Como ya lo hemos denunciado en otras ocasiones, durante los últimos cinco años en Veracruz las leyes y las instituciones encargadas de impartir justicia han sido utilizadas sistemáticamente para perseguir y reprimir a los críticos y opositores del gobierno morenista que encabeza Cuitláhuac García Jiménez. Los antorchistas nos encontramos entre las principales víctimas de estas acciones persecutorias e intimidatorias, prácticamente desde que inició la administración morenista.
En esta ocasión quisiera denunciar el hecho de que en las últimas semanas diversos activistas de nuestra organización han recibido sendos citatorios de la Fiscalía General del Estado o de los juzgados locales para presentarse a comparecer ante estas dependencias, pues existen investigaciones judiciales en su contra.
Consideramos, con fundamentos, que se trata de una nueva andanada intimidatoria en contra del antorchismo veracruzano como respuesta a la multitudinaria manifestación pública que más de 3 mil antorchistas de todo el estado realizamos el pasado 19 de septiembre.
Ahí demandamos obras y servicios para cientos de colonias y comunidades marginadas, exigiendo que el dinero público deje de utilizarse ilegalmente para costear las campañas anticipadas de Morena en todo el país y mejor se use para atender las necesidades de los veracruzanos más humildes.
En aquella ocasión, como lo informamos, ningún funcionario del Palacio de Gobierno en Xalapa tuvo la consideración de atender a las comisiones de veracruzanos que viajaron desde distintas partes del estado para solicitar la intervención del gobernador Cuitláhuac García en la solución de sus asuntos; sin embargo, lo que sí pasó es que casi de forma inmediata y en el transcurrir de las siguientes semanas comenzaron a llegar las notificaciones judiciales contra nuestros compañeros.
Apenas un par de días después de la marcha antorchista, la contadora Blanca Elox Flores, subdirectora administrativa del Instituto Deportivo “Salvador Díaz Mirón”, fue citada a comparecer ante la Fiscalía del Estado “con motivo de una denuncia interpuesta en su contra por el Ayuntamiento de Soteapan”.
Respetuosa de las instituciones, nuestra compañera compareció ante la Fiscalía estatal el 28 de septiembre para informarse de los cargos en su contra. Ahí se le explicó que era acusada de malos manejos financieros durante el brevísimo tiempo en el que fungió como tesorera del Ayuntamiento de Soteapan, cargo al que renunció el 4 de mayo de 2022 (fungió apenas cuatro meses) precisamente por no estar de acuerdo con algunas malas acciones de los ediles de este municipio.
Evidentemente, no hay ningún delito que perseguir, porque tras su renuncia la contadora Blanca Elox entregó cuentas claras y en orden y cada una de las acciones que realizó como funcionaria pública contaron con la vigilancia y la autorización del cabildo, el presidente municipal y la contraloría del ayuntamiento, tal como lo demuestra la documentación que presentaremos en el momento conducente para probar que no existió ningún mal manejo durante su administración y de haber irregularidades, muy probablemente se cometieron después de su renuncia al cargo. No obstante, y, a pesar de lo endeble y poco coherente de las acusaciones, la Fiscalía decidió dar curso a la denuncia porque claramente hubo una orden tras este hecho.
Posteriormente, el pasado 3 de octubre, el licenciado Miguel Bastián Sierra, dirigente de los antorchistas en San Rafael, fue citado a una audiencia de imputación y vinculación a proceso en el Juzgado Penal de Primera Instancia con sede en Pacho Viejo, Coatepec, acusado de cometer despojo contra un particular hace más de cinco años.
Es importante acotar aquí que desde mayo de 2022 la defensa había demostrado ante el Juzgado Penal la inocencia de nuestro compañero y que la carpeta de investigación era un armatoste que buscaba incriminarlo en un delito que no cometió.
Los antorchistas nos encontramos entre las principales víctimas de acciones persecutorias e intimidatorias, prácticamente desde que inició la administración morenista de Cuitláhuac García.
Desde aquel entonces, la juez del caso había resuelto la inocencia de nuestro compañero; sin embargo, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia, concretamente la magistrada Ailett García Cayetano, prima del gobernador, decidió echar abajo la sentencia del juzgado de primera instancia alegando errores de forma en el procedimiento, por lo que pidió reponerlo; una verdadera barbaridad. Y ni siquiera se preocupa por esconder el carácter represivo de la maniobra legaloide.
La audiencia que Miguel Bastian tenía para el 3 de octubre fue reprogramada a petición de la fiscal que lleva la parte acusatoria, pues alegó falta de tiempo; sin embargo, es claro que no existen elementos para vincular al dirigente antorchista a ningún delito. Simplemente se trata de la persecución y la intimidación del brazo represor de Cuitláhuac García. Aquí también nos defenderemos con todas las herramientas legales a nuestro alcance.
Un tercer caso. El 11 de octubre, dos actuarios de la Fiscalía estatal se presentaron en la colonia antorchista 2 de marzo de Coatepec, en busca de dos activistas antorchistas: Fabián Cano García y Mercedes Muñoz Trujillo, ninguno de los cuales se encontraba porque realizaban sus tareas. Sin embargo, a la hija de la segunda, le dejaron un citatorio indicando que Mercedes Muñoz debía presentarse ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los animales el 18 de octubre.
El mismo 11 de octubre por la tarde, policías ministeriales se apersonaron en la colonia 6 de junio en Xalapa en el antiguo domicilio de Fabián Cano, buscándolo con una actitud verdaderamente prepotente e intimidando a nuestros compañeros colonos, haciendo gala de prepotencia y demostración excesiva e injustificada de la fuerza.
Nuestra compañera Mercedes ya compareció ante la Fiscalía y le informaron que se le investiga por supuestas acciones en contra del medio ambiente en la colonia. Tampoco en este caso hay verdadero delito que perseguir, las acusaciones existen desde hace varios años y recién ahora se activó esta carpeta de investigación. También en este caso se nota claramente que se está utilizando a la Fiscalía para perseguir a nuestros compañeros.
Conviene recordar que tanto Mercedes como Fabián han venido encabezando a los antorchistas coatepecanos en su lucha frente al retrógrada gobierno municipal de Coatepec, que se niega a dotar de servicios básicos a la colonia 2 de marzo, alegando su carácter “irregular”.
Una vez incluso el alcalde Raymundo Andrade, títere del exsecretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, se presentó a la colonia con patrullas amenazando a nuestros compañeros con desalojarnos y por esta forma torpe de proceder fue corrido por la gente. Tampoco debemos olvidar que este alcalde una vez ordenó encarcelar a Fabian Cano por defender la lucha de nuestros compañeros comerciantes.
En todos estos casos se demuestra que los antorchistas estamos ante una nueva ola persecutoria del gobierno de Cuitláhuac García, que se niega a resolver los problemas de la gente y se lanza rabiosamente contra dirigentes legítimos.
Vamos a defender a cada uno de nuestros compañeros acusados por la vía judicial pero, de ser necesario, nuevamente saldremos a las calles para denunciar y frenar el carácter tiránico de este gobierno. No nos callarán ni nos amedrentarán: la verdad histórica está de nuestro lado.
Hay que estar muy atentos compañeros antorchistas de todo el estado para cualquier acción que necesitemos emprender.
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