Como es de su conocimiento Guerrero sufrió grandes daños ocasionados tanto por las tormentas tropicales así como por el huracán “Otis”.
El diario La Jornada explica que el huracán “Otis” arrasó no sólo con Acapulco sino con decenas de pueblos y comunidades aledañas debido a las poderosas ráfagas de viento y a la gran cantidad de agua precipitada durante la noche del 24 de octubre pasado por un fenómeno al que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sólo le tomó poco más de diez horas convertirse de tormenta tropical a huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.
Lo sucedido en Guerrero nos advierte otra vez sobre la urgencia de aceptar sin reservas que estamos frente a un cambio climático provocado por el ser humano cuyas consecuencias devastadoras debieran poner la prevención y la preparación frente a los riesgos provocados por estos fenómenos —convencionalmente llamados “naturales”— en un lugar preponderante de la agenda de los estados contemporáneos y de sus obligaciones ante sus sociedades.
Los testimonios son desgarradores: familias que sobrevivieron resguardadas en rincones de sus viviendas, personas atrapadas en los baños de sus casas, supervivientes en edificios costeros arrasados por los vientos, colonias enteras destruidas por los vientos o inundadas por el desbordamiento de ríos y lagunas, calles y casas destrozadas por aludes de lodo; la pérdida de cosechas enteras, marineros desaparecidos por permanecer en las embarcaciones a su cargo; la desinformación, la lenta reacción gubernamental posterior a los hechos; la escasez de víveres para toda la población, entre tantas otras penurias que los habitantes han padecido y reclamado.
La veloz progresión y alta potencia de “Otis” no ofreció mucho margen para prevenir los daños materiales en poco tiempo, pero parece claro que se pudo haber hecho mucho más para procurar un mejor resguardo de la población: la suspensión inmediata de actividades, la alerta con carácter de urgencia por todos los medios desde canales oficiales, la habilitación de refugios temporales, el desalojo inmediato de zonas vulnerables y la preparación de un plan de atención y reabastecimiento posterior al paso del huracán.
En cualquier caso, toda autoridad de una región costera tiene la obligación de estar preparada para atender de manera inmediata y prioritaria estos fenómenos ocasionando que los hogares de los habitantes de dichos municipios fueran afectados, principalmente los de madera con techo de lámina.
En Guerrero, cerca de 10 % por ciento de los niños y jóvenes de entre tres y catorce años que viven en el estado no asisten a la escuela, y su calidad de vida se ha agravado desde el paso de “Otis” por la entidad.
Otros sufrieron daños en infraestructura, como son las paredes, ventanas, tinacos, que volaron, en el caso de las escuelas que se encuentran en estas zonas, no se salvaron de sufrir grandes daños.
Lo acontecido demuestra que las autoridades no son competentes y la población no está preparada para enfrentar algo como lo sucedido hace unos meses. El sector educativo, con los daños sufridos en los planteles, los obliga a alejarse temporalmente y buscar otras alternativas con el fin de salvaguardar la integridad física de los estudiantes y planta docente, lo que traerá retroceso en el aprendizaje del educando.
De por sí los docentes han sostenido la batalla de regularizar a jóvenes que atienden, como resultado de la pandemia de covid-19, ahora con el huracán todo ese esfuerzo se esfuma. De acuerdo con Infobae, debido al paso del desastre natural, también se ocasionó la falta de condiciones mínimas de salubridad, seguridad e infraestructura, por lo que, la autoridad educativa local ordenó el cierre temporal de escuelas en los municipios afectados.
Al inicio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, declaró 46 de los municipios afectados por el huracán, en los cuales se aloja a siete de cada diez estudiantes de educación obligatoria en Guerrero.
Pese a la gran cifra estudiantil, las autoridades educativas, tres meses después aún no terminan de evaluar y cuantificar los daños que sufrieron las escuelas. Si bien la Secretaría de Educación de Guerrero reporta daños en 369 planteles de educación obligatoria con afectaciones por el huracán, estos reportes refieren únicamente a Acapulco y Coyuca de Benítez, es decir, sólo se contabilizan los daños en dos de los 46 municipios señalados.
Ante este resultado cuantitativo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un análisis basado en el tamaño de la matrícula, el cuerpo docente y las escuelas que se encuentran dentro del total de comunidades afectadas en Guerrero, con lo que estima que, dentro de los 46 municipios afectados por el huracán, hay 625 mil estudiantes, 38 mil docentes y 7 mil 498 escuelas de educación obligatoria afectadas por el cierre de escuelas debido a la emergencia.
De acuerdo con el Plan General de Reconstrucción de Guerrero, la recuperación educativa dista de ser una prioridad, pues, aunque en él se considera un monto de 10 mil millones de pesos para el abastecimiento y mejoramiento de líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas, los dos aeropuertos y otros servicios, no se especifican los alcances que este deberá tener para su aplicación en temas educativos.
Tampoco se ha trazado una ruta de emergencia para la reconstrucción prioritaria de escuelas, con el propósito de reducir al mínimo su cierre prolongado y evitar así las repercusiones que esta prolongada interrupción tendrá en la educación de los niños y jóvenes que viven en las zonas más afectadas.
Guerrero se ubica como la tercera entidad con la escolaridad promedio más baja en el país. Mientras que la escolaridad promedio a nivel nacional es de 9.7 años, el estudiante promedio en Guerrero cuenta con 7.6 años de educación, lo que equivale a terminar primero de secundaria.
En ese sentido, por cada 100 habitantes de quince años y más, hay doce que no tienen ningún grado de escolaridad y sólo dieciséis terminan la educación superior. Además, cerca de diez por ciento de los niños y jóvenes de entre tres y catorce años que viven en el estado no asisten a la escuela.
La interrupción de las clases presenciales puede afectar negativamente la continuidad del aprendizaje, especialmente para aquellos que ya enfrentan desafíos socioeconómicos y de quienes no tienen acceso a internet.
En ese sentido, el Banco Mundial ha reportado que un estudiante promedio que deja de asistir a clases por períodos prolongados de tiempo, podría perder un 8 % de su ingreso anual futuro, lo que equivale a un mes de salario al año por el resto de su vida productiva.
Más allá de las cifras, el IMCO resalta que el primer paso para evitar que las consecuencias educativas se agraven es tener un recuento acertado sobre la realidad de 7 mil 500 escuelas en los municipios afectados por el huracán.
Además de apoyos monetarios por parte del Gobierno, se debe no solo basarse en la infraestructura escolar, sino también en proporcionar apoyo emocional a los estudiantes y maestros afectados, así como implementar estrategias flexibles, como educación en línea o la adaptación de espacios para fines educativos, con el objetivo de garantizar la continuidad del aprendizaje en todos los municipios afectados por el huracán “Otis”.
Hoy más que nunca el magisterio guerrerense de educación básica, media y superior necesita el apoyo del Gobierno, tanto estatal como federal, para mejorar los espacios educativos, de infraestructura, apoyo con materiales didácticos; que se restaure la electricidad y que la señal de internet llegue a todos los rincones del estado de Guerrero para mejorar la calidad educativa, por lo que se piden hechos y no sólo palabras, como hasta el momento.
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