El pasado 14 de enero el director Administrativo del Colegio de Bachilleres de Veracruz despidió en forma injustificada e ilegal a dos personas que tenían 10 años laborando como administrativos en el plantel 62 del Colegio de Bachilleres ubicado en la colonia Unión Antorchista de la Reserva Territorial Vergara Tarimoya 4 en el puerto de Veracruz. Se trata de Eva Sofía Azamar Vidal y Alicia Trinidad Arano Gómez, quienes venían laborando desde la fundación del plantel en forma ininterrumpida, de manera presencial y nunca se les levantó un acta administrativa. Ambas son madres solteras que dependen de este ingreso para vivir y que siempre han trabajado en forma disciplinada en bien de la institución y en vinculación con la colonia en diversas tareas que se llevan a cabo en ésta en beneficio de los vecinos.
Una acción, que además de ilegal y arbitraria, es digna de funcionarios insensibles que no les importa dejar sin comer a seres humanos que viven al día: tal es el caso del licenciado Alejandro de la Cruz Garnica, director Administrativo del Cobaev.
Los maestros, alumnos y padres de familia del plantel 62 se indignaron por esta injusticia y en comisión acudieron a las oficinas centrales del Cobaev en Xalapa el 18 de enero. Fueron recibidos por el Lic. José Antonio González Landa, jefe del Departamento de Recursos Humanos, quien en redondo se negó a resolver la recontratación de las dos personas despedidas. Esta actitud alteró a los integrantes de la comisión y los hizo salir a las calles, por lo que fueron llamados por el Lic. René Francisco Torres, del área de política regional del gobierno del estado y el mismo Alejandro Garnica, Administrativo de Cobaev, para supuestamente encontrar una salida al conflicto.
Ambos funcionarios hicieron una propuesta tramposa a los integrantes de la comisión, para contraponerlos con otro plantel del Colegio de Bachilleres que también se encuentra ubicado en una colonia antorchista en la ciudad de Córdoba; les sugirieron reutilizar las plazas de dos administrativos que fallecieron en el período de la pandemia, ambos destacados antorchistas con una larga trayectoria en el plantel 46, fueron fundadores del mismo y laboraron ahí más de 25 años, y en donde los directivos de este plantel ya habían propuesto a sus sustitutos, tomando en cuenta la opinión de los familiares de los fallecidos. No hubo acuerdo, por lo que se les volvió a citar para el 26 de enero.
En la nueva cita en las oficinas de Política Regional se presentaron los dos administrativos despedidos y los directores de ambos planteles del Colegio de Bachilleres. Aquí, los funcionarios ya traían otra propuesta para no resolver el problema de fondo, pues ya le ofrecieron una sola plaza para cada plantel, dejando sin resolver el caso de una de las afectadas y una de las plazas que dejaron los difuntos, poniendo mil argucias fuera de toda lógica legal.
Como ambas instituciones fueron gestionadas por el Movimiento Antorchista, quieren hacerlas pelear entre ellas a como dé lugar, generando la intriga y malestar entre el personal que labora en ambas instituciones.
Una actitud diría yo, bastante perversa de parte de los funcionarios de las oficinas centrales del Colegio de Bachilleres, quienes, por cierto, también han negado sistemáticamente la recategorización a los maestros del plantel 46 de Córdoba, a pesar de que se ha solicitado en tiempo y forma y de que los maestros se han superado con estudios de nivel superior para elevar su preparación académica.
Pero la represión en contra de los maestros antorchistas no sólo es en el Cobaev, también en los otros subsistemas hay una negativa a otorgar la basificación a los docentes afiliados al Movimiento Antorchista a pesar de que tienen años de que fueron contratados y de que están laborando. Esto lo hacen al mismo tiempo que intentan jalarlos a otros sindicatos afines al gobierno, que a últimas fechas ha venido formando Morena. Lo mismo sucede con los maestros de Antorcha que solicitan un cambio de adscripción.
Aquí vemos, una vez más, como en la actual administración, los funcionarios públicos utilizan las instituciones con fines políticos y represivos. Bien haría el secretario de Educación en Veracruz, Zenyazen Escobar García, con revisar este tipo de hechos y castigar a los responsables de esas acciones, que lesionan al magisterio y a la educación en el estado, antes de que se incremente el malestar entre los maestros y junto con el pueblo trabajador hagan sentir su fuerza.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario