Teoricamente, el sistema democrático que impera en nuestro país, establece que el ciudadano que pretenda obtener un cargo dentro de la estructura de gobierno, sea éste en su función como Ejecutivo o Legislativo, tiene que ganarse la simpatía de los votantes mediante propuestas serias y bien meditadas y, sobre todo, con posibilidades reales de llevarlas a la práctica. Ello implica tener un conocimiento claro y preciso de las condiciones sociales en que ese momento imperan en la zona o región que comprenda la jurisdicción del cargo que pretenda alcanzar, sea este de un distrito determinado, si nos referimos a un diputado o senador; o una presidencia municipal, gubernatura o la propia presidencia de la república, según sea el caso. Por otro lado, los ciudadanos, convencidos de las propuestas del o de los candidatos, ejercen su derecho de votar, otorgándole la legitimidad al ganador. Aquí se cierra un ciclo de un proceso, de tantos que comprende el complicado juego democrático de una república como la nuestra, para dar inicio a otro proceso, el de gobernar.
Nuestra constitución política dice también que el personaje que gane una contienda, una vez asumiendo el cargo tiene la obligación de gobernar para todos, sin distinción de partidos, religión o clase social. Sin embargo, la realidad es muy diferente de lo que está escrito en el papel de nuestra carta magna, producto de las aspiraciones de los protagonistas de la Revolución Mexicana, pero, sobre todo, de los anhelos del pueblo mexicano, que fueron quienes derramaron su sangre por un mejor país.
La democracia pura no existe ni ha existido jamás, siempre ha sido la bandera de la clase que tiene el poder político y económico, no solo en México, sino en el mundo entero; defienden a capa y espada la democracia cuando sus intereses de clase o de grupo así les conviene, pero en cualquier descuido, confusión o simplemente la ignorancia política de las masas, son los primeros violadores de la causa que dicen defender y asumen actitudes sorprendentes ante su insensibilidad e impotencia, producto de su incapacidad para atender las necesidades, no solo de sus gobernados, que eso ya es mucho pedir, sino que incluso de los propios empleados de las instituciones que dirigen, cuyos trabajadores forman el aparato de burócratas, tan necesario para el funcionamiento del gobierno. La falta de prevención o incluso, sin exagerar, en algunos casos está bien meditado, abusan del poder, se pasan por alto sus obligaciones y ocasionan un caos en las administraciones y a fin de cuentas es el pueblo trabajador el que paga los platos rotos. Asumen en la mayoría de los casos una actitud de dictadorzuelos y se atreven a reprimir a todo aquel que se manifiesta en defensa de sus derechos, y la autoridad superior inmediata se convierte en cómplice, del funcionario causante del descontento social.
En el país conocemos de sobra ejemplos de lo dicho anteriormente; el presidente en turno en sus discursos mañaneros, no sólo divide a los mexicanos, también ataca y difama a quienes no estén de acuerdo con él, de igual manera persigue a quienes se atreven a criticarlo inventándole delitos y utilizando los órganos oficiales para intimidarlos como es el caso más reciente de la acusación de la Fiscalía General de la Republica contra 31 científicos del Conacyt; no se digna a recibir en audiencia a familiares de los miles de desaparecidos ocasionados por la violencia, porque según él, cuida la investidura presidencial, pero en cambio no le preocupa ensuciarla cuando asiste, no una sino varias veces a visitar en su propia casa, a la madre del narcotraficante más famoso de México, en tierras sinaloenses.
En Guerrero, nuestras flamantes autoridades, que por cierto están a unos días por concluir su periodo constitucional de mandato, no cantan mal las rancheras. A nivel estatal dejan muchas cosas pendientes en materia de seguridad, en atención a los campesinos, nula atención en asuntos de salud y abandonados a su suerte al personal de los hospitales, en temas de educación, pura pantalla publicitaria al inaugurar aulas de primer mundo en Chilpancingo, pero en la provincia, escuelas que no tienen edificios ni mucho menos baños, luz e internet. En el caso de los municipios, estos se encuentran desfalcados, sin atención de manera adecuada en los servicios indispensables a que están obligados los a ayuntamientos, como es el servicio de recolección de basura, el agua potable y seguridad. Dejan a sus empleados, defraudados en sus prestaciones y con salarios atrasados. Son 17 municipios los que más problemas de esta índole tiene, sin que esto quiera decir que el resto caminan sobre ruedas. De todos, son dos los que han dejado mucho que desea, el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, emanado del PRD, y la alcaldesa de Acapulco, Lic. Adela Román de las filas de Morena.
Es tanta la inconformidad de la ciudadanía que a diario hay manifestaciones de grupos que salen a la calle a denunciar los atropellos del que son objetos por parte de la autoridad. En Acapulco, definitivamente el ayuntamiento se ha declarado incompetente para solucionar el problema de la basura y el servicio de agua potable, los empleados del propio ayuntamiento no han recibidos las prestaciones de acuerdo a la ley. En Chilpancingo, de plano, el presidente se ha declarado incapaz de pagarle a sus empleados salarios atrasados, bono y otras prestaciones, pero este Sr. ha ido más lejos, en su desesperación, los trabajadores, con el fin de que les hicieran caso, la semana pasada bloquearon la autopista del sol, y en lugar de atender a su demanda y negociar con ellos, el Gobierno estatal mando la policía a desalojarlos a punta de macanazos y con gas lacrimógeno, así se las gastan nuestras autoridades. Muy lejos quedaron el eslogan de estos personajes que cuando buscaban el voto de la gente, el gobernador decía que construiría “un Guerrero de PAZ” y el alcalde “Un Gobierno cercano a la gente”. Ambos fracasaron rotundamente. No debemos de dejar pasar esta oportunidad para reflexionar que es necesario, ahora más que nunca, comprender que mientras los trabajadores no estén unido y organizados seguirán siendo víctimas de las autoridades, que buscan siempre sacar provecho personal de los cargos que ocupan, y que desgraciadamente es el pueblo el que los coloca ahí, pues debemos también saber que el pueblo tiene el derecho de quitarlos, cundo no cumplan con su obligación, pero es necesario que se organice a nivel nacional.
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