• El impacto económico por inseguridad en Guanajuato superó los 295 mil millones de pesos en 2025
Desde hace varios años, la percepción de inseguridad entre los mexicanos alcanza niveles alarmantes. En la última década, el 75 % de la población siente que vive con miedo a consecuencia del incremento de las actividades delictivas del crimen organizado y el aumento de los crímenes de género.
Datos del Índice Global de Criminalidad señalan que México se mantiene en el tercer lugar a nivel mundial en delincuencia y primero en mercados ilícitos con una calificación de 7.68 sobre diez. Se estima que el 94 % de los delitos cometidos en el territorio nacional no se denuncian y que la probabilidad de que un delito sea resuelto es apenas del 0.9 %.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que siete de cada diez mujeres de quince años o más han experimentado, cuando menos, un incidente de violencia física, psicológica, sexual o económica y que alrededor del 11.4 % de las mexicanas reportan agresiones directas dentro del ámbito familiar.
Y aunque el gobierno federal reporta un promedio de 50 homicidios diarios en el mes de marzo de este año, cifra no vista desde 2016, lo cierto es que el sexenio de López Obrador es el más violento en toda la historia de México como resultado de su política de “abrazos y no balazos”, que permitió el enseñoramiento de los grupos delictivos que hasta hoy no se ha logrado revertir.
En el caso de Guanajuato, la situación, por obvias razones, no puede ser diferente. De acuerdo con el Índice de Paz México 2026, la entidad se encuentra entre las que concentran ciudades con altas tasas de asesinatos y con pérdidas económicas que superan los 295 mil millones de pesos.
Seis municipios de la demarcación están entre los 20 más violentos del país. Estos municipios son Valle de Santiago, Salamanca, Celaya, Pénjamo, San Miguel de Allende e Irapuato, todos con poblaciones arriba de los 150 mil habitantes y los cuatro primeros gobernados por el morenismo.
A nivel nacional, los primeros lugares los ocupan Manzanillo, Culiacán, San Luis Río Colorado y Colima, mientras que los últimos tres lugares de los primeros veinte son Uruapan, San Martín Texmelucan y Chilpancingo de los Bravos.
Es importante tomar en cuenta que la inseguridad, además de víctimas, también golpea al bolsillo en Guanajuato. En 2025 el impacto total de la violencia en el estado rebasó los 295 mil millones de pesos, lo que ubicó a la entidad como la segunda con mayores pérdidas en el país, sólo por debajo del Estado de México, que reportó un impacto de más de 527 mil millones de pesos.
Tal afectación significa un 19 % del Producto Interno Bruto estatal, lo que evidencia lo perjudicial de la violencia en la economía.
Un dato alarmante es que se ha incrementado el consumo de fentanilo entre los jóvenes de Guanajuato hasta en un 30 % con respecto a otras drogas, como por ejemplo el cristal. Al haber más consumo, hay más venta y con ello, más violencia, mientras que las estrategias implementadas por el gobierno estatal no son suficientes para disminuir la adicción entre los jóvenes.
Datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalan a Guanajuato como una de las regiones más vulnerables al reclutamiento de menores para fortalecer las filas de organizaciones delictivas y utilizarlos para trabajos de halconeo y venta de drogas, mientras que la desaparición de mujeres jóvenes está vinculada a redes de trata y explotación, lo que agrava la crisis en la región.
Para nadie es desconocido que el aumento de la violencia y los grupos delictivos se han convertido en una grave amenaza social. La infiltración del crimen organizado en los tres niveles de gobierno trae profundas consecuencias en la vida diaria de la inmensa mayoría de los mexicanos.
En pleno siglo XXI vemos cómo, en amplias zonas del país, cientos de familias se ven obligadas a abandonar sus hogares y comunidades para huir de la violencia y los constantes enfrentamientos de grupos que se pelean el poder.
Guanajuato se encuentra entre los seis estados que concentran los homicidios dolosos provocados por los grupos criminales que han manchado de sangre todo el territorio nacional.
Por tanto, la realidad está demostrando que ni los gobiernos morenistas ni los gobiernos panistas han sido capaces de erradicar la violencia y devolver la paz a las comunidades y estados. Por el contrario, vemos cómo los grupos delictivos han creado redes de soborno y corrupción entre gran cantidad de autoridades, lo que dificulta su combate y erradicación.
¿Cuál tiene que ser la solución para este mal y otros, como la pobreza, que agobia a millones de mexicanos? Está más que demostrado que los actuales partidos políticos sólo querían el poder para apoderarse de la riqueza nacional, sin importarles en lo más mínimo el bienestar de la población.
La grave situación que se vive requiere, con carácter urgente, intensificar la educación política del pueblo trabajador para que entienda y comprenda la terrible realidad que vive y para ponerlo en condiciones de tomar el poder político de la nación y con ello llevar a cabo una transformación profunda y radical que no sólo regrese la paz y tranquilidad, sino que además sea capaz de darle, ahora sí, mejores condiciones de vida a todos los mexicanos.
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