La mañana del 16 de marzo del 2017, un brillante y tranquilo amanecer cobijaba los techos de cartón y madera rustica de las familias humildes de "El Fortín", en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez.
Pero la tranquilidad fue interrumpida a eso de las nueve de la mañana, cuando más de 200 elementos fuertemente armados de la policía municipal, estatal, ministerial y federal ministerial, arribaron a la colonia para dejar a 82 familias pobres sin un hogar dónde vivir.Cumplimentaban un amparo de desalojo, dijeron.
La víspera, más de 500 colonos antorchistas habían marchado por las principales calles de Cancún, con el fin de pedir la intervención del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, para que legalizara su situación de vivienda, pues ya entonces temían ser desalojados.
Ese día, el secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Mauricio Rodríguez Marrufo, y la dirigencia municipal del Movimiento Antorchista, acordaron que se reunirían con los propietarios de los predios donde estaban asentadas estas familias, para buscar acuerdos de compra venta o, en su defecto, buscar una alternativa de reubicación si los propietarios no accedían al acuerdo.
Pero pudo más la soberbia agresión, que el diálogo y los razonamientos."Salgan, tienen cuatro horas o vamos a tumbar sus casas", fueron las expresiones de los azulados verdugos que veían con orden de arrasar todo a su paso.La impotencia de los humildes afectados, de los reprimidos y marginados de siempre, se expresaban en su semblante lloroso; no les quedaba más que acatar la ordenanza.
Los minutos seguían su marcha y todo se tornaba desesperante, el calor era insoportable, los ánimos empezaban a subir de tono.Las cuatro horas no eran suficientes para que los habitantes de El Fortín sacaran sus humildes pertenencias.
"Necesitamos mínimo cuatro semanas, ¿por qué apenas hoy nos vienen a decir que nos vayamos? ¿A dónde vamos ir con nuestros niños y lo poco que tenemos?".Fue el reclamo de algunas amas de casa quienes, exasperadas por la evidente presión y amenaza, gritaban a los uniformados.Obviamente las preguntas quedaron sin respuesta.
Los agentes de las corporaciones policiacas y las autoridades civiles presentes, presionaban por igual a hombres, mujeres, jóvenes, niños pequeños, madres con sus bebés en brazos, repetían una y otra vez que no permitirían que se llevaran más de cuatro horas en retirarse del terreno, o de lo contrario empezarían a destrozar las frágiles palapas.
La encomienda resultaba imposible; mientras unos se dedicaban a sacar sus colchones con ayuda de los vecinos, otros empacaban la cocina que todavía no han terminado de pagar, la cama que les llevó uno o dos años adquirir, trastes con comida, ropa en bolsas, mesas, sillas, juguetes de segunda mano y roperos que utilizaron para guardar electrodomésticos.Los que pudieron, buscaron una alternativa de asilo, pero la mayoría quedó a la buena de Dios.
El escenario se convirtió en un ir y venir de gentes que trataban de rescatar lo que podían, entraban a sus hogares con las manos vacías y salían con ollas, canastas, galones de agua, retratos, mangueras, láminas y algunos otros enseres domésticos.
Y mientras esto ocurría, la trágica escena era disfrutada por los dueños del terreno, quienes, a distancia, observaban sin inmutarse el ajetreo de las personas, sus quejas y lamentaciones.No hace mucho que ambos, dueños y colonos, mantuvieron un acuerdo de compra venta, lotificaron la zona y llegaron las familias a instalarse; en ese momento no había soberbia y violencia, ni preocupación y desconcierto, entre ambas partes solo había confianza y buenos tratos.De eso han pasado ya 10 años.
Ahora, los colonos miran a sus contratistas con desprecio y rencor, porque se dan cuenta, según sus propias palabras, de que su intensión nunca fue ayudarlos a salir de su hambre y su dolor; por el contrario, sólo hubo burla y cinismo.
Pero a los aún dueños del terreno donde se asienta El Fortín no les importó la forma en que los miraron sus detractores.Con esquizofrénico júbilo observaron cómo las máquinas se llevaron esfuerzo, sudor y trabajo de 10 años entre sus tentáculos de acero.Al término de día, ya no había hogares, aquellas bestias metálicas habían dejado errantes y sin abrigo a niños, mujeres, hombres y ancianos.
"Sentí un dolor muy profundo al ver cómo muchos de mis vecinos eran desalojados por policías municipales, estatales y ministeriales.Sentí una gran impotencia al no poder hacer nada, de ver los niños cómo sufrían, a las personas de la tercera edad cómo pedían auxilio, porque no sabían dónde pasar la noche con este frío.Es la primera vez que siento esto", dijo doña Lilia Loria Tun, una de las afectadas por el desalojo.
Doña Lilia relata su experiencia y no puede contener el llanto, reflejo de su profundo dolor.Tarda unos minutos, pero al final se repone y continúa: "No era la manera de sacarnos de nuestras casas, con esta violencia tan brutal, somos seres humanos y tenemos derecho a una vivienda digna y decorosa.Me dolió demasiado ver toda la injusticia que hoy se cometió contra nosotros, pues no había razón para ser tratados de esta manera.Es cierto que estábamos en un pleito legal y que desgraciadamente perdimos, pero hay otras maneras de solucionar este tipo de situaciones".
Caída la tarde cuando los ejecutores, ya envalentonados, comenzaron a incendiar las construcciones para que el fuego arrasara con lo poco que las máquinas habían dejado.Las fuerzas públicas, por su parte, detonaron sus armas, sin importarles que esto desencadenara pánico y crisis nerviosa en varias mujeres y niños.No hubo poder humano que los frenara.
El jueves 16 de marzo de 2017, 82 familias perdieron todo, menos la dignidad.Se prometieron y anunciaron a la opinión pública que el hecho no quedaría impune y que se manifestarían lo que fuera necesario para lograr una vivienda digna y decorosa, tal como reza el Artículo Cuarto de nuestra Constitución.
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