MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Sólo demandas populares bien justificadas

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Una buena recepción por parte de los gobiernos de Hermosillo y del estatal tuvieron los pliegos petitorios que les presentó el Movimiento Antorchista de Sonora el pasado miércoles 6 de octubre. En el caso municipal, un hecho que marcó una diferencia histórica no sólo con otros pliegos petitorios de esta organización, sino con cualquiera otra, fue la actitud de Antonio Astiazarán: cosa nunca antes vista, el edil salió de su palacio municipal para ir a la plaza de la Bandera a recibir personalmente el documento frente a la multitud antorchista de varios cientos de delegados, quienes representando a sus grupos y regiones, realizaron un evento político cultural a las 9:30 am en dicha plaza y allí, en el pequeño estrado, Astiazarán firmó el documento y dirigió un discurso de colaboración para encontrar soluciones a la problemática planteada. 

En el caso del Gobierno Estatal, el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, salió de su oficina para ir a otra de menor jerarquía a recibir de manos del Comité Estatal antorchista en pleno el documento correspondiente; los videos publicados en la página de Facebook del antorchismo estatal son elocuentes al respecto y dan cuenta de un discurso de apertura e inclusión políticas por parte del funcionario.

En ambos casos no hubo discursos de reproche de ningún tipo ni siquiera débiles alusiones de que fueran abusivos “intermediarios” los solicitantes que presentaron de manera organizada sus peticiones para solucionar cientos de demandas populares. Y es que dos aspectos del evento político eran inocultables y permitieron esa tónica: primero, el prestigio en Sonora de una organización popular gestora que se conduce con legalidad, de manera responsable y civilmente correcta, que nunca en la vida de Sonora y de Hermosillo ha provocado  violencias, ni pintarrajea o destruye puertas o edificios sino que defiende auténticamente causas de los más humildes, eso sí, con la energía que se requiera según sea la respuesta gubernamental, pero siempre anteponiendo la vía pacífica de nuestro Estado de Derecho y exigiendo sólo lo que la ley permite. Tal conducta política tradicional del antorchismo nacional le condujo en Sonora a llegar a este momento de encuentro sin tiranteces innecesarias, sin acusaciones ni recriminaciones por parte de las nuevas autoridades sino una franca y abierta disposición al diálogo, como fue del conocimiento público.

El otro aspecto de este acontecimiento fue el carácter popular innegable del evento en la plaza de la Bandera. En efecto, para quien haya sido testigo de la concentración fue notorio que allí estaba presente pueblo humilde: el origen de la clase social allí representada no dejó lugar a dudas. Estuvo presente solo pueblo organizado, festivo y alegre, cantando, bailando y declamando, confiado en su lucha que, además, se condujo sin vandalismos ni groserías, como también tradicionalmente se ha conducido nuestra fraternidad, actitud que dio la confianza a las autoridades de acudir a ella o de recibir a una numerosa comisión nuestra sin temores de recibir maltratos de ningún tipo.

La primera respuesta gubernamental, pues, que es de carácter cordial y de apertura, se la ha ganado a pulso el pueblo sonorense organizado que durante años ha luchado lealmente por llevar progreso a sus comunidades. Esperemos ahora que los gobiernos analicen a detalle nuestras peticiones y decidan por dónde empezar a solucionar el mar de carencias de nuestro pueblo, del que dicho pliego es sólo una parte. Sabemos que sólo encontrarán en nuestro documento demandas populares bien justificadas, auténticas que esperan la respuesta de gobiernos solidarios con los humildes. Y por aquello de “no te entumas”, reafirmamos públicamente lo que siempre hemos expresado: en el documento también hallarán que no pedimos nada para las estructuras dirigentes de nuestra organización, ni siquiera administrar un solo peso. Sólo hemos solicitado atentamente la solución de nuestras carencias de infraestructura social y de servicios públicos, sabedores de que la ley señala que sean las propias autoridades o quienes públicamente ellas mismas elijan, los que ejerzan los recursos que el pueblo ha puesto en sus manos. Sea.

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