Según datos del recientemente desaparecido Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el estado de Querétaro ocupa el octavo lugar con menor pobreza multidimensional del país, pues en 2024 el 16.3 % de la población vivía en situación de pobreza, cifra que, según los gobiernos, se redujo en 5.4 % respecto al año anterior; pero, como veremos más adelante, no podemos alegrarnos, pues a pesar de estos números, en varios municipios sigue habiendo una muy grave situación de pobreza.
El 33.3 % de los habitantes de Tolimán es considerado vulnerable por carencias sociales; esto es, tienen problemas de salud, educación y seguridad social.
Por ejemplo, en el municipio de Tolimán, que no es el único ni el peor, pues en situación parecida se encuentra la población de los municipios de Pinal de Amoles, Amealco, Landa de Matamoros, Peñamiller y Colón, de una población de 27 mil 200 habitantes, 16 mil 666, es decir, el 61.6 %, viven en situación de pobreza, y 3 mil 345 personas, el 12.3 %, viven en situación de pobreza extrema, lo que significa que no tienen para vivir dignamente.
Según los censos realizados por esta misma institución, el 33.3 % de los habitantes de Tolimán es considerado vulnerable por carencias sociales; esto es, que tienen problemas de salud, educación y seguridad social. Además, el 82.2 %, es decir, 22 mil 362 personas de este municipio, no tenían acceso a los servicios de salud.
El 17.8 % vivía en casas con problemas de calidad y espacio; el 40.9 % carece de los servicios de agua potable y drenaje; y lo más triste es que 17 mil 468 personas, el 30 %, tenían carencias de alimentación, o sea, no tienen comida para alimentar a sus familias, porque 6 mil 907 personas viven en pobreza extrema por ingresos, es decir, que sus salarios, con todo y el cacareado incremento al salario de las autoridades federales, están por debajo de la línea de pobreza: no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.
Y mientras la gran mayoría de las familias tolimenses vive en situación miserable, se sabe que el actual presidente municipal, Alejo Sánchez de Santiago, de la alianza Partido Verde, Morena y PT, promotores de la “austeridad republicana” y de la “justa medianía”, se despacha un salario de aproximadamente 100 mil pesos mensuales, con el argumento de que eso ganaba la anterior alcaldesa del Partido Acción Nacional.
Son “comidilla” de los habitantes de ese municipio los comentarios de que el señor alcalde, en lugar de trabajar para presentar resultados a la población de San Antonio de la Cal, San Pablo, San Miguel y las 47 subdelegaciones, está más dedicado a librar acusaciones promovidas por funcionarios de su propio equipo de trabajo, derivadas de la toma de decisiones administrativas ilegales, como falsificación de documentos, entre otras, que podrían derivar en su destitución o inhabilitación.
Así, el pasado 5 de marzo, el Arquitecto Jorge Luis Moreno González, por instrucciones del alcalde Alejo Sánchez, respondió la solicitud del pliego petitorio entregado al principio del año —de obras de agua potable, drenaje, electrificación y pavimentación de caminos y calles, en beneficio de las familias de varias comunidades organizadas en el Movimiento Antorchista—, donde todas son negadas con argumentos infantiles, como que “los recursos del presupuesto no alcanzan para resolver esas necesidades, que todas las obras del pliego petitorio, sin excepción, ya fueron previamente solicitadas por los subdelegados de cada comunidad, y no es posible resolverlas porque están sujetas a los lineamientos de los programas”.
Lo anterior, obviamente, no sorprende a los antorchistas de este importante municipio con la mayor concentración de población indígena en el estado. Así dicen todos, por lo cual un nutrido grupo de campesinos y campesinas, respaldados en la Constitución, se prepara ya para hacer una campaña informativa y de movilización para denunciar los problemas y la negativa del alcalde a resolver sus peticiones.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario