• La falta de médicos, fármacos y agua potable en la Sierra Tarahumara exige una respuesta estatal inmediata y la organización del pueblo
¿Quién no ha escuchado hablar de la majestuosidad de la Sierra Tarahumara? El solo hecho de escuchar de esta bella tierra evoca postales turísticas, paisajes únicos y la imagen aguerrida del pueblo rarámuri corriendo entre barrancas infinitas.
Esa estampa se repite en folletos oficiales, campañas políticas y discursos llenos de promesas. Pero detrás de esa narrativa colorida y conveniente, la realidad cotidiana es mucho más dura: la sierra vive una crisis de salud que golpea, sobre todo, a quienes menos tienen.
La salud no puede depender del código postal ni del origen étnico; es momento de levantar la voz, como un solo hombre, para exigir que la justicia social sea un derecho y no un favor.
En los últimos meses, distintos grupos étnicos de la región se han manifestado para exigir algo tan elemental como médicos, medicamentos y atención digna. No piden lujos ni hospitales de alta especialidad; reclaman consultas básicas, abasto de fármacos y personal suficiente para atender enfermedades que, en cualquier ciudad, se resuelven con rapidez. Lo que para unos es rutina, para los habitantes de la sierra puede significar días de angustia o incluso la muerte.
La infraestructura sanitaria es claramente insuficiente; muchas comunidades cuentan apenas con pequeñas clínicas rurales que abren de manera intermitente o permanecen cerradas por falta de personal.
En otras, simplemente no hay nada. Cuando un niño enferma, una mujer embarazada presenta complicaciones o un adulto mayor necesita tratamiento, la única alternativa es trasladarse hasta Ciudad Cuauhtémoc o la capital del estado.
Ese viaje no sólo implica horas de camino por brechas y carreteras en mal estado, sino un gasto que las familias no pueden asumir.
Para quienes viven al día, el costo del transporte, la comida, el hospedaje y los medicamentos se convierte en una carga imposible. A menudo deben vender animales, pedir préstamos o dejar de trabajar varios días.
Es decir, la enfermedad no sólo deteriora la salud, también hunde la economía familiar. La pobreza se vuelve más profunda y el círculo de marginación se repite generación tras generación.
Resulta indignante que esta precariedad conviva con la constante utilización de la imagen rarámuri, y de otros pueblos originarios de la zona, en la propaganda política. Sus rostros aparecen en espectaculares, informes de gobierno y campañas que presumen “inclusión” y “justicia social”.
Se dice que las políticas públicas están pensadas para ellos, que son prioridad. Sin embargo, en la práctica, son relegados, engañados y utilizados únicamente para fines electorales. Después de cada proceso, vuelven a quedar en el olvido.
No se les escucha ni se resuelven sus demandas más básicas; las promesas se diluyen entre la burocracia y la indiferencia. Pareciera que su valor termina cuando se apagan las cámaras. Esta contradicción revela un problema más profundo: la falta de voluntad real para garantizar derechos, no dádivas.
A la crisis de salud se suma otro golpe silencioso pero devastador: la falta de agua. Las sequías de 2024 y 2025 afectaron duramente a la región, pero el problema no se reduce a que no llueva.
Muchas comunidades carecen de sistemas formales de red de agua potable. Sin infraestructura, cualquier temporada seca se convierte en emergencia. Sin agua limpia, aumentan las enfermedades gastrointestinales, las infecciones en la piel y otros padecimientos que agravan aún más la situación sanitaria.
¿Cómo hablar de prevención de enfermedades cuando no hay agua para beber o asearse? ¿Cómo exigir higiene si se caminan kilómetros para llenar un par de cubetas?
La ausencia de servicios básicos hace todavía más difícil la vida de las familias rarámuri y demuestra el abandono histórico al que han sido sometidas.
La Sierra Tarahumara no necesita discursos compasivos ni programas asistencialistas que repartan despensas cada tanto. Necesita soluciones reales y tangibles: clínicas equipadas, médicos permanentes, medicamentos suficientes, caminos transitables, ambulancias, sistemas de agua potable. Necesita políticas construidas con la gente, no desde escritorios lejanos.
Las autoridades deben atender de inmediato esta demanda legítima; deben ver a los rarámuri no como símbolo folclórico, sino como ciudadanos con derechos. Escucharlos, dialogar y cumplir. La salud no puede depender del código postal ni del origen étnico.
Pero también esta realidad nos grita algo más profundo: urge la organización del pueblo. Urge que las comunidades se informen, se eduquen políticamente, conozcan sus derechos y exijan juntos lo que les corresponde.
La historia demuestra que nada ha sido regalado; los avances se conquistan con unidad y firmeza.
Es momento de levantar la voz, como un solo hombre, y demandar justicia; basta de promesas vacías y políticas de caridad. La sierra no puede seguir esperando; la vida y la dignidad de miles de familias rarámuri dependen de que el Estado cumpla su obligación. No es un favor: es un derecho.
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