacto de “John”, en dos ocasiones, golpeó a 70 de los 85 municipios de Guerrero y 73 de los 570 municipios de Oaxaca.
El País publicó el 4 de octubre: “John dejó un estimado de 39 mil 491 viviendas dañadas, 270 mil personas afectadas y 23 fallecidos en Guerrero”. En Oaxaca, de los 73 municipios que sufrieron afectaciones, solo 65 solicitaron la declaratoria de desastre natural por las afectaciones.
El 54 % corresponden a la Costa, 30 % en la Mixteca y 15 % a la Sierra Sur. Al momento, contabilizan mil 93 daños en las mil 175 casas evaluadas, en 39 localidades y agencias. De los daños, 32 % se presentaron en enseres domésticos, 30 % en deterioros parciales, 23 % en inundaciones, 12 % en servicios básicos y 3 % de las viviendas evaluadas registran pérdida total”, enfatiza el medio digital Ángulo 7.
El mismo medio agregó:
“… la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) dio a conocer que el cultivo más afectado de la Costa y Sierra Sur fue el maíz, con más de 22 mil hectáreas, mientras que en ganadería se estima la pérdida de 200 cabezas”.
Pero no solamente “John” azotó a los oaxaqueños, sino también la depresión tropical Once-E, en la región del Istmo de Tehuantepec, y debido al menor impacto —comparado con el primero—, las autoridades no le tomaron importancia, pero las afectaciones no fueron menores.
Por ejemplo, El Universal Oaxaca publicó la siguiente información: “Suspenden labores en clínica de Juchitán; hay inundaciones por depresión tropical Once-E”, y añade:
“El personal médico y de enfermería del Centro de Salud de la Novena Sección de Juchitán suspendió labores debido a que la clínica se inundó con el desbordamiento del río Las Nutrias de esta ciudad zapoteca, derivado de las lluvias provocadas por dicho fenómeno meteorológico. Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2 del Istmo, de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Hebert Vidal Sánchez, explicó que las aguas del río afectaron camas, refrigeradores que almacenan medicinas, lotes de medicamentos e insumos, así como escritorios, sillas y ventiladores. Por ello, la clínica, que tiene bajo su cuidado la atención de casi 9 mil personas sin seguridad social, sentenció que mantendría sus puertas cerradas hasta que descienda el nivel del agua en la zona y hasta que los SSO repongan lo que se perdió”.
Pero la ayuda oficial ha brillado por su ausencia, y los habitantes de esta zona, a la que no llegaron los reflectores, tuvieron que arreglárselas solos. Esta no es una invención de los “conservadores”, como repite la 4T, sino una dolorosa realidad. Cierto es que el problema es antiguo y complejo, que no se resuelve simplificándolo artificialmente con tal de fabricar un culpable.
Por eso, hay que señalar, en primer lugar, el desinterés y la irresponsabilidad de gobiernos anteriores por elaborar un plan maestro, con especialistas competentes, que regulara el crecimiento de los centros urbanos del país, pues prefirieron dejar que la gente se asentara donde le resultó más barato construir, comprar o rentar una vivienda.
Sin embargo, desde hace seis años, a los mexicanos se nos dijo que con “la esperanza de México” en el poder, las cosas cambiarían, lo que significa que, a estas fechas, gran parte de la gente debiera contar con una vivienda digna, pero lo que vinieron a desenmascarar las intensas lluvias es que esto no es así, sino que se sigue viviendo en pequeñas casas construidas con madera, láminas, cartón y de los servicios básicos ni hablar, pues las calles colapsan con hundimientos, baches e inundaciones porque el drenaje está inservible o, en las comunidades, los caminos están intransitables.
Las amenazas que representan huracanes, desbordamiento de ríos y presas y terremotos no solo seguirán existiendo y representando un riesgo constante, sino que seguirán aumentando en frecuencia e intensidad, como lo están pronosticando ya los expertos en el cambio climático que experimenta el planeta.
Esto nos demuestra la necesidad de un fondo especial, con financiamiento suficiente y con un diseño institucional que permita el acceso expedito a los recursos para la atención inmediata a los damnificados y para la reconstrucción en general, como lo exige el carácter repentino de los desastres naturales.
Reza el dicho popular que “las desgracias no esperan”, y ese precisamente era el fin del Fondo Nacional para la Prevención de Desastres (Fonden), creado en 1996 y desaparecido de un plumazo junto con otros 108 fideicomisos parecidos por el expresidente López Obrador, argumentando que estaban plagados de corrupción.
No quiero afirmar que no haya habido corrupción, pero si esta existió, la 4T no denunció a nadie en concreto y menos metió a la cárcel a funcionario alguno. Además, mostrando una falta de la más elemental sensatez, se cancelaron estos fideicomisos sin una reestructuración a fondo y sin que se hayan sustituido por lo menos con otros que funcionen más o menos con la misma eficacia y eficiencia. El argumento de la corrupción no fue más que demagogia de la 4T.
Por eso, ahora que vemos cómo hoy la actual presidenta de la república asegura que se está atendiendo a los damnificados mejor que cuando gobernaban los neoliberales y que muestra de ello es que se van a destinar 8 mil pesos por persona, ya sabemos que es solo una medida mediática para aparentar que se ayudará a todos, porque lo que se ve únicamente es a personal de la Sedena y de la Guardia Nacional ayudando a lavar calles y retirar escombros, además de la instalación de algunos albergues.
Pero nada se dice de qué sigue después, qué harán las familias cuando cierren los albergues, cómo se les va a ayudar a rehacer sus pequeños hogares y la atención médica, puesto que los servicios de salud también están en crisis.
Esto es precisamente lo que debiera aclarar la presidenta de la república, en lugar de repetir mecánicamente lo que todos sabemos, pero no lo ha hecho ni lo hará porque no hay respuesta ni dinero para eso. Y como dijo nuestro secretario general, Aquiles Córdova Morán:
“En esto precisamente se ve el disparate que fue desaparecer el Fonden sin haber creado otro mecanismo mejor pensado. El error de juicio de la Cuarta Transformación, desgraciadamente, está provocando que sufran en carne propia los más débiles y desamparados, como siempre”.
Por ello, hoy más que nunca urge la organización de las capas populares, porque sólo con la fuerza que surge de su unión podrán defenderse y exigir que se les entregue lo que es suyo, es decir, el dinero que aportan con sus impuestos. A eso los invitamos los antorchistas, porque un país distinto requiere un gobierno distinto, un gobierno popular.
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