Desde antes del inicio del sexenio lopezobradorista quedó claro que la distribución del gasto público no tendría las mismas prioridades que en sexenios anteriores. Se veía venir, so pretexto de “austeridad”, la falta de recursos para muchos organismos, su nulificación de hecho al no tener dinero para operar o cuando menos la reducción de sus posibilidades de acción. Ante esto, diversas organizaciones –la principal, el Movimiento Antorchista Nacional (MAN)– se movilizaron para protestar en contra de la reducción de presupuesto para obras y apoyos destinados a la gente humilde. Tanto en 2018 como en 2019, durante varias semanas de diciembre, miles de antorchistas acamparon día y noche en San Lázaro, en una de las protestas legales más aguerridas, valientes y concurridas de las que se tenga memoria en tiempos recientes: Morena en los cuernos de la luna, el ejército de chairobots atacando más fuerte que nunca y López Obrador con la fuerza de un presidente “como no se veía en décadas” quien, sin aportar una sola prueba, vomitó por todo el país que Antorcha robaba dinero público. Con todo y esto, el MAN aguantó la embestida de la 4T y se mantuvo firme en su justa protesta; las obras esenciales, el presupuesto requerido a lo largo y ancho del país debería ser asignado para algo más que los programas de compra de votos del presidente; no era justo que se repartieran infames mendrugos al pueblo a través de los programas “estrella” de AMLO, para que los trabajadores agradecieran a este en las urnas, a costa de desatender necesidades básicas de los trabajadores. Lo dijo el MAN, y aguantó la embestida de la 4T, que todo el tiempo lo desacreditó ante los ojos del país y desoyó los justos reclamos.
Pero el MAN, en su defensa de la razón y el derecho no solo aguantó las calumnias oficiales, sino también la burla y la indiferencia de muchos, que se solazaban al escuchar los insultos. Muchos cayeron en el garlito de que al negar soluciones a los antorchistas, AMLO y chairobancada, castigarían así a los líderes “corruptos y ladrones”. Pero qué pronto se dieron cuenta de que los afectados con el ejercicio sectario del presupuesto serían la mayoría de los mexicanos: desde la aprobación de los c (PEF) de cada año los municipios vieron que sus posibilidades de hacer obra pública quedaron prácticamente canceladas, convirtiéndose muchos ayuntamientos sin tradición de lucha en simples administradores de servicios públicos; hoy, con motivo de la crisis de la covid-19 y la crisis económica que le es aneja, los gobiernos de los estados ven que no les alcanza el presupuesto de que disponen para atender sus múltiples necesidades elevadas grandemente por la gran crisis; no cuentan con suficiente dinero para equipar hospitales ni para proveer servicios en la cantidad y calidad requeridos, y de la reactivación de la economía mejor ni hablamos, ya que se vuelve imposible lograrla con los recursos ordinarios. Se oye un clamor nacional de ayuntamientos y estados que requieren préstamos bancarios para poder paliar la crisis.
Una preocupación auténtica del gobierno local por el pueblo de Culiacán se habría demostrado si peleara el presupuesto a que tiene derecho junto con su pueblo, si movilizara a este como hacen los ayuntamientos de Chimalhuacán e Ixtapaluca, ejemplos nacionales de compromiso con sus gobernados, que diariamente luchan y se movilizan para aminorar las arbitrariedades de la 4T. Pero no soñemos; un gobierno que concientiza masas y las moviliza se compromete de por vida, por ese solo hecho, a responder y ser fiel a ese pueblo; de lo contrario, se expone a ser defenestrado por ellas. Por ahora, conformémonos con que si alguna corriente política quiere ganar adeptos no lo haga con base en campañas manipuladoras, sino incluyendo en su plan de acción soluciones reales a las necesidades de los pobres, y comprometiéndose a luchar por ellas permanentemente, cueste lo que cueste.
El pueblo por su parte, debe informarse –léase, debemos informarlo, y rápido, que el tiempo apremia– mejor, para no ser víctima de la manipulación de unos ni de otros; debe organizarse y, así y sólo así, caminar el 2021 con quien le presente compromisos claros; con quien incluya en su plan de acción, concretamente, las necesidades de empleo, salud, ingresos, educación y vivienda, de todos los maltratados por la 4T. Solo así el pueblo estará mejor representado después de las elecciones venideras. Apuremos el paso, o lamentaremos el resultado de nuestra inacción y/o falta de eficacia.
Y al discurso claro, de propuestas concretas, hay que sumarle un análisis de la actividad de los candidatos. ¿Qué han hecho en su carrera política, en su vida, por los demás? ¿Su conducta diaria avala la propuesta que hacen? ¿Hay congruencia entre lo que dicen y han hecho? Si encontramos que no han hecho nada parecido a lo que proponen o nada que, aunque en menor medida, haya reflejado en la práctica sus buenas intenciones, no hay la menor probabilidad de que cumplan con lo que andan ofreciendo. A juzgar por el comportamiento de los candidatos de Morena a la alcaldía de Culiacán y gubernatura de Sinaloa, respectivamente, entran en esta última clasificación; sus hechos no avalan sus promesas de hoy: han atentado contra la economía del país y local, han castigado a la gente en la pandemia, han rehusado la liberación de recursos para agilización de construcción de obras, han castigado a los habitantes de colonias irregulares, cortándoles el suministro del vital líquido, han ignorado protestas masivas que piden soluciones a diversos sectores sociales, etcétera. Quien tenga ojos para ver, que vea y niegue su voto a los morenistas cuyo mayor mérito para competir por tan importantes puestos es ser turiferarios de López Obrador, al que adulan y ensalzan para ganarse su favor, aun a costa de traicionar al pueblo.
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