México se ha caracterizado por ser uno de los países más atrasados en educación, así lo han demostrado diversas pruebas aplicadas a los estudiantes para medir el desarrollo de habilidades y conocimiento.
Para ello, cada tres años, a los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), aplica el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, conocida en México como prueba PISA. Se realiza a estudiantes de 15 años en nivel de secundaria, y evalúa el desarrollo de habilidades y conocimiento en tres áreas críticas para la formación: lectura, matemáticas y ciencia.
Esta prueba sirve para obtener información clara respecto a la calidad y la equidad en la educación. México participa en la prueba PISA desde el año 2000, la última evaluación que se llevó a cabo fue en 2018, y la siguiente estaba programada para 2021; sin embargo, debido a la pandemia de Covid-19 se pospuso para el 2022.
Pero, aunque no se realizó la prueba en 2021, podemos decir que en 2018 México se encontró en el penúltimo lugar de la OCDE, pues los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje bajo en el promedio de lectura, matemáticas y ciencias. Sólo el 1% de los estudiantes cuenta con un desempeño en los niveles de competencia más altos en al menos un área (promedio OCDE: 16%).
Aunado a esto, el portal web del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP) menciona la siguiente: “El gasto educativo se entiende como la suma del total de la función de educación, y lo asignado a la SEP por medio de otras funciones distintas a educación. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, este gasto asciende a 836 mil 400 millones de pesos (SHCP 2020). De aprobarse, el gasto educativo tendría un crecimiento nulo en términos reales, respecto al PEF 2020, y una caída de 1.3% real al compararlo con el gasto de Educación ejercido en 2019.
Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), representaría 3.3%, inferior al que representó en 2020, con lo que se mantiene aún por debajo del porcentaje mínimo que establece la Ley General de Educación (LGE), es decir, de 8% del PIB.”
La misma fuente menciona que, el 98.1 % del presupuesto destinado a educación sería empleado para cubrir gasto corriente, es decir, todos aquellos gastos necesarios para prestar servicios educativos, como nómina y otros gastos operativos. Además, 1.8% de este presupuesto sería destinado a cubrir gasto de capital diferente de obra pública, que contempla los recursos para la compra, alquiler o mantenimiento de bienes muebles. Una parte minoritaria del gasto, el 0.02%, se destinará a gasto corriente por concepto de gastos indirectos de programas de subsidios, y el 0.03% a la edificación de espacios educativos, es decir, a la construcción de obra pública.
Ante este panorama, no podemos esperar que la educación en nuestro país mejore, pues además de la poca inversión en este rubro, nos vimos afectados por la pandemia del coronavirus. Que, según los resultados de la Encuesta para la Medición del Impacto de la Covid-19 en el país, publicada por el Inegi, revela que más de 5 millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar actual por razones relacionadas a la crisis desatada por la pandemia.
La situación para millones de jóvenes en todo es país es desoladora, no olvidando los malos resultados obtenidos durante ya varios años en la prueba PISA, donde nuestra calificación en ciencias, matemáticas y lectura, es reprobable.
Urge pues que los estudiantes, exijan mejores condiciones educativas que les permitan desarrollar sus habilidades y conocimientos; no se puede pensar igual en una escuela que carece de material bibliográfico, de laboratorios, de mesas, butacas, hasta de los servicios básicos indispensables, a otra que, tiene todo para poder ser utilizada.
El claro ejemplo de lo que digo, son los estudiantes del EMSAD 05 de Venustiano Carranza del Municipio de Manzanillo, que, después de casi dos años, por fin les entregarán la construcción en su primer etapa de su escuela, no sin antes haberse manifestado en reiteradas ocasiones en la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Seidur), a donde llegó el recurso del PPEF, gestionado por el Movimiento Antorchista y la Federación de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) ante la SHCP. Pues, a pesar de ya estar el recurso en la institución, se tuvo que exigir el cumplimiento y terminación de la obra. Así nuestros gobiernos, que, en vez de apresurar las condiciones necesarias para los hijos del pueblo trabajador, las atrasan a más no poder.
Así como los estudiantes del EMSAD 05 apoyados por la FNERRR, decidieron luchar por mejores condiciones educativas. Urge que los estudiantes de Colima, y de todo el país, tomen el papel transformador que la historia les ha concedido, para mejorar las condiciones educativas y así poder transformar la sociedad en una más justa para todos.
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