Los huracanes en la zona de la Sierra Nororiental de Puebla siempre dejan múltiples daños, y aunque son fenómenos fortuitos, ocurren de manera frecuente de agosto a noviembre. Es decir, si bien es cierto que son fenómenos naturales cuya intensidad y fuerza es difícil de predecir, su recurrencia está bien establecida.
Por tanto, las autoridades locales, estatales y federales deberían tomar todas las medidas preventivas para resguardar a la población y mitigar sus funestas consecuencias, pero he aquí que el comportamiento de las autoridades sí es totalmente predecible porque, salvo honrosas excepciones, se quedarán con los brazos cruzados a esperar que sucedan y más de un millón de habitantes serranos quedarán expuestos a perder sus cultivos, sus pertenencias y la vida.
Por ejemplo, el huracán Grace que azotó a esta zona durante el mes de agosto del año 2021 dejó una superficie afectada de 43 mil hectáreas. A las personas no se les informó de la gravedad de este huracán. Ninguna autoridad local o estatal hizo lo necesario para acondicionar albergues y utilizarlos en caso de una desgracia, menos se realizó una evacuación en las comunidades con mayor riesgo de afectaciones.
El resultado de esto fueron daños devastadores, se estimaron más de 50 mil casas dañadas en todo el estado y 17 mil 916 solo en la zona nororiental, además de que la mayoría de las personas perdieron gran parte de sus cultivos: alrededor de 18 mil 453 hectáreas de plantíos dañadas en 11 municipios de la sierra norte y nororiental, productos como maíz, frijol, café y plátano fueron de los más afectados por el huracán, además de que la recuperación de árboles maderables es la que más tardará en regresar a la normalidad. Escuelas, canchas y caminos también se vieron afectados, comunidades quedaron aisladas e incomunicadas, sin energía eléctrica por más de dos semanas, y desgraciadamente se reportaron pérdidas humanas.
Las comunidades de la sierra, en su mayoría indígenas, dieron muestras de trabajo colectivo, y fueron los mismos habitantes los que se aprestaron, mediante faenas, a restaurar caminos, quitar piedras y lodo, y a apoyar a las familias más afectadas. Mientras las autoridades y políticos brillaban por su ausencia.
El Gobierno federal mencionó que, con base en los censos realizados por la Secretaría de Bienestar, destinará un pago de 35 mil a cada uno de los hogares que fueron catalogados con daños estructurales parciales o totales y un pago de Cuatro mil 500 a 16 mil 649 personas con daños en sus plantíos.
El problema es que la realización de estos censos no fue el correcto, ya que no se tomó en cuenta a todas las personas afectadas y algunos se entregaron con favoritismo a morenistas de los municipios como Ixtepec, Olintla y Cuetzalan del Progreso. El reclamo de falta de atención se hizo presente en el recorrido del presidente en los municipios afectados.
No se puede esperar que la situación mejore, pues estamos en plena temporada de huracanes, y lo dicho, nuevamente no se tomaron las previsiones, ni se diseñó alguna estrategia que coadyuve a que los meteoros sean menos dañinos a los serranos, y el tiro de gracia para los más vulnerables es que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Fondo para Desastres Naturales (Fonden) es letra muerta y, por tanto, de lo que suceda no se debe responsabilizar a un fenómeno natural, sino a los funcionarios y autoridades que actúan como si la vida de los serranos no importara. Ellos serán los culpables de las desgracias que se avizoran en el corto plazo.
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