MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Del INSABI a un sistema de salud como el de Dinamarca

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El mes pasado, se dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan en la Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto del Instituto de Salud para el Bienestar; se trata, dicen, de fortalecer la infraestructura de las unidades médicas del programa IMSS-Bienestar, dirigido a personas sin seguridad social laboral, a las cuales, supuestamente, debería haber atendido el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) desde la creación de éste, en 2019.

Sin embargo, lo que se entiende hasta aquí parece una medida burocrática más en una institución que todavía no funciona plenamente, pero, además, al combinar esta determinación con la publicidad de la firma de un convenio de colaboración entre el director del INSABI y el director general del IMSS, la perspectiva se torna diferente. Pues, sin decirlo claramente, se acepta que el INSABI no funcionó y se le relega como abastecedor de equipo médico.

Hasta 2019, se nos hizo creer que en el país se había desarrollado una política, en materia de salud, que beneficiaría a los mexicanos. Cuando se implantó el Seguro Popular, en el año 2003, habían sucedido tres cambios de administración que habían conservado y ampliado el propósito de garantizar atención médica a toda la población mexicana sin seguridad social. Para el año 2015, sólo el 14 por ciento de los habitantes no contaba con protección para su salud, comparado con los 56 millones que tenían seguro popular y los más de 42 millones de derechohabientes del IMSS y del ISSSTE.

Ocho millones tenían seguros privados de salud. Aun cuando existían problemas en los diferentes ritmos de operación en los estados, unos más rápidos y en forma más organizada que otros, había diferencias en la calidad de los servicios y se mantenía aún la segmentación entre las instituciones de seguridad social y las de la Secretaría de Salud, pero también había casos específicos y documentados de actos de corrupción que no habían sido sancionados con la energía y oportunidad necesarias, según el gobierno morenista.

Al inicio de la actual administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió poner fin al Seguro Popular con el argumento de que ni era seguro ni era popular, por lo que decidió sustituirlo por un modelo centralizador en el Gobierno federal, tal como sucedía en la década de 1970. 

López Obrador no solo se limitó a decir, en pocas palabras, que el Seguro Popular no servía, sino que en enero de 2020 aseguró que los mexicanos aspirarían con las políticas y reestructuraciones de la Cuarta Transformación a tener un sistema de salud igual al de Dinamarca, para diciembre del mismo año.

A esto hay que añadir, que la pandemia aceleró todos los problemas que se habían originado en la posición inicial de López Obrador, que arremetió contra las distribuidoras y productoras de medicamentos al acusarlas de múltiples delitos que nunca comprobó. Echó a andar al INSABI justo cuando la pandemia por la covid-19 había brotado en el continente asiático y que 60 días más tarde llegó al país.

En la nueva división de funciones anunciada recientemente, el INSABI se queda con la compra de medicamentos y el IMSS, con la responsabilidad de todo lo demás, es decir, infraestructura hospitalaria, contrataciones de personal médico y de enfermería, etcétera. 

El IMSS-Bienestar opera en 19 estados de la república, con más de 26 mil trabajadores entre médicos, enfermeras, paramédicos y administrativos; cuenta con un total de 4 mil 86 unidades médicas de las cuales, 80 son hospitales rurales de segundo nivel, 3 mil 618 Unidades Médicas Rurales, 15 Unidades Médicas Urbanas, 143 Unidades Médicas Móviles, 46 Centros de Atención Rural Obstétrica y 184 Brigadas de salud. Además, cuenta con 70 albergues comunitarios en donde se alojan a familiares de pacientes de escasos recursos. 

López Obrador anunció que los primeros ensayos comenzarían en Nayarit, a partir del primero de abril.  Aquí hay que añadir que, como su antecesor, la expansión de las capacidades del INSABI adolece de las mismas carencias que el anterior y con ciertos agravantes; por un lado, no cuenta con reglas de operación claras y coordinación con los estados y sin la partida con el monto necesario para llevar a cabo el programa aprobado por la Cámara de Diputados  y, por el otro lado, que  no atenderá enfermedades de tercer nivel, como cáncer, VIH o diabetes, cuando precisamente son las más difíciles de costear y las que más ocupa atender la población.

Este burocratismo e improvisaciones que resaltan a la luz, son el signo más claro de que el Gobierno federal ya no sabe qué hacer con el INSABI. Dejarlo como un gran comprador de medicamentos ni siquiera garantiza que podrá cumplir su cometido, menos financiar una gigantesca estructura como la que permitía operar al Seguro Popular. Y el IMSS, tal como está, tampoco puede atender a los 60 millones de personas sin seguridad social.  

Este desastre sigue cobrando vidas en todo el país, especialmente de los más vulnerables, esos que no tenemos opción más que el hospital o la clínica del sector público. Hasta aquí no se nos dice, además de esta medida fallida ¿Cuándo tendremos los mexicanos un sistema igual al de Dinamarca?

La sola centralización del programa no resuelve el problema de la atención a la salud, por el contrario, la complica, pues si no se resuelven, en primer lugar, el aumento del gasto público (que es el más bajo de la OCDE) o se invierte en infraestructura de hospitales y clínicas, sino se resuelve la logística de los medicamentos o contratación de personal médico, esto no tiene sentido. 

Se trata entonces de un engaño más, que sale a la luz, de la política errada de la 4T que, bajo el combate a la corrupción toma malas medidas e ignora cómo funciona la realidad económica y social del país que dirige.

Sobra pues decir que los mexicanos seguimos siendo engañados por la 4T. Que la promesa de tener acceso a servicios de salud al nivel de Dinamarca se ha hecho polvo, y que las cifras de los mexicanos que carecen de ello rebasará a los 35.7 millones, de los cuales, más de alguno que lee este escrito somos parte.

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