Un año ha pasado desde de los asesinatos más atroces que ha sufrido el Movimiento Antorchista en el estado de Guerrero, ocurridos el 12 de abril de 2023.
Los dirigentes antorchistas Conrado Hernández Domínguez y Mercedes Martínez Martínez, junto con el hijo de ambos, de seis años de edad, fueron asesinados en un paraje de la carretera federal México-Acapulco, a la altura de la comunidad Agua de Obispo, muy cerca de Chilpancingo, Guerrero. Sin embargo, no hay resultado alguno de las investigaciones que presuntamente llevan a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
El domingo 14 de abril concluye la jornada nacional de lucha con una marcha en la que participarán más de dos mil antorchistas, misma que partirá de la plazoleta “Unidos por Guerrero”.
Hace exactamente un año, medios de comunicación locales informaban de un accidente automovilístico en el que habían fallecido tres personas, tras caer el vehículo a un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad. Los reporteros de nota roja que llegaron al sitio del percance, señalaron que el vehículo no presentaba daños en los costados, en el techo, es más, no tenía ni siquiera los vidrios rotos y sus ocupantes estaban todos (los tres) en el asiento trasero.
Conforme pasaban las horas, la noticia pasó de accidente a brutal crimen de los compañeros antorchistas y su hijo, los resultados de las autopsias realizadas fueron certeros: los dos adultos fueron asesinados a golpes y el pequeño fue estrangulado.
El aberrante crimen causó dolor, pero también indignación y rabia por su crueldad. Los cuerpos fueron velados en las oficinas del Movimiento Antorchista ubicadas en la avenida Juan Álvarez número 82, lugar al que llegaron colonos, estudiantes, campesinos y sociedad en general a brindar el pésame y unirse a la exigencia de justicia, que aún no llega, comenzando así un espinoso camino en la búsqueda de justicia.
El jueves 25 de mayo, de manera enérgica pero respetuosa, antorchistas de Guerrero y otras entidades del país acudieron al Palacio Nacional en busca de diálogo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para explicarle el problema y solicitar su intervención para lograr justicia, que implica una investigación seria y urgente sobre las causas de los crímenes, encontrar y encarcelar a los sicarios.
El 6 de junio del año pasado, miles de antorchistas de diversos estados del país se solidarizaron con sus hermanos de Guerrero y marcharon del monumento a Las Banderas al zócalo de Chilpancingo para exigir justicia; la FGE y las autoridades estatales se comprometieron a resolver este asunto.
En este lapso, el Movimiento Antorchista ha solicitado a las autoridades correspondientes, de manera constante y pacífica, avances del caso que conmocionó al país, sin ningún resultado positivo; también se ha denunciado el caso en radiodifusoras locales y se han realizado pintas en lugares estratégicos de las ciudades más importantes de la entidad.
Ante la indolencia de las autoridades para atender estos brutales crímenes, el pasado miércoles 10 de abril, el Movimiento Antorchista anunció una jornada nacional de lucha que inició con una conferencia de prensa simultánea en las principales ciudades del país, con el fin de denunciar la inacción de las autoridades y castigo a los culpables.
Este viernes 12 de abril, una comisión de antorchistas protestó en el Palacio Nacional de la CDMX durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador mientras otros integrantes de la organización realizaban cadenas humanas en varias ciudades de Guerrero y del país para que los crímenes no queden impunes.
El domingo 14 de abril concluye la jornada nacional de lucha con una marcha en la que participarán más de dos mil antorchistas, misma que partirá de la plazoleta “Unidos por Guerrero” y culminará con un mitin de protesta y un evento cultural en la plaza cívica “Primer Congreso de Anáhuac” en Chilpancingo.
La titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez; la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, manifestaron en su momento su solidaridad ante estos crímenes, pero para hacer justicia, además de empatía, se necesita detener a quienes ordenaron y ejecutaron las muertes, y eso no ha ocurrido, por tanto, nuestro clamor de justicia continúa y continuará hasta que los asesinos estén en la cárcel.
¡Por nuestros compañeros caídos, ni un paso atrás!
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