• Miles de familias buscan a sus desaparecidos mientras la crisis supera los 70 mil cuerpos sin identificar
En un desacierto más, de enorme gravedad, incurrió el gobierno de la llamada Cuarta Transformación al pretender vincular a las familias que integran los colectivos de búsqueda con intereses políticos ajenos a su legítima causa.
En México desaparecen alrededor de 40 personas diariamente y existen más de 70 mil cuerpos sin identificar en instalaciones forenses. Estas cifras, por sí solas, evidencian la magnitud del problema.
Se ha insinuado, de manera irresponsable, que estas movilizaciones estarían subsidiadas por grupos contrarios al partido en el poder, particularmente aquellos no afines a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Todo el país fue testigo, a través de la ya conocida “mañanera”, de una versión desafortunada que desvirtúa por completo el dolor y la lucha de miles de familias que recorren el territorio nacional en busca de sus seres queridos. Esta narrativa no sólo es errónea, sino profundamente ofensiva para quienes viven una tragedia cotidiana.
La periodista Carolina Ruvalcaba ha documentado cómo diversos colectivos han exigido una disculpa pública por parte de la mandataria, luego de considerar sus declaraciones como revictimizantes. En respuesta, han anunciado nuevas movilizaciones en la Ciudad de México, aprovechando la atención internacional que generan los partidos del Mundial de futbol, con el objetivo de visibilizar una crisis que el gobierno parece minimizar.
El colectivo “Hasta Encontrarte” ha sido claro: sus acciones no tienen motivación política, sino que responden a la urgencia de obtener respuestas institucionales ante una realidad alarmante.
En México desaparecen alrededor de 40 personas diariamente y existen más de 70 mil cuerpos sin identificar en instalaciones forenses. Estas cifras, por sí solas, evidencian la magnitud del problema.
Las exigencias de los colectivos son concretas y justas: acelerar los procesos de búsqueda e identificación, revisar decisiones gubernamentales recientes en materia de desapariciones, fortalecer la coordinación entre autoridades y atender las recomendaciones de organismos internacionales especializados en derechos humanos.
Sin embargo, lejos de atender estas demandas, el gobierno parece más enfocado en cuestionar el origen de los apoyos que permiten a las familias trasladarse y manifestarse. La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, ha señalado que investiga el financiamiento de algunas movilizaciones, lo cual resulta no sólo insensible, sino completamente fuera de lugar.
Es inaudito que, en vez de destinar recursos y esfuerzos para encontrar a los desaparecidos, se ponga bajo sospecha a quienes, con dolor y desesperación, buscan a sus hijos, hijas y familiares. Si alguien ha fallado en esta crisis, es el propio Estado, que no ha logrado garantizar justicia ni verdad.
El gobierno de la 4T enfrenta hoy una situación compleja, no sólo por la crisis de desapariciones, sino también por señalamientos internacionales que cuestionan su actuar frente al crimen organizado. En este contexto, asumir que toda crítica o movilización responde a intereses políticos es una postura simplista que evade la responsabilidad de fondo.La presidenta debe una disculpa pública. No se trata de un gesto político, sino de un acto mínimo de respeto hacia las víctimas. Porque mientras el gobierno se ocupa de investigar quién financia las protestas, miles de familias siguen buscando, con sus propios medios, a quienes les fueron arrebatados.
La prioridad debería ser clara: encontrar a los desaparecidos, no desacreditar a quienes los buscan.
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