Como sabemos, la desigualdad que provoca el capitalismo en el mundo también se da internamente en cada país lo cual provoca uno de los fenómenos sociales más acentuados en la población, la migración. Se da, ya sea por problemas sociales o económicos, principalmente.
Tal es el caso de México, donde a parte del sueño americano la población de todos los estados se ven obligados a buscar mejores condiciones para poder sobrevivir y donde haya más opciones para ganarse la vida, razón por la que desde 1889 empieza a fundarse lo que es hoy es la emblemática ciudad de Tijuana, donde se ha venido concentrando población de todos los estados de la república (además de población de centro América y Latinoamérica).
Además de problemas de infraestructura, la inseguridad y la salud, la vivienda es un tema alarmante en todo el municipio, pues desde entonces los gobiernos tanto estatal como municipal no se han preocupado por crear programas de vivienda popular que puedan ser accesibles para familias de las zonas más humildes, ocasionando que la gente vaya resolviendo por sus propios medios el problema, ya sea yéndose a vivir a las orillas de los arroyos, las faldas de cerros o cayendo en las garras de fraccionadores clandestinos, y hasta podría decirse, endeudándose de por vida en pichoneras del Infonavit.
Bajo estas condiciones, en el año de 1982 se origina lo que conocemos como Camino Verde, donde decenas de familias, por sus precarios ingresos se vieron orillados a habitar esta zona, a pesar del riesgo por las condiciones topográficas del suelo. Asimismo, la zona es de las más expuestas a sufrir consecuencias ante los fenómenos naturales como fueron las lluvias de 1993, donde el agua se llevó humildes pertenencias de algunas familias e incluso algunas pérdidas humanas.
A pesar de eso con el paso de los años se fue urbanizando, se inició la introducción de servicios fundamentales de agua, luz, drenaje y pavimento, y cuando todo parecía estar resuelto, ocurre un deslizamiento de tierra ocasionando que se colapsaran viviendas de más de 400 familias, a lo que las autoridades solo han respondido con dadivas que consiste en un apoyo de 4 mil pesos para que las familias se fueran rentar ante suceso, pero nada se soluciona de raíz, el problema sigue, y ¿estará el gobierno dispuesto a seguir pagando la renta de las familias afectadas? Si es así, ¿por cuánto tiempo y bajo qué condiciones?, ¿les alcanzará a conseguir rentas a ese costo a las familias?
Qué será de las familias que esperan una solución mientras sale un dictamen que informe sobre la factibilidad de volver a habitar el lugar o aceptar la reubicación planteada por los afectados. Hasta el momento siguen anhelando contar con un hogar digno, después de más de medio año esperando una respuesta seria de las autoridades.
Ante tal situación, los vecinos organizados en Antorcha hacemos el llamado a las familias de la zona a sumarse a la lucha, con dignidad defendamos nuestro derecho legítimo a la vivienda, hagámoslo organizados, solo así podremos avanzar en el bienestar de nuestras condiciones de vida.
Ensalcemos juntos el llamado a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y al presidente de la república para que volteen a ver esta situación agravante, son ellos quienes deben preocuparse por intervenir y crear políticas que impulsen la inversión a obras comunitarias en las colonias, son ellos quienes deben dar prioridad de solución a las zonas de riesgo, son ellos quienes con nuestros impuestos tienen el deber de brindar vivienda digna, de dar seguridad a todos, pero debemos ser nosotros el gran gigante que organizado y consciente de que la realidad exige soluciones, para que se agilicen los trabajos y se informe a la comunidad, ya que viene la temporada de lluvias y sigue latente el riesgo para toda la zona.
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