Una economía libre supone que la competencia se encargue de bajar los precios y subir la calidad de los servicios.Este no ha sido el caso del metro en Chile.La tarifa del Transantiago se determina mediante un índice de valores que afectan directamente sus costos de operación: inflación, precio del diésel, mano de obra, precio del euro, entre otros.Si los costos bajan, el índice disminuye y por lo tanto el precio debería hacerlo, cosa que no está avalada por la ley.En cambio si suben los costos y aumenta el índice, el precio aumentará por consecuencia.Desde 2007 el precio ha estado aumentando consistentemente hasta casi el doble, pasando de $410 hasta $800 pesos chilenos en 2019.Los mismos funcionarios del Ministerio de Transportes atribuyen este incremento a la falta de licitaciones que, argumentan, atraerán ofertas que no sólo reducirían el precio sino que al mismo tiempo mejorarían la experiencia de los usuarios.Hasta este punto, las concesiones en buena medida se asignaban de manera directa, elevando el costo y pasándole la factura a los usuarios.
Es en este contexto que el incremento del precio del metro juega un papel simbólico relevante y se convierte en una afrenta directa a una sociedad chilena que sigue esperando los beneficios de la economía de mercado que se le han prometido por tantos años.Pero lo que parecía un evento aislado se convirtió en la válvula de escape de un descontento generalizado que inundó las calles de Santiago.La respuesta del gobierno, lejos de desescalar la situación, sacó a la superficie heridas más profundas de la memoria chilena, al tratar de someter las protestas mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía militarizada.Es así como una protesta originalmente ocasionada por un incremento de $30 pesos chilenos en el metro se convierte, un año después, en un plebiscito para aprobar una nueva constitución.Ante una generalizada falta de credibilidad en las instituciones, esta nueva carta magna aspira a dejar atrás el legado de Pinochet, por un enfoque más social, que incorpore derechos como educación, salud y seguridad social de forma más explícita.Esta propuesta ya había sido abanderada por la ex-presidenta Michelle Bachelet, con el propósito de combatir el modelo neoliberal implantado en Chile desde 1980 por la dictadura.
El experimento "neoliberal" se refiere a las reformas propuestas por un grupo de economistas egresados de la Universidad de Chicago, que desde 1973 hasta 1980, privatizaron las empresas en manos del estado llevándolas de 300 a tan solo 24.Cuando Friedman (el antiguo profesor y guía intelectual de los Chicago Boys) visitó Chile en 1975, tenía claro que para alcanzar el pleno desarrollo en Chile era necesario no solo que hubiera libertad económica, sino también libertad política.Sin embargo, la gran paradoja chilena es que mientras se convertía en una de las economías más liberales, en el sentido de que se redujo al grado mínimo el control central del gobierno; al mismo tiempo era dirigida con puño de hierro por uno de los regímenes políticos más totalitarios de la época.Después de todo, el gobierno de Pinochet era una dictadura militar surgida de un golpe de Estado, donde el único diálogo era la represión y el uso de la fuerza.Así es como Chile termina con un gobierno dirigido "de arriba hacia abajo", y una economía dirigida "de abajo hacia arriba".A pesar de esto, Friedman creía que la libertad económica eventualmente conduciría a la libertad política, al dotar a la población de los medios económicos para combatir el régimen totalitario.
En 1991 el gobierno de Pinochet convocó a elecciones y luego de perderlas abandonó el poder dando paso a la democracia, sin embargo el caso de Chile está lejos de ser considerado un éxito.Si bien la población se ha visto beneficiada por el auge económico, no lo ha sido al mismo grado que la elite política o que las empresas amparadas a la protección del Estado.Los escándalos de corrupción alcanzan desde el mismísimo General Pinochet, hasta políticos de todo el espectro electoral, entre los cuales no ha estado exento el actual Presidente Piñera.Mientras la élite política decida hacia dónde se inclina la balanza y otorgue contratos y protección a ciertas empresas a cambio de contribuciones, se estará entorpeciendo la competencia, y privando de los beneficios de esta a los consumidores.Tan es así que al día de hoy el país se debate entre reafirmar las instituciones en pro de la transparencia y la libre competencia para superar su trágica historia de represión política y capitalismo de cuates, o echar abajo la estructura económica que lo ha puesto en los primeros lugares de ingreso por habitante en latinoamérica para dar paso un mayor control estatal, cuando menos en sectores proveedores de servicios básicos.
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