En fechas recientes hemos visto en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) varias manifestaciones de grupos sociales que buscan un patrimonio sólido, a través de créditos otorgados por este instituto, específicamente una vivienda que les permita tener un patrimonio propio para sus familias.
En un estudio publicado por la UNAM, Rosalba González Loyde, maestra en Desarrollo Urbano y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios, dice que “esta ciudad vive un déficit habitacional”, pero paradójicamente vemos construcciones por todos lados, pero a precios inaccesibles para la clase trabajadora. En la Ciudad de México es prácticamente imposible adquirir una casa bajo esas condiciones.
En ese contexto, es común ver en una casa a familias hacinadas donde viven no solo los integrantes de una primera generación, sino que en esos pequeños cuartos de tres por tres cohabitan varias familias, resultado de que los hijos ya se casaron, ya procrearon y no tienen
los medios para independizarse de la casa paterna. En los últimos dos años el hacinamiento fue uno de los factores que agravó la pandemia de covid-19, pues un familiar contagiado, inevitablemente se convirtió en un agente de contagio para todos, el resultado lo sabemos, miles de decesos incluidas familias enteras murieron.
Comúnmente estas casas de hacinamiento se encuentran alejadas del centro de la ciudad, lo que genera problemas adicionales porque muchos trabajadores que viven en esa periferia necesitan trasladarse a laborar al centro de la ciudad expuestos a más problemas de tráfico, de movilidad y también de falta de agua potable, como ocurre actualmente en varias alcaldías de esta ciudad. La gente tiene la necesidad de gastar más dinero y va perdiendo su calidad de vida.
La Constitución Política de México consagra como una garantía individual, y por tanto un derecho humano, el acceso a una vivienda digna, pero el gobierno morenista de Claudia Sheinbaum y el Gobierno Federal no han instrumentado ningún cambio en esas políticas que permitan la construcción de casas de interés social, accesibles para miles de familias que las necesitan.
Por ello, es necesario y plenamente legal la exigencia de los diversos sectores de la población para que el gobierno de Claudia Sheinbaum destine recursos suficientes para invertir en la construcción de viviendas de interés social en la Ciudad de México; de lo contrario seguirá condenando a miles de familias a vivir hacinadas y en malas condiciones, mostrando con ello su indiferencia y desprecio a los más desprotegidos.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario