En medio de la violencia que sufrido la iglesia católica, como el caso de los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados junto con el guía de turistas Pedro Palma y Paul Berrelleza Rábago, en el poblado de Cerocahui, municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, el 20 de junio pasado; en Guerrero, el director del Centro de Derechos de Víctimas de la Violencia “Minerva Bello”, sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, denunció persecución política por parte de autoridades estatales y federales, y el temor de ser privado de la vida junto con quienes lo acompañan.
Aun así, dijo que continuará con su labor social porque vale la pena el encarcelamiento e incluso perder la vida por defender los derechos humanos.
En días pasados, agentes policiales acudieron a su lugar de trabajo para supuestamente recabar datos…hostigarlo; y responsabilizó a las autoridades de los tres niveles de gobierno de lo que pudiera ocurrir a su integridad física.
En conferencia de prensa, el religioso reiteró que en las últimas semanas ha sido víctima de persecución política relacionada con su labor de acompañamiento y defensa de derechos humanos que realiza a favor de pobladores de la comunidad San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa de Álvarez.
Los fiscales también pretenden acusarlo de causar un accidente automovilístico, presuntamente, por una marcha que realizaban integrantes del Centro “Minerva Bello” en la Autopista del Sol, sin embargo, en esa misma vía, a la altura del punto conocido como Parador del Marqués, también se manifestaban integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que realizaban un bloqueo.
El sacerdote considera que, la presencia de la policía en su trabajo y el comportamiento irrespetuoso del Ejército en un retén de San Jerónimo Palantla, se encuentran relacionados, calificándolos como actos de criminalización y hostigamiento por sus acciones a favor de los derechos humanos de pobladores de la comunidad indígena nahua; asimismo, exigió acciones prontas para impartir justicia a la comunidad ante los graves actos de violencia que sufren sus pobladores, realizar acciones de búsqueda contundentes que permitan la localización de desaparecidos de la zona y el cese inmediato a los actos de hostigamiento y persecución contra integrantes de la iglesia católica y defensores de los derechos humanos porque en los sacerdotes y defensores de derechos humanos no van a encontrar a los responsables de la violencia que impera en Guerrero.
Las acciones en su contra se agudizaron tras el bloqueo que realizaron junto con normalistas de Ayotzinapa y el Frente Popular “Francisco Villa”, el pasado 27 de junio en la Autopista del Sol, en exigencia de la búsqueda y localización con vida de José Abundio Bolaños Calvario, indígena desaparecido en Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez, el 29 de mayo de 2022.
Estos incidentes, acusa el sacerdote, se incrementan tras los reiterados discursos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pronunciado en las conferencias mañaneras contra la iglesia católica, por sus constantes exigencias de cambiar la fracasada estrategia de seguridad, dado que es un hecho comprobable que los abrazos, no balazos no han funcionado, ante la escalada de crímenes en el país, “si el mandatario ataca directamente a un sector de defensores, a líderes de organizaciones y a la iglesia, da permiso a que todas sus bases criminalicen a todos los que estamos en estos sectores”.
Enseguida, llamó al Ejecutivo federal a tener cuidado con el lenguaje que utiliza porque, desde sus conferencias matutinas, tacha a los sacerdotes casi de incendiarios, de violentos, dando permiso a que sean atacados por la opinión pública.
Integrantes de otras organizaciones señalan que, con estas acciones, lo único que busca el Estado Mexicano es desestabilizar el movimiento; en tanto, un alumno de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa advirtió que si algo le sucede al sacerdote, la consigna es clara y reiteró el respaldo del plantel al clérigo. El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” se suma al llamado de poner un alto al hostigamiento y a la criminalización ejercida en contra del párroco y de todas y todos los defensores de derechos humanos.
Pese a su visible preocupación por el hostigamiento y persecución política, Velázquez Florencio manifestó que vale la pena su encarcelamiento e incluso perder la vida por defender los derechos humanos; sin embargo, el presidente de la nación, lejos de analizar la situación, contesta de manera agresiva que no cambiará su política de seguridad, que la jerarquía católica además de hipócrita está apergollada con la oligarquía y ha callado ante las masacres que se produjeron durante el gobierno de Felipe Calderón, dando pie con estas declaraciones hechas desde el Palacio Nacional, a que se avive el hostigamiento y persecución política contra sacerdotes y defensores de derechos humanos.
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