Por tercer año consecutivo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expone su propuesta de gastos de los recursos de la nación, que envió al Congreso de la Unión; y, como es costumbre, dejó claras sus prioridades. Los sectores olvidados por su gobierno son varios, pero, por hoy, haré énfasis en el sector educativo, y particularmente, me referiré a la Secretaría de Educación Pública (SEP), como organismo responsable del buen funcionamiento y desarrollo de este rubro.
A este respecto, el pasado 7 de septiembre, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, entregó a la SEP un informe de infraestructura escolar, para un regreso a clases seguro, después de que en agosto pasado se implementaron de nuevo las clases presenciales. En él, se informa que 48 mil 667 escuelas registran necesidades urgentes de infraestructura que atender; más de 31 mil planteles no cuentan con agua potable, mientras que 24 mil 588 planteles requieren rehabilitación del sistema hidráulico y 21 mil presentan daños en el sistema de drenaje; además, los maestros informan que 5 mil 260 planteles fueron vandalizados durante estos meses de suspensión de clases presenciales.
Tras la entrega de este diagnóstico, la SNTE pidió a la SEP “se priorice la mejora de las instalaciones a través de programas y políticas públicas eficientes”, por lo que, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, se comprometió a garantizar entornos adecuados para las actividades presenciales, según datos del portal oficial del SNTE. A esto último quiero referirme específicamente.
El informe entregado por la SNTE a la SEP, es realizado en la coyuntura de las clases a distancia. Después de casi año y medio de confinamiento y donde los estudiantes tomaron sus clases en línea para evitar contagios; en agosto del año en curso, se retomaron las clases presenciales y las condiciones de los inmuebles no son las más favorables. En esta situación, es indispensable el tipo y calidad de la infraestructura de los planteles para salvaguardar la salud de los estudiantes, y con este informe que abarca a las 32 entidades de nuestro país, cualquier mexicano esperaría que los responsables de la educación en México, respondan adecuadamente para darle solución al problema en el menor tiempo posible; pero las cosas no siempre pasan como uno lo espera.
Para el año 2022, el presupuesto destinado a la SEP es de 364 mil 484 millones de pesos, que se traduce en un incremento del 4% con respecto al presupuesto del 2021. Aparte, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, se tiene programado un presupuesto destinado a programas y acciones para mejorar la infraestructura escolar, y que se concentra en cinco programas: a) La Escuela es Nuestra (LEEN), programa por medio del cual el gobierno entrega recursos para el mejoramiento y mantenimiento de las escuelas, el cual es administrado por un comité elegido por la comunidad estudiantil; b) Mantenimiento de Infraestructura; c) el Programa Nacional de Reconstrucción que tiene por objeto atender a la población afectada por desastres naturales; d) Proyectos de infraestructura social del sector educativo; y f) el Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa.
De estas cinco políticas para atender la infraestructura educativa, el programa LEEN concentra la mayoría de los recursos, teniendo un incremento del 11% con respecto al año pasado, mientras que el programa denominado “Proyectos de infraestructura social del sector educativo”, tiene un recorte del 80%, según datos de una nota de septiembre del portal Animal Político. Pero, aunque el programa LEEN concentre la mayoría de recurso, solo se planea destinar 5 mil 977 pesos mensuales por escuela, monto que alcanza solo para 8 pupitres por mes; mientras que el programa de Mantenimiento e Infraestructura Física Educativa plantea destinar, en promedio, 2 mil 624 pesos por cada preparatoria pública, y 1 mil 993 pesos por cada universidad pública anualmente; según datos del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees). Es decir, una miseria comparada con la magnitud del problema que representa el llevar a los jóvenes y niños a los planteles bajo esas lastimosas condiciones de infraestructura.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en una encuesta realizada a jóvenes de entre 3 a 29 años, es decir a la población estudiantil de todos los niveles, se arrojan los siguientes datos: 33.6 millones de personas estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020 (62.0% del total); de ellas, 740 mil (2.2%) no concluyeron el ciclo escolar: 58.9% por razones asociadas a la covid-19, y 8.9% por falta de recursos. Para el ciclo escolar 2020-2021, se inscribieron 32.9 millones (60.6%). Por motivos asociados a la Covid-19, o por falta de recursos, no se inscribieron 5.2 millones de personas (9.6%) al ciclo escolar 2020-2021. Sobre los motivos asociados al Covid-19, para no inscribirse en el ciclo escolar vigente, el 26.6% considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 25.3% señala que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo; y 21.9% carece de computadora, otros dispositivos o conexión de internet.
Esto quiere decir, que no solo el porcentaje de deserción estudiantil fue en aumento alcanzando cifras exorbitantes, sino que la calidad de las clases en línea es deficiente, y no aporta nada para que los jóvenes se preparen académicamente.
La educación, debe ser una prioridad de todos los gobiernos al momento de destinar los recursos económicos que juntamos entre todos los mexicanos a través de nuestros impuestos. Exijamos más y mejores condiciones educativas para todos los estudiantes del país. En la FNERRR, estamos luchando por los hijos de todos los mexicanos. Súmate y participa. Aún estamos a tiempo.
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