En una colaboración anterior, me referí al calvario que han padecido mis compañeros antorchistas de Bacalar en la lucha por hacer efectivo su derecho constitucional a una vivienda digna.
En aquel documento mencioné que durante los tres años de la administración municipal que recién terminó, estos ciudadanos humildes estuvieron solicitando a las autoridades que atendieran su demanda. Ahora creo necesario abundar en el tema y dejar claro por qué lo hicieron así, pero sobre todo por qué insisten en mantenerse firmes.
En nuestro estado desde 2011 se penalizó el fraccionamiento de predios para edificar vivienda sin los servicios indispensables para habitarlos y sin los permisos correspondientes. Los argumentos principales en que se sustenta esta ley, son el de la necesidad de un crecimiento ordenado y la urgencia de poner un alto a los defraudadores e invasores que como una plaga azotan Quintana Roo.
Creo necesario dejar claro que los argumentos suenan correctos y que a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir oponerse al crecimiento urbano sujeto a orden, mucho menos podría alguien objetar la necesidad de evitar que se saque provecho de la gente humilde por su urgencia de tener un hogar. Pero esta reglamentación de la creación de fraccionamientos, sólo busca ordenar el crecimiento urbano y evitar las invasiones y los fraudes, más no resolver el problema de la carencia de vivienda, cuestión que a mi juicio es de mayor importancia. Por ello es indispensable buscar la causa de fondo que orilla al ciudadano de escasos recursos económicos-que en nuestro país ronda el número de 90 millones según estudios serios en la materia-a buscar por sus propios medios cómo solucionar esta carencia y en consecuencia aplicar medidas que ataquen el origen del problema y nos los efectos. Tan luego que se busque con alguna seriedad, se sabrá que la culpable de este caos en la formación de asentamientos humanos no es otra que la falta de programas de gobierno para que puedan adquirir un terreno quienes no reciben pago vía nómina o que no tienen un empleo fijo y si lo tienen no es bien remunerado. Seguramente cuando el ciudadano común encuentre donde resolver su necesidad en esta materia, no será necesario que se aventure a resolverla recurriendo a quienes no le ofrezcan certeza jurídica de los predios que le venden.
¿Y quienes son los que pueden ofertar predios con servicios y con todos los permisos que brindan las autoridades? Pues a pesar de que la respuesta sea obvia, es menester decirlo, los grandes fraccionadores, esos que tienen suficiente capital para invertir en construcción de viviendas que luego ya listas para la venta, alcanzan precios que rondan los trescientos o cuatrocientos mil pesos, viviendas que la inmensa mayoría de ciudadanos no pueden adquirir.
Y esa es la razón de la insistencia de mis compañeros en sostener su plantón. No pueden ya resolver su necesidad de vivienda por su cuenta y no hay programas de gobierno que hagan efectivo este derecho, lo que en buen español significa la cancelación de esta garantía constitucional. Por ello solicitaron la intervención de sus autoridades en el trienio anterior, quienes olímpicamente se burlaron de sus compromisos firmados. Pero ellos saben bien que retirarse con las manos vacías, aceptando que se viole sus garantías, es perder para siempre la oportunidad de una vida digna para ellos y sus familias. Por ello están decididos a permanecer en su improvisado campamento y porque saben que cuentan con el apoyo de sus compañeros de 50 comunidades en el municipio y de las otras diez demarcaciones en el estado. Cierto es que el presidente municipal Alexander Zetina Anguiluz, no fue el que firmó dicho compromiso, pero como autoridad de este lugar, le compete dar una solución. Como un acto de humanidad, reivindicar a los afectados y por obligación propia de su cargo, hacer valer la ley.
Finalmente reitero que mis compañeros no piden regalado, piden que se les venda, pero que les venda quien está facultado y obligado a hacerlo. Los gobiernos que no entiendan el verdadero problema, que pongan oídos sordos a estas justas demandas, persiguen una quimera, la de la ilusión que los hace creer que negar el problema, encarcelando los anhelos, sueños y necesidades del pueblo trabajador en leyes pensadas al vapor y con efectos inmediatistas, va seguir funcionando aún y mantendrá a la gente sumisa y resignada.
No hace mucho en Quintana Roo fuimos testigos de lo que pasa cuando se actúa así. La realidad señores, la realidad se mueve siempre y esta vez no será la excepción, así nos lo dicen aún hoy los resultados del derrumbe de quienes por muchos años dirigieron incorrectamente a este bello estado.
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