Es preocupante observar un México donde pese a los abundantes recursos naturales y la enorme riqueza que se produce con la fuerza de miles de trabajadores, la inmensa mayoría de los mexicanos vivamos en la pobreza. Para justificar esta situación inequitativa, el Estado pretende hacernos creer que somos un país pobre, donde se culpa de esta problemática a gobiernos pasados para que los grandes magnates como Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego puedan seguir acrecentando sus fortunas a costa de pagar bajos salarios a millones de trabajadores.
En este sentido, somos el cuarto país con más desarrollo económico de América Latina, y el cuarto en Producto Interno Bruto (PIB) más alto de la región, pero diametralmente opuesto, porque tenemos el peor salario promedio de los trabajadores, comparable con el de las naciones más pobres del mundo, lo anterior de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al respecto, cabe resaltar que a 52 millones de trabajadores su salario no les alcanza para comprar si quiera la canasta básica, sin olvidar que hay otros 2.5 millones de desempleados sin un salario. Por tal motivo, es contradictorio, que la riqueza mundial se haya triplicado, pasando de 440 billones de dólares en el año 2000 a mil 540 billones de dólares en 2020 y que México sea el décimo país más rico en el mundo. Es alarmante que anteriormente México nunca había sido tan rico y sin embargo, a la mayoría del pueblo mexicano no nos alcanza para adquirir lo más esencial de la canasta básica.
También, es agravante que los precios de los alimentos se han ido por las nubes, la tortilla ha subido (hasta 23 pesos en algunas ciudades), el aceite, el jitomate, etc.; también la gasolina, el gas (528 pesos el cilindro de 20 kg) y la electricidad (según el Inegi, subió 24 por ciento más, en la primera quincena de noviembre). Y si alguien cree que, al subir la tortilla, los campesinos que siembran el maíz ahora son ricos, están equivocados; al pequeño productor de maíz le siguen pagando seis miserables pesos por kg o menos. Y si al bajo precio le sumamos que ya no recibe fertilizante ni apoyos productivos, vemos entonces que el campesino está prácticamente en quiebra. Si el campesino está en quiebra y no es apoyado por el Gobierno, no hay producción de alimentos baratos y entonces sufre no sólo el campo, sino la ciudad, porque tiene que pagar más por sus alimentos.
Una prueba fehaciente que las políticas públicas implementadas por el actual Gobierno federal son erróneas, es el incremento de precios. Ante el contundente fracaso de Andres Manuel López Obrador para combatir la pobreza, éste justifica su incapacidad y escasos resultados, criminalizando a las organizaciones para no dar apoyos a los pobres del campo y tampoco a los de la ciudad.
Hasta aquí, es importante señalar que abordamos dos aspectos económicos que son tarea del Gobierno, cuidar las variables macroeconómicas para que el PIB crezca, es decir, se siga generando riqueza, crear impuestos y programar el gasto del Gobierno, proteger la balanza comercial (exportaciones e importaciones), se produzcan más y mejores empleos, se cuide el alza de los precios, se desarrollen planes, programas y estrategias a nivel general y por tanto se produzca bienestar para la sociedad.
El otro aspecto es la microeconomía, ésta se encarga de estudiar el comportamiento a nivel individual, analizando empresas, individuos, inversores, el empleo, mercados concretos de productos y servicios, etc. Pero que también son tarea desconocida del pueblo. Conociendo esto, es forzoso voltear a ver lo que están haciendo los funcionarios que elegimos con nuestro voto. El Ejecutivo y Legislativo están distribuyendo el recurso público en áreas que no contribuyen a eliminar la pobreza.
Al respecto, podemos observar que se aprobó el PEF 2022 (Presupuesto de Egresos de la Federación 2022), por la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, burlándose de las necesidades sociales de pueblos y colonias. No habrá, otra vez, recursos para infraestructura, no habrá apoyos productivos y no habrá recursos ni para vivienda, educación y salud, y si los yucatecos no exigimos al mandatario estatal, Mauricio Vila Dosal, el Congreso Estatal aprobará un presupuesto que no atenderá las necesidades sociales, ya que al igual que en la República, en Yucatán, el partido en el poder tiene mayoría de diputados y por tanto el Proyecto de Ingresos y Egresos del Gobierno de Yucatán para el 2022, será aprobado sin modificaciones, tal como se presentó. Tanto Morena en el país, como el PAN en Yucatán, no tendrán problemas para aprobar y ejecutar el presupuesto 2022.
El problema a entender es que los recursos públicos no se orientan a mejorar las condiciones de vida de los yucatecos. Nuestro Estado tendrá 22 mil 398.4 millones de pesos en Ingresos de Libre Disposición y 20 mil 237 millones en Ingresos Etiquetados, conceptos que suman 42 mil 635 millones. Somos una de las entidades del país más golpeados por la pandemia y por la crisis económica; aumentaron en 164 mil los nuevos pobres y el Gobierno insiste en abandonar a su suerte a los que menos tienen. Se habla de austeridad republicana y disciplina fiscal, pero los más humildes somos los que más impuestos pagamos y menos beneficios recibimos.
Por otra parte, cuando se levanta la mano para votar en el Congreso, para emitir el voto y acordar el Gasto Público, se debe pensar en los representados de cada diputado, en las necesidades más urgentes del pueblo que les dio la oportunidad de ir al Congreso a defenderlos; nosotros los antorchistas en múltiples ocasiones y de muchas formas hemos denunciado la falta de compromiso del Poder Ejecutivo y ahora también del Poder Legislativo, con los más pobres de Yucatán.
Desde el inicio de la administración de Vila Dosal solicitamos apoyo de vivienda, regularización de colonias populares en los municipios de Mérida, Kanasín y Tizimín, oficialización de la escuela preparatoria de nueva creación “Felipe Carrillo Puerto” en el municipio de Kanasín, electrificaciones, aguas potables, drenaje sanitario, pavimentaciones de calles, caminos saca cosechas, insumos agrícolas y apícolas, apoyo a artesanos, despensas, apoyos para varios albergues estudiantiles, entre las más importantes; sin que hasta el momento hayan sido considerados por el Gobierno para su atención.
Denunciamos el mal uso de la política de austeridad del gobernador Vila Dosal, pues a los pobres siempre nos han mantenido en austeridad, republicana o no, nunca asignan recursos para abatir la pobreza y falta de infraestructura de desarrollo; nos mantienen marginados de los recursos públicos, es tiempo de equilibrar el presupuesto, de reducir la brecha de desigualdad social. Es tiempo de que la riqueza generada en el país y en Yucatán también, salpique a los más pobres, a quienes la producen. No habría problema de precios altos si los salarios fueran altos también, está bien que a los altos funcionarios no se les aumenten el salario, pero sería mejor si autorizan un incremento real al salario del trabajador común y mucho mejor si a quien, golpeado por la pandemia y la crisis económica, le otorgaran un apoyo de emergencia por falta de empleo. Es tiempo de que se respete la voluntad del pueblo y no de que se le reprima criminalizando los esfuerzos legales y correctos de organizarse y reclamar participación del Gasto Público del Estado de Yucatán.
Exigimos a los diputados del Congreso del Estado brinde atención a los reclamos justos del pueblo organizado, que atienda su necesidad y también a su legal derecho a ser escuchados y sobre todo resuelva sus demandas, y por eso pedimos que sean incluidas en el Presupuesto de Egresos 2022, los antorchistas seguiremos nuestra lucha hasta lograr ver resueltas nuestras necesidades. Esperamos que los diputados del “pueblo” le cumplan a sus representados.
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