Prácticamente desde inicios de la administración estatal que encabeza el licenciado Mauricio Vila Dosal, los yucatecos organizados en el Movimiento Antorchista, nos dimos a la tarea de hacer entrega de un modesto pliego petitorio de demandas de obras y servicios, necesarios e indispensables para comunidades y colonias humildes del interior del estado y de la propia capital; demandas modestas pero urgentes de resolver para tener modestamente una vida digna; sin embargo, han pasado casi dos años y las demandas siguen ahí, recorriendo dependencias, escritorios y pasando de un funcionario a otro sin obtener hasta ahora prácticamente ninguna solución.
Las demandas de los antorchistas son harto conocidas por los funcionarios encargados de resolverlas y por la opinión pública: insumos agropecuarios (fertilizante, herbicidas, azúcar utensilios y herramientas), paquetes artesanales, empleo temporal, mejoramiento de vivienda (cuartos, techos, baños, pisos, cocinas y lámina), electrificaciones, pavimentación de calles, escuelas, despensas y otros; como podrá verse, nada superfluo; sin embargo, una y otra vez, bajo el "argumento" de que la normatividad de los programas trámite y entrega- son "personales" y "directos", los solicitantes se han visto prácticamente excluidos de estos, toda vez que, o bien la información no les llega a tiempo o simplemente "no cumplen" algún requisito.
Todo esto ocurre a la par que el gobierno de la 4T se niega rotundamente a tratar con organizaciones populares a las que acusa de "intermediarias", que se quedaban con la mayor parte de los recursos y que provocaban que al destinatario del programa solo llegara una miseria, beneficiando así a los líderes "corruptos" que se labraban un prestigio político y se hacían de una clientela electoral cautiva.Así, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho: "no más intermediarios corruptos, no más moches ni piquetes de ojo, ahora el dinero se entregará directamente al derechohabiente y los buenos resultados de los programas quedarán garantizados."
El planteamiento es bueno y suena lógico, sin embargo, pese a que este es el "argumento" más recurrente del presidente, él nunca ha presentado datos concretos sobre el monto de los "moches" que se robaban los "intermediarios" y tampoco existe denuncia formal en contra de organizaciones o individuos que realizaban tales hechos, pues es bien sabido que todos los programas y obras fueron y son ejecutados por las instituciones oficiales encargadas de tales tareas.
Esta política liquidacionista del Gobierno federal en contra de organizaciones y líderes ha cundido en todos los niveles de gobierno como hongos después de la lluvia.No es novedoso pues, que ahora los solicitantes vean coartados sus derechos de petición como grupos organizados, que los funcionarios amparados en estas disposiciones venidas de "arriba" no atiendan ni solucionen las demandas y necesidades más sentidas de los ciudadanos que desde hace años han visto la necesidad de organizarse para lograr algún resultado positivo en sus peticiones.
Sin embargo, los gobiernos locales no deberían ver a las organizaciones de ciudadanos como enemigos sino más bien como aliados necesarios en estos momentos en que el gobierno federal, concentra y detenta casi absolutamente los recursos, pues para nadie es desconocido que en este 2020 las participaciones de los estados disminuyeron sensiblemente, y antes desaparecieron muchos programas que atendían a sectores amplios de la población como el seguro popular, estancias infantiles, comedores comunitarios, etc., desmantelaron fideicomisos y casi desaparecieron el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), todos, destinados a paliar las graves necesidades de los desfavorecidos de este país.
Los yucatecos, además de verse afectados como todos los mexicanos por covid-19, el incremento del desempleo y la incipiente reactivación económica, fueron víctimas de las terribles inundaciones provocadas por las tormentas tropicales "Amanda" y Cristóbal", mismas que provocaron la pérdida de 95 mil hectáreas de cultivos 85 por ciento del total del estado,15 mil viviendas, afectaciones a la infraestructura carretera y daños incalculables al patrimonio de miles de familias por pérdida de electrodomésticos, animales de traspatio, ropa y muebles.Lo peor de todo esto, es que el gobierno federal canceló el seguro catastrófico de Yucatán, que permitía apoyar a los pequeños productores agropecuarios en caso de siniestro, o bien a aquellos que perdían sus humildes viviendas.Ahora nada de eso existe; de las 15 mil viviendas destruidas o dañadas solamente habrá apoyo para 68 familias, un verdadero insulto.¿Qué hará el gobierno estatal? ¿Conformarse y alinearse con el gobierno de la 4T?
Ahora bien, el alargamiento de la contingencia sanitaria, el desempleo, la mínima reactivación económica y las graves pérdidas por las inundaciones en el estado, está provocando que los sectores vulnerables de Yucatán, un día sí y otro también recurran a la sede del ejecutivo estatal a manifestarse ante la falta de apoyos de alimentación y empleo que les permita el sostén de su familia.Pero no hay respuestas, los escasos apoyos no se distribuyen parejo, sin distingo, a todos los necesitados y más bien, a la vieja usanza, se manejan con tintes políticos y electorales.Eso no ayuda al clima social que prevalece en estos momentos.
Por eso, ante la falta de inclusión en programas tan sentidos como el de empleo temporal, "peso a peso" para la obtención de insumos agropecuarios, entrega de láminas para remendar los techos afectados por las lluvias, despensas y otros urgentes e indispensables, los antorchistas del estado hemos iniciado una serie de movilizaciones y denuncia por esta falta de apoyos, siempre tomando en consideración y respetando las medidas sanitarias que la situación actual amerita.
El Gobierno estatal no debe imitar la política de no ver y no escuchar, asumida por el gobierno federal durante la pandemia sanitaria, el país se llena de contagios y de muertos por covid-19, el estado, también; el tejido social se descompone y un pueblo sin pan y sin trabajo puede tomar alternativas catastróficas que nadie busca ni desea; por tanto, solicitamos al señor gobernador del estado, licenciado Mauricio Vila, la revisión y atención puntual a nuestras modestas demandas.
México es un país con una Constitución justa y democrática en general, que otorga a sus ciudadanos el derecho a organizarse, solicitar, exigir y manifestarse en caso de que sus demandas sean negadas: eso es lo que hacemos los antorchistas.Por su parte, el Estado también tiene obligación de resolver positivamente a sus gobernados.Los yucatecos humildes, nos atenemos a eso.
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