MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Corrupción y complicidad del Gobierno en el caso Zambada

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Tremendo enredo se ha creado en México a raíz de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, ocurrida el 25 de julio pasado.

El Gobierno, después de tres semanas, no sabe bien a bien lo que pasó, mientras los medios de comunicación dan a conocer versiones que evidencian ineficacia e ineptitud de las autoridades encargadas de la seguridad pública.

La descomposición del ambiente social por la venta, trasiego y consumo de drogas refleja la complicidad de servidores públicos que, con la aprobación de gobernantes corruptos, prolongan su poder económico y político.

Lo único que el presidente Andrés Manuel López Obrador sabe con exactitud es que los presuntos narcotraficantes están presos en cárceles del estado de Texas.

Según las primeras versiones de los medios informativos, los narcotraficantes fueron detenidos en un aeropuerto ubicado en las afueras de El Paso, como consecuencia de una entrega voluntaria al Gobierno de los Estados Unidos, en un avión que despegó de Hermosillo, Sonora, sin tomar en cuenta al Gobierno de México, lo que mantiene en zozobra a López Obrador y su gabinete de seguridad.

Conforme avanzan los días, se especula también que la detención no fue por entrega voluntaria, sino una traición de Guzmán López al Mayo Zambada, al acudir a una reunión en el rancho Huertas del Pedregal, ubicado en las afueras de Culiacán, Sinaloa.

En esa reunión también participarían Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), exalcalde de Culiacán, exdiputado local, excandidato a gobernador y exsecretario de Salud hasta 2022, y el gobernador del estado, el morenista Rubén Rocha Moya.

Se dice que la detención y la aeronave en que los trasladaron a Texas partieron de ahí y no de Hermosillo, como informó la secretaria de Protección Ciudadana del Gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez.

Entre otros datos reveladores, se sabe que el objetivo de la reunión era acordar políticamente quién se quedaría con el control de la UAS, si Cuén Ojeda o el grupo del gobernador Rocha, y que uno de los elementos de seguridad personal del Mayo Zambada era José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial en ese estado.

No se trata de desenredar la maraña de cómo funciona el narcotráfico; esa es tarea de los equipos de “inteligencia” del Estado para mantener el orden, la paz y la seguridad de los mexicanos.

Me interesa destacar la descomposición del ambiente social por la venta, trasiego y consumo de drogas, sobre todo en los jóvenes, y la guerra entre grupos delincuenciales que se disputan el mercado, en la que están involucrados servidores públicos con la complacencia y aprobación de gobernantes corruptos e hipócritas para mantener y prolongar su poder económico y político.

¿Por qué el Gobierno de los Estados Unidos actuó sigilosamente impidiendo que el Gobierno mexicano se enterara de esta acción? ¿El comandante Heras López era el único elemento de la corporación estatal involucrado en el grupo de El Mayo Zambada?

¿En serio el gobernador Rocha no estaba enterado de que uno de los altos mandos de la Policía Estatal, con más de 20 años en la corporación, era elemento de seguridad del Mayo?

¿Cuáles son los resultados de la investigación sobre la desaparición de los escoltas del Mayo Zambada y del sospechoso asesinato de Cuén Ojeda en una gasolinera, lo que desmiente el propio Zambada en una carta?

¿Cómo se explica el espaldarazo de AMLO y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al visitar Sinaloa quince días después de los graves acontecimientos y el mismo día en que se publicó la carta del Mayo Zambada, que involucra directamente al gobernador Rocha Moya?

Muchas son las preguntas que tienen que responder López Obrador y el gobernador de Sinaloa. Este último, como consta en una entrevista que le hizo Carlos Loret de Mola cuando buscaba la gubernatura del estado, acepta abiertamente la necesidad de negociar con el narco.

“Yo creo que hay que pactar con el cártel de Sinaloa; hay que poner condiciones muy severas. A pesar de que el narcotráfico es un delito federal que debe perseguir la Federación, el estado tiene mucho que aportar al respecto”, dijo.

Y agregó: “La droga circula más en Estados Unidos y, por ello, hay que buscar la forma de coordinarse con los presuntos criminales. Los Gobiernos, en general, niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes; sin embargo, hay una cosa: los contactos se hacen por personeros del Gobierno con el narcotráfico”.

¿Alguna duda de si el narcotráfico influyó en las elecciones de 2021 y 2024 y está incrustado en el Gobierno? Son sus palabras.

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