* Puesto que no cotizan en Infonavit, carecen también de créditos para adquirir una casa
Durango, Dgo. En un contexto donde los empleos gubernamentales suelen ser muy valorados, los burócratas de Durango se encuentran en una situación paradójica: a pesar de la estabilidad laboral que su condición sindicalizada les otorga, carecen de acceso a un derecho fundamental, la vivienda.
La falta de un programa de vivienda específico para estos trabajadores ha sido un problema recurrente que afecta a miles de empleados en el estado.
De acuerdo con los datos del Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado, más del 60 % de los cerca de cuatro mil burócratas en Durango se ven obligados a alquilar, ya que no pueden acceder a un crédito para la compra de una vivienda.
“A pesar de que es un derecho reconocido, no se tiene un programa de vivienda dentro del Gobierno. Esto no es un problema nuevo; desde hace muchos sexenios no se ha hecho nada al respecto”, señala Martín González Ávila, dirigente antorchista en el municipio de Durango.
La situación es alarmante, considerando que la ley establece este derecho, pero la falta de acción gubernamental ha dejado a miles de trabajadores en una situación vulnerable.
Aunque se han hecho intentos para establecer convenios que les permitan adquirir viviendas, estos esfuerzos no han sido efectivos debido a los bajos salarios que impiden a los empleados cumplir con las mensualidades, sumado a que no cotizan en el Infonavit:
"El problema de la falta de vivienda no sólo afecta a los trabajadores de la burocracia, pues a pesar de tener estabilidad laboral, los trabajadores no pueden costear un crédito de vivienda. Pero esta problemática también afecta a todas las familias duranguenses, pues, ¿qué se puede esperar de los que sobreviven en la informalidad? Es una deuda histórica que el Gobierno estatal debe saldar con sus empleados y con todas las familias del estado".
Este panorama, dijo el líder, refleja la necesidad urgente de que el Gobierno de Durango retome su responsabilidad en la creación de programas de vivienda para los trabajadores, garantizando así que sus derechos no sean sólo palabras en una ley, sino una realidad tangible.
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