El anuncio por parte del gobierno federal de un aumento del déficit presupuestal programado para este año, que se estima equivaldrá al 5.4% del PIB de 2024, ha sido uno de los temas más discutidos en lo que va del año. El debate ha sido avivado tras la insistencia del gobierno federal, primero en boca del presidente Andrés Manuel López Obrador, y recientemente haciendo eco de ello por la candidata morenista Claudia Sheinbaum, de que las finanzas públicas en este sexenio se han manejado de forma excepcionalmente responsable, e incluso se ha llegado a afirmar que el uso de la deuda no ha jugado un papel relevante gracias a los ahorros que resultaron del combate a la corrupción.
Mientras tanto, el pueblo carga la cruz de la austeridad y soporta la condena de una deuda cada vez más insostenible.
Esta versión oficial sobre el problema de la deuda bloquea de entrada el debate necesario para enfrentar con seriedad y honestidad los obstáculos a la sanidad de las finanzas públicas que una y otra vez se hacen presentes. Con el propósito de aclarar algunos puntos, haré referencia a algunas cifras. Una deuda pública equivalente al 5.4% del PIB para este año, sí es un monto relativo inusitadamente grande, no visto por lo menos desde el año 2000. Este aumento puntual de la deuda implicaría que la deuda pública total acumulada hasta 2024 ascienda, en términos reales, a 48.8% del PIB, de acuerdo con las propias estimaciones del gobierno federal. Este indicador es importante porque nos da una mejor idea de la capacidad de pago del país, y nos dice que, para saldar por completo la deuda pública hasta ahora contraída, tendríamos que destinar el equivalente al 48.8% del ingreso que se genere en 2024.
Veamos cómo ha evolucionado este indicador en este sexenio y en el previo. En términos reales, tomando como referencia el nivel de precios de 2018, el monto de la deuda pública acumulada como proporción del PIB era de 38.9% en 2013, primer año del sexenio de Peña Nieto, quien cerró su administración en 2018 con un acervo de la deuda pública equivalente al 43.64% del PIB. Para 2019, este indicador se colocó en 43.22% y en 2023 en 46.78%, y se estima será de 48.8% del PIB al final de este año, como ya habíamos mencionado. Así pues, con la excusa de que Peña Nieto contribuyó con 8 puntos porcentuales al aumento de la deuda pública, mientras que esta administración estima hacerlo en 5.2 pp., se ha pretendido deslegitimar toda crítica a la política fiscal de este gobierno. En suma, es verdad que este gobierno hasta ahora se ha endeudado menos en términos reales que el anterior, pero es falso que el monto de la deuda no sea considerable.
No obstante, más allá de los dimes y diretes de si el endeudamiento es alto o no, o si es menor o mayor que antes, los analistas especializados en la materia llevan años advirtiendo y argumentando en suficiencia la necesidad de una reforma fiscal. Para esquivarla, el gobierno morenista la intercambió por la apocada austeridad republicana y el combate a la corrupción. Sin embargo, muy pronto esta estrategia se mostró completamente incapaz de escapar a las fragilidades de los ingresos públicos y las demandas del gasto. Presenciamos así, primero, recortes masivos por un lado para aumentar el financiamiento de los gastos prioritarios del gobierno; luego, el agotamiento de grandes sumas de ahorros públicos que permanecían en fideicomisos varios. Ahora, el aumento récord de la deuda para un ejercicio fiscal viene a evidenciar que el combate a la corrupción ya no da para más.
Estamos en año electoral y Morena continúa con el mismo discurso, con el añadido tramposo de que esta estrategia es preferible a subir los impuestos a la población en general. Pero lo que no se dice es que existe una alternativa viable y justa de implementar una reforma fiscal que se sostenga de mayores impuestos a los ricos en lugar de un aumento general a la población. Esta es la alternativa a la que no están dispuestos a comprometerse el gobierno oficial, pero tampoco la oposición. Mientras tanto, el pueblo carga la cruz de la austeridad y soporta la condena de una deuda cada vez más insostenible.
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