Los gobernadores que han puesto de manifiesto sus diferencias con los métodos de trabajo del Gobierno federal, agrupados en la denominada Alianza Federalista, son: de extracción panista, Martín Orozco, de Aguascalientes; Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.Del PRI, Miguel ángel Riquelme, de Coahuila y de Colima, José Ignacio Peralta; del Movimiento Ciudadano el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; por el PRD, el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo y finalmente, el gobernador independiente Jaime Rodríguez, de Nuevo León.Entre las causas fundamentales para estas diferencias está la estrategia equivocada del gobierno federal, según los gobernadores, para hacerle frente a la crisis sanitaria de la covid-19, a la crisis económica y la injusta distribución del presupuesto entre la federación y los estados.La otra causa es la queja por cerrar la puerta al diálogo, no escuchar el sentir, las necesidades, los argumentos, las razones de los gobernadores y sus propuestas para hacerle frente a estas crisis.
En los medios de comunicación, los gobernadores han criticado las deficiencias de la estrategia seguida por el gobierno federal para hacerle frente a la pandemia de covid-19, reflejándose en el alto número de contagios (995 mil 128) y 94 mil 323 fallecimientos a siete meses del inicio de esta enfermedad en el país.Antes de la pandemia México ya tenía problemas de decrecimiento y de crisis económica, pero con la pandemia se agravaron estos problemas.Para hacerle frente a la crisis económica es necesario recuperar la pérdida de millones de empleos por el decrecimiento de la economía, fomentando la inversión con apoyo a las medianas y pequeñas empresas, destinar presupuesto suficiente para la construcción de obras y servicios en los estados y municipios.En la aprobación del Paquete Económico 2021 se evidencia un incremento al presupuesto de los megaproyectos como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía; los programas sociales asistencialista de transferencia monetaria directa del gobierno federal, los cuales ya han demostrado no son la solución al problema de la pobreza, pero sí pueden ser efectivos para los fines electorales del 2021, como lo pretende Morena.En cambio, en el presupuesto destinado a los estados y municipios hay una drástica disminución por un monto global de 108 mil millones de pesos, además de la desaparición arbitraria de 109 fideicomisos utilizados en actividades esenciales.
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha declarado la necesidad de un nuevo Pacto Fiscal Federal porque el actual permite la concentración del 80% de los recursos económicos en el Gobierno federal, mientras a los 32 estados y los más de 2 mil 400 municipios del país, solo el 20 por ciento.El nuevo Pacto Fiscal Federal debe distribuir más equitativamente el recurso para que los estados y municipios puedan resolver de mejor forma los problemas urgentes como el de la salud en tiempos de la pandemia de la covid-19 fortaleciendo el sistema de salud en 32 los estados.
Para llevar adelante el proyecto del Gobierno federal, requiere de una centralización absoluta del poder en manos del presidente, por eso se limitan los recursos económicos y la libertad de iniciativa a los gobiernos estatales y municipales, ocasionando la protesta de los 10 gobernadores agrupados en la Alianza Federalista.Este grupo de gobernadores se queja de haber buscado el diálogo directo con el presidente para plantear sus inquietudes y la respuesta ha sido negativa canalizando los asuntos con integrantes del gabinete, con la Secretaría de Gobernación y el secretario de Hacienda, pero ellos nada resuelven.
La Alianza Federalista en la reunión de la Conago realizada el 19 de agosto en San Luís Potosí, en donde estuvo presente el presidente, intentó plantear sus inquietudes en este importante foro, pero el presidente repitió lo mismo del combate a la corrupción y la austeridad como el camino para resolver la problemática y sacar el país adelante.Esta respuesta no convenció a los gobernadores y declararon públicamente a los medios, su salida de la Conago porque no cumple la función de ser un medio para encontrar una mejor forma de coordinación entre los gobiernos federal y de los estados, evidenciando con ello el agravamiento en el conflicto entre estos dos niveles del gobierno.
Otro hecho relevante en la lucha de la Alianza Federalista por conseguir evitar los recortes realizados por gobierno federal a los estados y municipios es la declaración de estar dispuestos a dar la lucha legal y política hasta donde sea necesario, incluso no descartan el rompimiento del Pacto Federal.El presidente los acusó de antidemocráticos, de no representar los intereses de los habitantes de sus estados, estar buscando fines electorales, además de sostener que no se puede romper el pacto Federal sin la aprobación del Congreso de la Unión y retándolos a realizar encuestas en sus estados para determinar si la población está de acuerdo con la modificación del Pacto Federal.
¿Cuál debe ser la posición del pueblo trabajador ante este conflicto? El pueblo trabajador como el único productor de la riqueza nacional y además de aportar con el pago de los impuestos a la conformación de los recursos del presupuesto administrados por los diferentes niveles de gobierno, tiene todo el derecho a que el presupuesto sea utilizado para las necesidades más urgentes de ese mismo pueblo y en consecuencia, el pueblo debe defender el uso racional y sin imposiciones del presupuesto en favor de las necesidades más urgentes como la salud, la alimentación, la vivienda y la educación.Las masas populares no deben dejarse confundir con las promesas y la propaganda, más que las palabras, debe atender a los hechos y a los resultados.
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