La desigualdad no cede en la tierra sudcaliforniana; por el contrario, se incrementa, y los gobiernos han sido muy eficaces y buenos colaboradores para enriquecer a unos pocos y mantener en la pobreza a la inmensa mayoría de la población. Esto se concluye tajantemente del informe más reciente de Oxfam México.
Hay más despojo de la riqueza social que produce toda la sociedad mexicana, incluida la sudcaliforniana, y hay extracción de la misma, es decir, hay un vil saqueo de lo que la sociedad mexicana y sudcaliforniana producen.
Dos son los mejores resultados de ya casi siete años de gobiernos morenistas en todo el país: la extrema pobreza y la extrema riqueza. Y, si la desigualdad crece cada año en más millones de pobres, por un lado, y en unas cuantas familias multimillonarias, por el otro, eso solo puede suceder a través de mecanismos de distribución de la riqueza que son esencialmente injustos, aunque sean legales, que no han sido modificados en siglos, siglos literalmente, y con la colaboración consciente de los gobiernos.
En otras palabras, hay más despojo de la riqueza social que produce toda la sociedad mexicana, incluida la sudcaliforniana, y hay extracción de la misma, es decir, hay un vil saqueo de lo que la sociedad mexicana y sudcaliforniana producen tal cual: sin disimulos.
Esta forma de entender nuestra realidad ya ha sido denunciada en múltiples ocasiones, pero ahora se refuerza con la publicación en febrero pasado del informe de la organización internacional Oxfam México, denominado Beneficios en fuga, que nos parece importante que la sociedad sudcaliforniana conozca y que resume en su imagen de portada la esencia del estudio que presenta: elementos de la naturaleza de México y el propio país son metidos en una máquina trituradora que saca dólares, no pesos mexicanos, por el otro lado: beneficios fugándose.
Cuando más se requieren en BCS políticas de protección y redistribución de riqueza social y apoyo a los sectores de la población más lastimados, es cuando más pretextos gubernamentales se ponen para no realizarlas. Estas acciones evasivas tienen nombre y apellido, no son fuerzas abstractas, sino personas reales, de carne y hueso, quienes ejecutan políticas totalmente contrarias a lo que dicen hacer y han prometido.
Esto no es casual, ni producto de la buena o mala suerte: es producto de la forma en que está organizada nuestra sociedad desde su base material, es decir, desde la forma de producir capitalista y explotadora.
Lo anterior se nota en asuntos tan graves como la falta de agua y de vivienda para las poblaciones de La Paz y de Los Cabos, lugares donde está concentrada el 90 % de la población sudcaliforniana. Son problemas sociales acuciantes, que tarde o temprano harán explosión, para los cuales no hay en el corto ni en el mediano plazo planes y medidas eficaces para resolverlos de raíz por parte de quienes deben hacerlo según las leyes.
Por ejemplo, la población cabeña está creciendo al espantoso ritmo de 14 a 16 % anual; esto significa que el déficit de vivienda crece al menos al mismo ritmo, a lo que debe sumarse la generación interna de demanda de vivienda por la población previa: una locura.
A pesar de ello, las soluciones de vivienda que da la 4T son, por decir lo menos, francamente insuficientes: 704 familias beneficiadas por el programa de vivienda en los próximos dos años y —supuestamente— 37 mil 500 en total para BCS en el sexenio. Datos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, revelaban en 2023 que en el municipio de Los Cabos existían un aproximado de 26 mil personas en busca de una vivienda de interés social; en tanto que el director del Instituto Estatal de la Vivienda, Benjamín García Meza, dijo hace apenas unos días que hay un déficit en todo el estado de 60 mil viviendas.
Un estudio reciente realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Coordinador de Los Cabos resaltó que en los últimos veinte años el municipio ha crecido un 244 %; esto significa que, en promedio, cada siete u ocho años, la ciudad duplica su tamaño. ¿No le parecen ridículamente enanos los planes de 37 mil nuevas viviendas en seis años?
Tan sólo las proyecciones del Inegi estiman que dentro de quince años tendremos unos 800 mil habitantes en este municipio. O sea, para cuando Sheinbaum cumpla, si lo hace, el problema no solo persistirá, sino que se hará más grande.
Como queda claro, se avecina un huracán social, una verdadera conmoción que amenaza la estabilidad social y sus consecuencias no serán responsabilidad de las víctimas del capitalismo depredador, vestido hoy de guinda.
La irresponsabilidad por las consecuencias de tan nefasta política social de la 4T, en general en el país, no es cuestión de incapacidad mental, corrupción o inconciencia de sus funcionarios, sino que es consustancial al modo de producción que tiene la ganancia del capitalista como objetivo central de toda actividad social.
El capitalismo no puede ser socialmente responsable; su afán ingobernable de riqueza lo conduce a sacrificar a su población. No son palabras, ya son hechos constatables desde hace mucho y más aún con los actuales datos de pobreza: según Evalúa CDMX, con su método de medición multidimensional de la pobreza —un método más confiable científicamente— un 70.7 % de la población sudcaliforniana vive con pobreza de vivienda: siete de cada diez familias choyeras malviven en pobreza de vivienda y en hacinamiento.
La solución de unos pocos cientos de viviendas que se le está dando a esas familias, pues, no es solución, sino evasión… o meramente negocio, como suele ocurrir con las obras faraónicas que emprende la burguesía mexicana.
No hay medidas tendientes a resolver de raíz estas profundas desigualdades porque no tienen la intención de hacerlo: siete años de gobierno de la 4T debe ser plazo ya más que suficiente para entenderlo, y quienes están obligadas a entenderlo, primero que nadie, son las mentes más honestas y limpias de la propia 4T, para que procedan de inmediato a tender su mano amiga al pueblo que clama por soluciones urgentes.
Oxfam explica que, si los bancos se enriquecen con grandes comisiones y grandes intereses, es porque no se les regula por los gobiernos, que los dejan hacer a su antojo, y debemos decirlo francamente: BCS también es un paraíso para los bancos.
Que, si los concesionarios de agua la extraen de una manera desorbitante y le dan usos irracionales, alejados de la justicia social y de un uso humano, es porque los gobernantes no han fortalecido a las instituciones que podrían poner un límite al negociazo de tenerla acaparada, y allí también se ve claramente su colaboración y franca complicidad. Para poner esto en perspectiva, el mantenimiento de cada campo de golf en Los Cabos, BCS requiere 2 mil 300 metros cúbicos de agua diarios, suficientes para satisfacer las necesidades diarias de 8 mil residentes.
Si se considera que hay al menos 23 campos en operación, el consumo total equivaldría al abastecimiento de 184 mil personas, sin contar jardines, albercas y toda el agua que requieren más de 22 mil habitaciones, miles de casas y departamentos para renta turística, restaurantes y un larguísimo etcétera.
Si el estado provee y garantiza mejores servicios públicos y de calidad infinitamente superior a los turistas y no a su propia población, a la que ha mantenido por décadas en condiciones de pobreza espantosas, a pesar de haber cambiado de partidos gobernantes, es porque en los destinos turísticos los pobres no son negocio y sólo se les usa como fuerza de trabajo turística, sacrificable además, como queda probado.
Oxfam dice textualmente: “Si los beneficios no se quedan en nuestro territorio, se trata de enclaves (es decir, de una colonia, o sea, un territorio dominado política y económicamente por un país extranjero); si los beneficios no se quedan para las mayorías se trata de extracción, y si la política económica de los gobiernos defiende la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, eso no es desarrollo, eso es saqueo.”
Para fortalecer la capacidad institucional y regulatoria del Estado mexicano es necesario cambiar de clase en el poder, en otras palabras, para tener gobernantes que pongan un verdadero límite racional al saqueo de que estamos siendo víctimas, es preciso que dichos gobernantes procedan de otra clase social, no de las mismas clases que por siglos han estado saqueándonos. O los pobres nos organizamos para lograrlo mediante procesos legales y pacíficos, o dejamos que estos ambiciosos nos conduzcan a nuestra perdición.
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