Comunidades rarámuris acusan abusos, suspensión del servicio y omisión de autoridades
Chínipas, Chih. Comunidades de la Sierra Tarahumara, principalmente de los municipios de Chínipas y Guazapares, denunciaron que la empresa ferroviaria Ferromex ha suspendido de facto el servicio de pasajeros y mantiene una política de hostigamiento y abuso contra pobladores serranos, lo que ha dejado incomunicadas a decenas de familias rarámuris que dependen del tren como su única vía de transporte.
Durante años, Ferromex operó un esquema de traslado para habitantes de la sierra, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, ante la inexistencia de carreteras y transporte público. Este servicio no era un privilegio, sino una necesidad básica para que las comunidades indígenas pudieran ejercer derechos elementales como el acceso a la salud, la educación y la movilidad.
No obstante, desde noviembre de 2025, personal de seguridad de la empresa comenzó a impedir el acceso a pasajeros bajo el argumento de “cupo lleno”, incluso cuando cumplen con los requisitos. Los denunciantes señalan que los guardias han bajado a personas por la fuerza, sin considerar su edad, condición de salud o pertenencia a pueblos originarios.
Uno de los casos más graves fue el de una mujer adulta mayor que fue retirada del tren pese a requerir atención médica urgente en la ciudad de Chihuahua, quedando varada sin alternativa de traslado. Para las comunidades, este hecho evidencia un trato discriminatorio y racista hacia los pueblos indígenas.
Además, en tramos estratégicos como Cuauhtémoc–Divisadero, la empresa dejó de subir a pasajeros durante las últimas semanas de 2025, impidiendo que cientos de personas regresaran a sus hogares en la sierra de Chihuahua y Sinaloa.
Las comunidades advirtieron que esta situación agrava el abandono histórico de la Sierra Tarahumara y representa una violación directa al derecho a la movilidad y a los derechos de los pueblos indígenas, consagrados en la Constitución y en tratados internacionales. La omisión de las autoridades, subrayaron, convierte este problema en una responsabilidad política del Estado mexicano.
Enrique Bautista, gestor social y dirigente antorchista en la región, llamó a las autoridades a intervenir de inmediato y garantizar condiciones dignas de movilidad, señalando que no se puede seguir condenando a los pueblos rarámuris al aislamiento y al olvido.
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