Más de 144 campesinos organizados en el Movimiento Antorchista, habitantes de la comunidad de Chiltoyac, en el municipio de Xalapa, y otras localidades de Emiliano Zapata y Jilotepec, llevan cerca de 15 años en la gestión, yendo y viniendo a las oficinas estatales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), organizando mítines públicos y denuncias en la prensa, sin obtener la indemnización correspondiente por los daños ocasionados a sus parcelas durante la construcción de la autopista Xalapa-Perote en el centro del estado.
En muchos casos, la construcción de esa vía carretera, dejó sus tierras inutilizables para el cultivo, fraccionadas por mitad y llenas de metros cúbicos de desechos sólidos. Para este grupo de campesinos, todo ello ha representado un verdadero calvario ante la indiferencia e ineficacia del gobierno para resolver sus demandas.
En febrero de 2008, el Gobierno federal a través de la SCT concesionó la construcción, administración y mantenimiento de la autopista Xalapa-Perote y del libramiento de Xalapa a dos empresas trasnacionales: la española Isolux Corsán y la portuguesa Mota Engil, que conjuntamente formaron el consorcio denominado Concesionaria de la Autopista Perote-Xalapa (Copexa S.A de C.V).
La concesión para explotación de los beneficios económicos de la autopista es para un periodo de 45 años y la inversión total para construir los 60 kilómetros de carretera fue de 10 mil 286 millones de pesos, sin embargo, las empresas beneficiadas únicamente aportaron 2 mil 679 millones de pesos y el resto, poco más de 8 mil mdp, se financió a través de un crédito preferente y del Fondo Nacional de Infraestructura, como se observa en la página oficial de esta institución. La obra fue inaugurada en noviembre de 2012.
Los campesinos de los ejidos y comunidades afectadas narran que, en 2008, personal de la SCT y empleados de la concesionaria Copexa llegaron hasta sus pueblos a realizar asambleas con los ejidatarios para convencerlos de ceder los derechos de vía de sus parcelas a cambio de una compensación económica “justa y cuantiosa” y, posteriormente, construir obras de beneficio colectivo en su colonia. Originalmente la mayoría de los campesinos se opuso a la construcción de la autopista por el temor de que sus tierras quedarán inservibles para el cultivo de los productos con los que comercializaban: café, naranjas, maíz y árboles maderables principalmente.
Sin embargo, los emisarios visitaron a los campesinos, casa por casa, para dividir la firmeza de los grupos que se oponían. A los más decididos los amenazaban abiertamente y les decían que, sin importar cuál fuera su posición, era un hecho irrebatible que la autopista pasaría por sus parcelas y que, por tanto, lo mejor era que aceptaran el dinero que les ofrecían y así lograron que varios campesinos cedieran los derechos de vía sobre sus parcelas.
Y como ha ocurrido en otras tantas partes del país, para apropiarse de una parte de las parcelas no hubo un decreto de expropiación y tampoco un estudio económico y de agrimensura para cuantificar el precio de las hectáreas afectadas. Los campesinos narran que tampoco hubo convenios escritos firmados entre ellos y el gobierno, ni se siguió ningún proceso legal para verificar la legítima posesión o propiedad de los terrenos, porque las empresas y el gobierno tenían la premura de hacer la carretera. De ahí que los pagos realizados a los campesinos fueran verdaderamente irrisorios, a la mayoría se les pagó entre 20 y 30 pesos el metro cuadrado de terreno, pero hubo a quienes les bonificaron apenas ocho pesos por metro cuadrado.
Posteriormente, ya durante los trabajos de construcción de la autopista, los campesinos volvieron a sufrir presiones para aceptar que la tierra removida por la maquinaría, las piedras, troncos y desechos químicos se amontonara sobre los terrenos que colindaban a los costados de la autopista, ampliando las afectaciones varias hectáreas más.
En contados casos, les pagaron “una renta” por permitir que se depositaran varios metros de desechos en sus terrenos y a la mayoría se les convenció de tolerarlo con la promesa de que serían retirados y resarcirían los daños rellenando con varios metros de tierra fértil sus parcelas. En algunos casos se trata de más de 13 mil metros de tierras que han quedado estériles, sin posibilidad de ser aprovechadas para el cultivo, como narra Samuel Alarcón, uno de los directamente afectados.
Al finalizar la construcción las empresas simplemente se retiraron sin reparar los daños y las promesas quedaron en el olvido. En vano fueron los reclamos y protestas posteriores de los afectados, pues eran ignoradas tanto por el gobierno como por la concesionaria que se negaban a reconocer sus acuerdos.
Fue solo hasta que se organizaron en el Movimiento Antorchista, en el año 2016, que los campesinos lograron entablar un diálogo más serio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y tras varias comisiones de presión les arrancaron el acuerdo de que les pagarían $140 por cada uno de los 360 mil metros cuadrados afectados en las 144 parcelas, así como la construcción de algunas obras de alivio para encauzar los escurrimientos de agua y evitar las inundaciones en época de lluvias y algunos puentes para comunicar los terrenos que quedaron fraccionados. Sin embargo, el proceso de pago de las indemnizaciones no ha sido sencillo, hasta el momento, ya con el gobierno de la 4T, solo se ha pagado a siete de los más de 144 damnificados.
No hay duda de que este grupo de humildes campesinos fue violentamente arrollado por las exigencias del gran capital transnacional en su afán de expandir sus negocios y obtener más ganancias. Actualmente la autopista Perote-Xalapa y el libramiento de Xalapa, son un jugoso negocio, pues son de las carreteras de cuota más caras del país si atendemos al cobro por kilómetro. Sumadas ambas vías tienen una extensión de 60 km, con un costo total de 330 pesos: el pago por km resulta en $5.50, muy por arriba del promedio nacional. Diariamente circulan alrededor de cinco mil 500 vehículos, con un ingreso medio de 1 millón 815 mil pesos. Por otro lado, en mayo de este 2022 la empresa canadiense Roadis adquirió totalmente la concesión de la carretera, aunque no se hizo público el precio de la compra, es obvio que las dos transnacionales que originalmente la tuvieron ya recuperaron su inversión inicial.
Mientras tanto, la suerte de los campesinos ha empeorado en contraste con la de los inversores de la carretera. Los que continúan cultivando han tenido que disminuir su producción y por ende sus ingresos se han visto mermados, pero la inmensa mayoría, según lo reconocen ellos mismos, se convirtieron en jornaleros o trabajadores eventuales y apenas obtienen lo necesario para sobrevivir. Por si fuera poco, llevan años gastando dinero que no tienen dando vueltas a la SCT, para lograr que les paguen lo justo por arrebatarles lo poco que tenían y dejarlos en la indefensión.
Tampoco el gobierno de la Cuarta Transformación ha mostrado celeridad y sensibilidad para atender el problema, los últimos 4 años han sido de dilatorias y falsas promesas de los funcionarios, mientras que, por ejemplo, a una de las empresas responsables de dejar casi en la calle a este grupo de campesinos, la portuguesa Mota Engil, le han entregado la concesión para construir el primer tramo del Tren Mayo con un jugoso contrato de más de 15 mil millones de pesos, en donde, por cierto, han seguido el mismo esquema de despojo de tierras a los campesinos humildes del sureste del país para cumplir los caprichos presidenciales. Claramente, apoyar a las grandes empresas a enriquecerse brutalmente continúa siendo la política del gobierno.
Los campesinos organizados en Antorcha continuarán luchando para lograr que su demanda concreta sea resuelta, con el apoyo y solidaridad de otros grupos antorchistas de la región; ya planean qué otras medidas utilizar para presionar al gobierno y lograr que les paguen. Pero, sobre todo, continuarán luchando para construir una sociedad distinta en donde lo más importante no sea el afán de ganancia de unos cuantos multimillonarios y sus empresas sino el bienestar de los millones de mexicanos, particularmente de los más humildes porque esa es la tarea histórica.
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