Al cumplirse 28 años de la masacre de 17 campesinos inermes en el vado de Aguas Blancas (1995), municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero, la impunidad persiste, sin importar las siglas partidistas y personeros que sexenio tras sexenio se relevan en el Ejecutivo estatal y federal; los responsables desde las estructuras del Estado continúan bajo la protección transexenal del Estado Mexicano.
No basta con el reconocimiento del cometido de estos crímenes ni tampoco con conocer la verdad para romper con un pasado doloroso, el pueblo jamás se reconciliará con sus verdugos, exige inexorablemente justicia y a la fecha, ninguno de los responsables está detenido.
Reafirmando su compromiso de lucha, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) continúa exigiendo justicia en el caso de la masacre de Aguas Blancas, alto a la represión de las normales públicas, alto a la deforestación de los bosques, alto a la agresión de los pueblos de la región Tierra Caliente, no más desplazados por la violencia, la pobreza y el olvido, castigo para los culpables de los 43 normalistas y sus muertos, al cumplirse este 28 de junio, 27 años de la emboscada en la que perdieron la vida 17 campesinos y 14 más resultaron heridos, 27 años de impunidad.
En el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad, la justicia no se reduce a actos protocolarios de perdón y disculpas públicas desde las instituciones perpetradoras, donde se pone en el mismo nivel y naturaleza a víctimas y victimarios con la perversa intensión de redimir, purificar y rendir honores al victimario, en este caso el Ejército mexicano y con ello perpetuar la impunidad…mientras los criminales de la masacre de Aguas Blancas y los demás crímenes de lesa humanidad permanezcan en la impunidad, las víctimas seguirán en el sueño de los justos.
Un año después de la masacre de campesinos de la OCSS aparece el Ejército Popular Revolucionario (EPR), grupo armado subversivo que ocasionalmente envía comunicados a la opinión pública.
El crimen fue planificado con premeditación y ejecutado desde las altas esferas de la estructura militar con la participación de las fuerzas policiacas de Guerrero y funcionarios del gobierno estatal. En su cometido se puso en marcha toda la maquinaria y estructura del Estado, en sus tres órdenes de gobierno.
El motivo de la masacre fue político, en tanto que las víctimas tenían militancia política en la OCSS y su demanda fundamental por la que se movilizaron ese 28 de junio, fue la exigencia de presentación con vida de uno de sus compañeros desaparecidos en el municipio de Atoyac de Álvarez, Gilberto Romero Vázquez, en cuya responsabilidad figura la entonces presidenta municipal, María de la Luz Núñez Ramos.
Lo que sucedió no fue un simple acto de indisciplina de la Policía Motorizada o un operativo rutinario que se salió de control, tampoco una imprudente agresión, mucho menos un enfrentamiento, se trató de una masacre producto de un operativo contrainsurgente a gran escala, para el que se dispuso todo el aparato del Estado, antes, durante y después del crimen.
El 28 de junio de 1995 fue lo más visible de toda la estela de crímenes de Estado que hay en torno a esa fecha, las víctimas se enumeran por cientos y hoy ascienden a miles, en tanto que estos métodos y prácticas no han cesado, por el contrario, se han perfeccionado, muestra de ello es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
En Aguas Blancas y Ayotzinapa persiste el mismo patrón criminal de Estado, los mismos métodos de terror y perversidad sin límites ejecutados sobre población y territorios bien definidos, estrategia y táctica contrainsurgente que se ha aplicado y desarrolla hasta la fecha contra el pueblo inerme.
La masacre de los 17 campesinos en el Vado de Aguas Blancas es un crimen de lesa humanidad, como tal no prescribe hasta que se enjuicie y castigue a los responsables materiales e intelectuales. La responsabilidad pasa por toda la cadena de mando de las fuerzas policíacas y militares; por los funcionarios de las estructuras gubernamentales de todos los niveles de gobierno en funciones en esa fecha, y por los que hasta ahora les garantizan impunidad.
Los hechos. Esa mañana, tenían planeado protestar en Coyuca de Benítez y Atoyac, pero en un retén policiaco detuvieron las camionetas en las que se transportaban los campesinos, en el Vado de Aguas Blancas, los policías ordenaron a los campesinos de la primera camioneta que bajaran, luego a golpes los obligaron a tirarse al piso boca abajo con las manos en la nuca, sin darles alguna explicación.
El retén estaba integrado por policías judiciales y policías motorizados estatales. Cuando llegó la segunda camioneta se repitió la operación, a punta de golpes bajaron a los campesinos, todavía no terminaban de descender cuando comenzó la masacre: 17 campesinos asesinados y 24 heridos.
Mientras ocurría la masacre, sobrevolaba en un helicóptero el General Mario Arturo Acosta Chaparro, recuerda la defensora de Derechos Humanos e integrante de la OCSS, Norma Mesino Mesino, en el evento conmemorativo… A 27 años, los integrantes de la OCSS sostienen que la emboscada fue planeada. En ese tiempo, Rubén Figueroa Alcocer tenía de asesor al General Francisco Quiós Hermosillo, quien, junto con Acosta Chaparro, fueron los encargados de combatir la guerrilla de Lucio Cabañas y diferentes grupos insurgentes bajo una estrategia de guerra de baja intensidad y contrainsurgencia en lo años 70 y 80, que dejó en Guerrero un sinnúmero de desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales.
Testigos los señalan como iniciadores y perpetradores de los llamados “vuelos de la muerte” que salían de la Base Área de Pie de la Cuesta de Acapulco en el mandato de gobernador Rubén Figueroa Figueroa, padre de Figueroa Alcocer.
“En la masacre participaron todos los secretarios de estado en Guerrero, el procurador, el secretario de Seguridad Pública, el de Gobernación, el de Finanzas, todos jugaron un papel para acallar, socavar la lucha y la forma de protesta de la OCSS”, recuerda Mesino Mesino.
A pesar de que se consumaron violaciones graves a los derechos humanos, ninguna instancia internacional ha atraído el caso y el gobierno mexicano no ha acatado las recomendaciones, dejando en el limbo la masacre de Aguas Blancas.
Gerónimo Hernández Refugio es sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas. Está sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de secuestro por un falso testimonio. En diciembre cumple los 20 años, hace unas semanas fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Chiapas, sin aviso a su defensa ni a su familia.
Hegel Mariano, abogado de Gerónimo Hernández, interpuso un amparo por las violaciones a sus derechos humanos y su debido proceso; se ganó y se logró su regreso al Cereso de Chilpancingo.
En la marcha conmemorativa del vado de Aguas Blancas a la cabecera del municipio de Coyuca de Benítez, la OCSS exigió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reabrir el caso Aguas Blancas y hacer justicia a los 17 campesinos asesinados en ese paraje de Coyuca de Benítez por efectivos de la Policía Estatal Motorizada y agentes judiciales. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que las demandas por la liberación de los presos políticos y el esclarecimiento de las ejecuciones de dirigentes de organizaciones sociales, se mantienen vivas.
En el mitin realizado al término de la marcha, Norma Mesino, dirigente de la OCSS, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, cumplir su promesa de campaña de hacer justicia a las víctimas de esta masacre y la inmediata libertad de cuatro miembros de la organización, sobrevivientes de la masacre que siguen presos.
Este 2022 se cumplió un año más de la masacre de Aguas Blancas y la justicia no llega, siguen sin castigo los responsables, se sigue protegiendo a los principales responsables, se sigue pretendiendo el olvido y la conformidad social con verdades a medias, maniobras políticas y el “castigo” a encarcelados y ya liberados, chivos expiatorios. ¿Se podrá equiparar la destitución de un cargo público con las muertes de los 17 compañeros y más de 23 heridos? ¿A esto le llaman justicia?, como su lema: ¡Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos!
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