MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Corrupción de la 4T

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A pesar de que Andrés Manuel López Obrador haya utilizado el tema de la corrupción como su eslogan de campaña, diciendo que en su gobierno se acabaría con este comportamiento. A casi la mitad de su sexenio hay muchas evidencias de que la corrupción sigue predominando en la política mexicana, en concreto, ahora se reflejan actos de corrupción en la distribución de las becas “Benito Juárez”. Desde el 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que hubo irregularidades en pagos por 263 millones 695 mil pesos. Lo que señaló puntualmente la Auditoría fue que no se cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicadas a la materia. No se aclara un monto de casi el 20% del presupuesto ejecutado para estas becas. Dichas irregularidades radican en una falta de documentación que justifique los pagos. 355 de los denominados “servidores de la nación” recibieron 17 millones de pesos a pesar de estar cobrando por partida doble, por medio de la Secretaría del Bienestar y como prestadores de servicios de este programa de becas. Otra irregularidad es que los censos que se realizaron no ofrecen una información verídica; es decir, que están alterados o que no son claros. 

En 2020 se efectuó la Auditoría por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien también señaló que se carece de información verídica que sustente de qué manera se distribuyó el presupuesto de 7 mil 776 millones de pesos para el 2020. Dicha Auditoría sostiene en específico 3 irregularidades. La primera consiste en que hay una serie de inconsistencias en el proceso de selección de los beneficiarios, es decir, que algunos pueden recibir más becas y otro ningún tipo de beca. Sin duda, este es un acto de corrupción, porque a todas luces se puede apreciar que los Servidores de la Nación son los que tienen las facultades de cometer dichas irregularidades, por lo tanto, están cometiendo actos de corrupción y se les debería de castigar, si tuviéramos a un presidente congruente. La segunda irregularidad radica en los gastos de operación ya que en un primer momento se mencionaba que había 300 mil beneficiarios, pero había información de que eran 309 mil becarios. Esto refleja que para la realización de este ejercicio hubo fallas en la planeación, operación, supervisión, seguimiento, atención y evaluación en la distribución de las becas Benito Juárez. Y la tercera irregularidad, fue la falta de información de la notificación y difusión de los resultados de las becas y en la entrega de las mismas. 

Estos datos demuestran que los encargados del programa “Servidores de la Nación” no son unas blancas palomitas, y que, por el contrario, están haciendo actos de corrupción, los cuales deberían ser castigados por AMLO. Además de dichas irregularidades, hay una terrible injusticia en el reparto equitativo de dichas becas, pues no todos los que estudian en el nivel medio superior gozan de las mismas condiciones materiales, hay muchos matices que se deben de aclarar, por ejemplo, no tiene el mismo nivel socioeconómico un alumno que estudie en un Colegio de Bachilleres a otro que lo haga en un Conalep o en alguna preparatoria privada. Además de especificar la regionalización de estos centros de estudio. Se quiere homogenizar algo que no es posible de hacer, es decir, falta una planeación acertada para la cobertura de dichas becas. 

Sin duda, se le debe dar prioridad a los alumnos que están en situación de pobreza, porque son los que más lo necesitan, sin embargo, es terrible la situación que se vive en el país ya que está demostrado que los encargados de “servidores de la nación” han caído en actos de corrupción. Pero, ¿qué se puede esperar de un presidente que no mide con la misma vara? Por un lado, dice que en su gobierno se acabará con la corrupción, pero quienes son sus repartidores de sus programas sociales se han convertido en los intermediarios que lucran con las becas. Aquellos jóvenes que no han recibido su apoyo están en su legítimo derecho de alzar la voz, organizarse y exigir que se dé a conocer a donde va a parar ese recurso económico, de no ser así, dichos intermediarios seguir gozando de cabal salud sin conocer el castigo por el delito cometido. 

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