Durante décadas, Estados Unidos ha ejercido su poder militar, económico y político para imponer un modelo de dominación global que, bajo el pretexto de proteger la democracia o defender la seguridad nacional, ha generado devastadoras consecuencias en países vulnerables.
La alineación incondicional con las políticas de Estados Unidos profundiza la dependencia económica y amenaza la soberanía de México y América Latina.
América Latina, en particular, ha sido objeto de intervenciones, golpes de Estado y sanciones económicas que han favorecido a las élites y empobrecido a las mayorías. Frente a este escenario, someterse sin reservas a la política estadounidense representa un riesgo inminente para la soberanía y el bienestar de las naciones de la región.
Desde su independencia en 1776, Estados Unidos ha ejecutado más de 400 intervenciones militares en 150 países, de acuerdo con datos de Misión Veracidad. Este intervencionismo, que alcanzó su auge entre 1950 y 2019 —cuando se realizaron aproximadamente el 50 % de todas las operaciones— y continuó con un 25 % de acciones tras la caída de la URSS, no es fruto del azar, sino parte de una estrategia sistemática para asegurar recursos estratégicos y expandir su influencia.
Ejemplos emblemáticos en América Latina incluyen la invasión de Panamá en 1989, la intervención en la República Dominicana en 1965 y el fallido desembarco en Bahía de Cochinos en 1961.
En cada uno de estos casos, el discurso oficial difirió radicalmente de la realidad: lo que se presentó como una lucha contra el narcotráfico o el comunismo se tradujo en el derrocamiento de gobiernos, el establecimiento de regímenes afines y, en muchos casos, en la muerte de miles de civiles y la perpetuación de la pobreza en los sectores más vulnerables.
Con la reelección de Donald Trump, la política exterior de Estados Unidos ha adoptado un tono aún más agresivo y unilateral. En días recientes, el presidente Trump amenazó con la imposición de aranceles del 25 % sobre ciertas importaciones, que van desde los autos hasta los aguacates, como una medida para obligar a México a cumplir con demandas relacionadas con la seguridad fronteriza y las políticas migratorias.
Los aranceles y sanciones económicas no sólo buscan reconfigurar las relaciones comerciales, sino también forzar a las naciones a someterse a un modelo que perpetúa la dependencia. Empresas automotrices, por ejemplo, han sido presionadas para trasladar sus plantas a territorio estadounidense, dejando sin empleo a cientos de miles de obreros mexicanos y reafirmando la condición de México como una economía maquiladora y extractiva.
La alineación incondicional con las políticas de Estados Unidos, especialmente bajo la actual ofensiva trumpista, tiene profundas implicaciones para México y América Latina. México depende en gran medida de las remesas —que representan el 4 % del PIB, según Banxico (2023)— y de las maquiladoras, responsables del 80 % de sus exportaciones a Estados Unidos.
El endurecimiento de las políticas migratorias y la imposición de aranceles solo agravarían esta dependencia, incrementando la precariedad y dejando a millones de trabajadores sin opciones dignas. Históricamente, Estados Unidos ha impuesto condiciones que favorecen a sus intereses corporativos a expensas del bienestar social.
El TLCAN, por ejemplo, devastó la agricultura campesina en México, empobreciendo a pequeños productores. Una política de alineación sin contrapesos podría acelerar privatizaciones y recortes en el gasto social, afectando directamente servicios esenciales como salud, educación y acceso a recursos estratégicos.
La retórica de Trump y sus políticas de seguridad han convertido a los migrantes en invasores, justificando operativos que criminalizan a quienes buscan una vida digna. Esta postura no sólo fomenta la violencia y la represión, sino que abre la puerta a intervenciones militares que replicarían el caos de conflictos pasados, dejando a los ciudadanos en zonas marginadas sin protección alguna.
La presión sobre las empresas mexicanas para trasladar sus operaciones a Estados Unidos, como en el caso de proveedores de Tesla, limita el desarrollo autónomo y la innovación.
Las cláusulas que impiden la transferencia de tecnología consolidan la dependencia y aseguran que México siga siendo un engranaje dentro de un sistema diseñado para beneficiar únicamente a las élites.
Frente a este panorama, México y América Latina deben explorar alianzas fuera de la órbita estadounidense. Los mercados emergentes, en especial China —segundo socio comercial de México— y organismos como los Brics, ofrecen alternativas de cooperación sin condicionar la soberanía.
Asimismo, fortalecer la integración regional mediante organismos como la Celac permitiría diversificar relaciones y reducir la dependencia de un modelo que ha demostrado ser opresivo.
Subordinarse incondicionalmente a la política estadounidense no solo profundiza las desigualdades y la dependencia económica, sino que amenaza la soberanía de México y la estabilidad de América Latina.
La historia está repleta de ejemplos en que las intervenciones de Estados Unidos han dejado cicatrices imborrables: golpes de Estado, sanciones económicas y políticas migratorias represivas que han llevado a la pérdida de vidas, recursos y dignidad.
La verdadera defensa nacional requiere rechazar un modelo que perpetúa la explotación y, en su lugar, impulsar políticas de desarrollo autónomo basadas en la justicia social, la industrialización con sustitución de importaciones y la diplomacia de equilibrio.
Como advirtió José Martí, un pueblo que no se defiende, desaparece. La fiera es más peligrosa cuando está herida y acorralada, y en estos tiempos de incertidumbre, es imperativo que México y América Latina se unan para construir un futuro en el que la soberanía y el bienestar de los pueblos prevalezcan sobre los intereses de un imperio en decadencia.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario