La inseguridad en Puebla pasó de ser una preocupación a convertirse en una emergencia. A pesar del discurso oficial que insiste en matizar la gravedad de la situación, los datos son contundentes y no admiten eufemismos: vivimos en un estado donde la violencia se ha exacerbado y las autoridades han optado por polarizarla en lugar de enfrentarla.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada en marzo de 2025, el 74.5 % de los habitantes de la capital poblana considera que vivir en Puebla es inseguro.
Las y los poblanos merecen un gobierno que enfrente la inseguridad con políticas públicas eficaces, no con discursos complacientes ni campañas de relaciones públicas.
Este porcentaje no sólo está por encima de la media nacional (61.9 %), sino que también revela una constancia alarmante: desde 2018, la percepción de inseguridad no ha bajado del 74 %.
Además, en 2024, Puebla cerró con 903 homicidios —un aumento del 13 % respecto al año anterior—. A eso se suman más de 80 mil delitos denunciados en el estado, lo que equivale a un delito cada 6.5 minutos. Son cifras que no sólo evidencian una crisis de seguridad, sino también una crisis de respuesta institucional.
Además, la inseguridad ya no distingue clases ni códigos postales, y en Puebla, vivir en Angelópolis —el emblema de la opulencia, del confort blindado, del “a mí no me pasa”— ya no garantiza sentirse a salvo.
El mismo informe reporta que la capital arrancó el 2025 con una percepción de inseguridad más alta (en esa zona) que el año anterior, subiendo 2.2 puntos porcentuales. Ya ni los muros altos ni las cámaras de vigilancia alcanzan.
Antes se pensaba que con dinero se podía comprar seguridad. Hoy ya no. El miedo ya no está del otro lado de la ciudad: vive al lado del campo de golf, se pasea en los estacionamientos de lujo y cena en los rooftops de moda.
A esta crisis de violencia se suma la herida más dolorosa e impune: la desaparición de personas. Puebla no escapa a esta tragedia nacional.
Tan sólo en los primeros tres meses de 2025, se reportaron más de 200 personas desaparecidas en el estado, muchas de ellas jóvenes y mujeres. Las cifras oficiales, como suele ocurrir, no alcanzan a dimensionar la profundidad de esta emergencia humanitaria que, en muchos casos, se enfrenta con indiferencia institucional, omisiones en la búsqueda inmediata y una revictimización constante a las familias.
La Comisión Nacional de Búsqueda registra más de 2 mil 700 personas desaparecidas en Puebla en la última década, pero colectivos como “Voz de los Desaparecidos” denuncian que la cifra real podría ser mucho mayor, debido a la falta de denuncias por miedo o desconfianza en las autoridades.
Mientras las madres y familiares organizan brigadas y rastreos en los márgenes del estado, el gobierno estatal continúa sin establecer una estrategia clara, efectiva y digna. Y hablar de seguridad sin nombrar a los desaparecidos es perpetuar el olvido.
La inseguridad en Puebla, además de medirse a través de la percepción, debe medirse por su alto costo económico. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, en 2023 los poblanos destinaron más de 22 mil millones de pesos para enfrentar los efectos de la delincuencia, lo que representó un aumento del 35 % respecto al año anterior.
Este monto se distribuyó en diversas áreas: 5 mil 989 millones de pesos fueron empleados en medidas de protección, como sistemas de seguridad privada, cámaras y alarmas; 15 mil 112 millones de pesos se perdieron directamente debido a los delitos cometidos y mil 504 millones de pesos fueron destinados a gastos médicos derivados de lesiones y daños ocasionados por la violencia.
El costo promedio por víctima en Puebla fue de 9 mil 797 pesos, lo que supera el promedio nacional de 6 mil 853 pesos en un 42.9 %. A pesar de que la ciudadanía paga estos elevados montos para protegerse a sí misma, el gobierno estatal sigue simulando estrategias de seguridad que no tienen un impacto real.
¿Hasta cuándo se le pedirá a la población cargar con esta responsabilidad mientras las autoridades se desentienden?
Frente a este panorama, el discurso del gobierno estatal resulta ofensivo. Minimizar la crisis de seguridad equivale a darle la espalda a una ciudadanía que vive con miedo.
No hay transformación posible mientras se niega lo evidente: Puebla no está bien, y quienes gobiernan lo saben. No se trata de sembrar alarmismo, se trata de exigir responsabilidad.
Las y los poblanos merecen un gobierno que enfrente la inseguridad con políticas públicas eficaces, no con discursos complacientes ni campañas de relaciones públicas. Puebla necesita algo más que cifras maquilladas y conferencias de prensa optimistas.
Los poblanos deben abandonar las gradas de espectadores de su propia tragedia y exigir un cambio real. Debemos demandar que el gobierno actúe con seriedad y comprometa recursos para enfrentar esta crisis de manera efectiva; exigir un gobierno a la altura, que defienda a su gente, que no la deje a merced de la delincuencia y alzar la voz para asegurar la seguridad de nuestro pueblo.
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