De acuerdo con la consultoría en comunicación y riesgos Etellekt, al momento de escribir estas líneas, en el país había al menos 89 políticos asesinados en el marco de los comicios de este 2021, 35 de ellos eran aspirantes y candidatos a puestos electivos. Comentaristas señalan que los aspirantes, antes de cada jornada, dudan volver sanos y salvos a casa, pues temen engrosar la lista de candidatos asesinados o secuestrados en México durante la campaña para las elecciones intermedias del 6 de junio.
Lo más alarmante e indignante del incremento del clima de terror y la violencia política, es que esté ocurriendo en plena recta final de las campañas promocionales de los candidatos, precisamente cuando éstos necesitan de la máxima seguridad y libertad de movimiento para tratar de convencer a los electores y ganarse su apoyo, más aún que el descontrol de la inseguridad ocurra a ciencia y paciencia de la autoridad responsable, por ser delitos del ámbito federal, de la seguridad de los que aspiran a un puesto de elección popular. Así lo ve y expresa claramente lo más representativo de la opinión pública, a través de los medios de comunicación.
Bajo este contexto los antorchistas del país, aunque no tenemos pérdidas de vidas que lamentar, no nos hemos librado de la violencia generalizada contra los candidatos y candidatas. La primera víctima fue Edith Villa Trujillo, candidata antorchista a la presidencia municipal de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, el lunes 5 de abril. Edith sufrió un asalto perpetrado por cinco hombres armados con rifles de alto poder que, con golpes e injurias soeces, la despojaron de su vehículo y la dejaron abandonada en un paraje solitario junto con cuatro personas más, enfermos a quienes trasladada a Puebla capital para recibir atención médica.
La segunda víctima, es Juan Carlos Merino Rivera, candidato antorchista a la alcaldía de Tepeyahualco, Puebla quien fue detenido amenazado y ultrajado por policías estatales. El 13 de abril, cuatro unidades policiales después de seguirlo todo el día finalmente lo interceptaron, lo bajaron de su vehículo que registraron minuciosamente, lo cacharon, lo interrogaron junto con sus acompañantes, finalmente los liberaron a todos con la disculpa de que les habían parecido sospechosos. Pero, Merino Rivera es muy conocido y popular en la zona y los judiciales no pudieron haberlo confundido con un delincuente. Todo fue una maniobra intimidatoria.
El tercer ataque fue contra la doctora Soraya Córdova, candidata a diputada local por el Distrito 20 de Puebla capital. La noche del sábado 8 de mayo, su equipo de campaña sufrió el despojo violento del automóvil en que se desplazaban por un sujeto armado con un arma corta. Después de varios disparos al aire, encañonó a pasajeros y conductor, los obligó a bajarse del vehículo, subió en él y escapó.
El cuarto ataque fue contra la campaña de Hersilia Córdova, candidata a diputada federal por la alianza PRD, PRI y PAN del distrito 13 del Estado de Puebla, en la madrugada del domingo 17 de mayo. Un grupo de sujetos vandalizó el carro de Gabriel Hernández Morales estacionado frente a su domicilio en Santa Isabel Cholula, Puebla, el carro fue forzado registrado y los vándalos se limitaron a arrojar a la calle volantes y otro tipo de propaganda electoral de la candidata, sin llevarse nada, según testimonio del afectado no se trata pues de un robo sino de una amenaza y un acto intimidatorio.
El quinto es el intento de asesinato de Aristóteles Campos Flores, líder de Antorcha y coordinador de campaña del candidato a presidente municipal de Ocoyucan, Puebla. La tarde del martes 25 de mayo, sufrió un ataque a balazos, pero la bala impactó en el vehículo en una de las puertas traseras, a escasos centímetros del cristal, justo del lado del que viajaba la hija menor del líder social.
Naturalmente que todos estos hechos han sido denunciados en tiempo y forma ante la autoridad competente, sin ningún resultado hasta ahora. Todo indica que como ocurre en muchos otros casos no habrá ni siquiera un remedo de Justicia, sobre todo si se tiene en cuenta la abierta y permanente hostilidad y persecución del gobernador Miguel Barbosa Huerta contra el antorchismo poblano. Por este medio hacemos responsable al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, de la vida de nuestros compañeros candidatos poblanos y de sus equipos de campaña.
Obviamente, los antorchistas no estamos en condiciones de asegurar que la violencia generalizada en todo el país sea parte de la política del presidente López Obrador, por no contar con pruebas suficientes y fehacientes de ellos, pero nos preocupa seriamente. En cambio, es nuestro derecho manifestarnos en contra de la inacción de las instancias federales encargadas de impartir justicia, que dan pie a la impunidad de que hacen alarde los delincuentes, lo cual abona la sospecha de que Morena y el presidente, están apostando todo a inhibir, por cualquier medio, el voto ciudadano para ganar la próxima elección.
Desde este modesto espacio, me sumo a las voces que exigen un clima de paz y tranquilidad en los pocos días que quedan para las campañas y las votaciones, para que el 6 de junio los ciudadanos vayan a las casillas a emitir su voto libremente, sin presiones ni amenazas. Es obligación del gobierno de la Cuarta Transformación intervenir ante el alarmante clima de terror y violencia en estas elecciones.
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