La lucha social organizada, reconocida y amparada en los artículos octavo y noveno de la Constitución de la República Mexicana, debe ser respaldada por las autoridades, y entendida como una herramienta para que los ciudadanos alcen la voz y sean atendidos sus múltiples problemas y carencias.
Las autoridades deben respaldar todas las formas de organización de la sociedad, porque son el producto de la iniciativa creadora de las masas, que comprende que su entorno no es el adecuado para brindar condiciones mínimas para una vida digna y entiende que se requiere de la participación social para alcanzar la solución a las carencias como vivienda, agua potable, caminos.
Sin embargo, el actual gobierno se ha dedicado a descalificar toda forma de organización social, es un declarado enemigo de la organización popular. Andrés Manuel López Obrador, desde que inició como presidente se ha dedicado a descalificar a las organizaciones sociales y acusarlas de que vivían de los moches, que recibían carretadas de dinero público y, por esa razón, los recursos públicos destinados a los programas sociales ahora se entregan de manera directa a los beneficiarios. Su argumento ya lo conocemos, el sobado discurso del combate a la corrupción, que no ha podido demostrar algún resultado positivo, pues la corrupción no sólo no desaparece, sino se acrecienta en este gobierno, los escándalos por los malos manejos de los recursos públicos son el pan de cada día.
Cada vez que se le antoja, López Obrador repite las mismas acusaciones sin presentar pruebas, lo que convierte sus aseveraciones en viles calumnias.
Ataca a las asociaciones civiles de padres de niños con cáncer, a los que llama golpistas; a los colectivos feministas simplemente les cierra toda vía de atención y desata una campaña de calumnias; a los ambientalistas los tacha de recibir financiamiento extranjero; a los grupos defensores de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, les respondió con recortes de presupuesto a los programas destinados a ese fin; desprecia a los grupos de madres buscadores de sus seres queridos desaparecidos en esta imparable ola de violencia.
Todo lo que huela a iniciativa ciudadana es despreciada por el presidente porque quiere tener esperando a los más necesitados, mansamente, los apoyos del gobierno morenista, que son insuficientes y no abarcan a todos los mexicanos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que según cifras oficiales rebasa los 50 millones, la cifra de mexicanos pobres aumentó en más de 3 millones a pesar de los programas que tanto presume el gobierno de López Obrador.
A pesar de este desprecio, el mandatario federal no ha logrado su objetivo, pues para eliminar a las organizaciones sociales se deben de combatir los motivos por las que surgieron; es decir, los problemas sociales, las injusticias, los atropellos, que dan como resultado los intentos de los ciudadanos de concentrar muchas voluntades y esfuerzos.
Pero al grupo gobernante, se le complica más el asunto cuando las organizaciones populares tienen pleno conocimiento de su situación, cuando los miembros de una agrupación social, se reúne con cierta frecuencia, analizan y recurren a los materiales de estudio para una preparación adecuada, hasta tomar plena conciencia de su papel social, se convierten en un verdadero dolor de cabeza para un gobierno sordo y autoritario.
No deben olvidar los gobernantes que los grandes movimientos sociales fueron motivados por las injusticias cometidas contra los más débiles, los abusos de los poderosos que explotan y humillan a los pueblos, provocan la rebeldía social, hasta convertirse está en un imparable volcán en erupción.
Construyamos todos los mexicanos una fuerza social y política capaz de aglutinar todo el descontento popular y organizarse para la legítima autodefensa de sus intereses fundamentales.
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