El 6 de septiembre de 2021 el río Tula se desbordó sobre la ciudad de Tula, Hidalgo, afectando un centenar de calles y dejando 35 mil damnificados, dos mil 500 inmuebles afectados, cinco puentes dañados y 17 fallecidos; entre ellos 14 pacientes internados en un hospital del IMSS.
Tan solo 11 días después, el 17 de septiembre, otra inundación arrasó nuevamente con la ciudad, dejando al descubierto la necesidad de un cambio en el manejo del agua, pues estas inundaciones no fueron causadas por las intensas lluvias en el centro del país, como le atribuyeron las autoridades, el desbordamiento del río Tula se debió a la decisión gubernamental de desviar miles de metros cúbicos de aguas negras y pluviales provenientes del Valle de México para evitar la inundación de la Ciudad de México.
A un año de haberse suscitado este evento desastroso para los hidalguenses, hoy las familias afectadas continúan esperando las ayudas prometidas por el Gobierno estatal y federal desde entonces y los responsables siguen impunes. La Secretaría de la Función Pública ha decidido encubrir a los responsables del desbordamiento del rio: funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM), que decidieron expulsar las aguas negras del Valle de México hacia Tula.
La urgencia de invertir en infraestructura hidráulica que evite decisiones como las ocurridas y que el Gobierno morenista cumpla su palabra con los damnificados, cada día se vuelve impostergable, pues, una vez más, los pobres de Hidalgo, siguen pagando las consecuencias de malas decisiones de sus gobernantes.
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