Con la llegada de Donald Trump nuevamente al poder de Estados Unidos, se ha debatido a nivel internacional sobre las repercusiones de sus decisiones y cómo afectarán a las naciones vecinas y a muchas otras que dependen directamente de ese país.
México cumple con ambos requisitos, pues gran parte de nuestra economía depende de las relaciones comerciales con el vecino del norte. Así, la crisis hipotecaria de 2008 pasó factura a los mexicanos, encareciendo los productos de la canasta básica y muchos otros que, aunque no eran de primera necesidad, sí eran fundamentales en alguna medida.
La pregunta incómoda y necesaria es: ¿qué se les ofrecerá a los mexicanos que regresen de Estados Unidos? No hay un plan claro por parte del gobierno federal.
Entre la posición que debería tomar el gobierno mexicano y la manera en que nos percibe el gobierno estadounidense hay una gran brecha. A pesar de que en México se dice que “se tienen las cosas claras”, el discurso oficial de Estados Unidos es más directo y contundente: “México hará el trabajo sucio”.
Esto quedó claro a los pocos días de que Trump asumiera el cargo el pasado 20 de enero, pues, como lo prometió, ya comenzaron las deportaciones de migrantes.
La administración de Trump llevó a cabo el domingo la aplicación de la ley de inmigración en todo el país, lo que resultó en casi mil arrestos y operativos en varias ciudades, incluidas Chicago, Atlanta, Los Ángeles y Austin, Texas.
En su primer día como secretario de Defensa, Pete Hegseth afirmó que el gobierno proporcionará toda la asistencia requerida en la frontera sur de Estados Unidos. Estas acciones migratorias se producen en medio de un impasse resuelto entre Colombia y Estados Unidos sobre los vuelos de deportación, después de una serie de amenazas de Trump que incluyeron aranceles elevados.
Entre el 1 y el 24 de enero, Guatemala ha recibido a 3 mil 297 connacionales deportados desde Estados Unidos y México, informó este lunes Alfredo Danilo Rivera, director del Instituto Guatemalteco de Migración, en una conferencia de prensa. De ese total, 2 mil 879 guatemaltecos llegaron vía aérea desde Estados Unidos y el resto, 418 personas, fueron deportadas desde México.
Ante estas deportaciones, el gobierno mexicano vuelve a extender la mano y, bajo el discurso de que “somos humanistas”, pretende dar apoyos a las personas migrantes. Esta postura nunca será criticable, pero sí debe señalarse que, a pesar de no contar con un plan para recibir a los migrantes —tanto mexicanos como extranjeros—, el gobierno intentará reaccionar cuando la crisis ya sea incontrolable.
Aunque no se tiene un dato exacto, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contabilizó en 2022 que 11 millones 193 mil 801 mexicanos radicaban en el extranjero, de los cuales más del 95 % se encuentran en Estados Unidos. Se estima que poco más de la mitad regresará, quiera o no, durante 2025.
La pregunta incómoda y necesaria es: ¿qué se les ofrecerá a los mexicanos que regresen de Estados Unidos? Necesitarán trabajar, alimentarse, educarse, acceder a servicios de salud y mucho más.
Sin embargo, nadie en el gobierno ha explicado qué pasará con el déficit de viviendas, la escasez de medicamentos y otros problemas estructurales. No hay un plan claro por parte del gobierno federal.
A pesar de todas estas incógnitas, nosotros, los antorchistas, tenemos las cosas claras. Sabemos que la situación se agravará y que será aún más necesario organizarse y luchar.
Será necesario luchar por una sociedad que garantice un mejor futuro para nuestras familias y comunidades, pero también para los millones de migrantes que hoy atraviesan una situación difícil. Porque lo único que ellos buscan es llevar un taco a su casa, al igual que los millones de mexicanos que todos los días luchamos por una vida justa y equitativa.
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