• Precios inmobiliarios inalcanzables orillan al 90 % del sector trabajador a habitar zonas periféricas sin servicios
En Jalisco, acceder a una vivienda digna se ha convertido en una meta casi imposible para la mayoría de la población. Hoy en día, comprar la casa más barata en el área metropolitana de Guadalajara cuesta alrededor de un millón 950 mil pesos, una cifra que exige ingresos mensuales cercanos a los 30 mil pesos. Sin embargo, sólo uno de cada diez jaliscienses alcanza ese nivel salarial.
Una familia promedio necesitaría 43 años de trabajo continuo para pagar una vivienda a precio actual sin considerar intereses ni gastos adicionales.
Esta profunda brecha entre ingresos y precios del mercado inmobiliario explica por qué miles de familias viven en condiciones de hacinamiento, en asentamientos irregulares o simplemente se han quedado sin hogar.
Griselda González García, ama de casa de 66 años que vive en Santa Lucía, Tesistán, en el municipio de Zapopan, personifica este panorama.
Desde hace años busca un lugar digno donde establecerse, pero las opciones que encuentra no son accesibles y carecen de infraestructura básica: “Lo más barato que encuentro está en zonas sin luz, con calles sin pavimentar, ni drenaje”, señaló en entrevista.
Su testimonio no es un caso aislado, sino el reflejo de las carencias estructurales que impactan a las periferias urbanas del estado. Miles de jaliscienses enfrentan una problemática que va más allá de lo económico: la falta de acceso a una vivienda digna.
La situación es especialmente grave en el área metropolitana de Guadalajara, donde el mercado inmobiliario crece constantemente, en contraste con el estancamiento de los ingresos. Según datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), sólo el 10 % de la población puede aspirar a comprar una vivienda al precio más bajo disponible en el mercado.
María Guadalupe Benítez, vecina de Griselda y madre de familia, resume la frustración colectiva ante el rezago de los servicios públicos en la periferia del estado: “No pedimos lujos. Sólo queremos conectarnos al drenaje que ya existe desde el año 2000. Pero los gobiernos nos ignoran”.
Escasez de infraestructura básica
El déficit habitacional en el estado se manifiesta en dos formas: cuantitativa y cualitativa. La primera ocurre cuando no hay viviendas suficientes; la segunda, cuando las existentes no cumplen condiciones mínimas de habitabilidad, como seguridad, espacio y servicios básicos.
Estimaciones del IIEG señalan que faltan o son deficientes más de 449 mil viviendas en el estado, mientras que el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) reporta más de 65 mil viviendas faltantes en la zona metropolitana.
A esta brecha se suma la drástica caída en la construcción de vivienda popular. En 2015 se edificaron 33 mil viviendas de interés social en la entidad; para 2023, sólo tres mil 500.
La vivienda económica para quienes ganan hasta dos punto cinco salarios mínimos desapareció por completo en ese periodo, en parte por la eliminación de subsidios federales que facilitaban el acceso al crédito.
“Vemos casas vacías mientras muchos de nosotros seguimos sin dónde vivir”, añade Benítez, apuntando a una de las mayores contradicciones del desarrollo de unidades habitacionales.
A pesar de la escasez, Jalisco registra más de 70 mil viviendas abandonadas, la mayoría de ellas edificadas en zonas alejadas de los centros de trabajo y sin servicios públicos.
Por otro lado, existen 6 mil fraccionamientos irregulares y al menos 3 mil 900 viviendas ocupadas de manera informal, mientras miles de créditos hipotecarios han sido congelados porque las familias no pueden pagarlos.
Como consecuencia, el hacinamiento, la inseguridad y la falta de acceso a servicios básicos son parte de la vida cotidiana de miles de jaliscienses; muchas familias se ven obligadas a habitar espacios reducidos de menos de 45 metros cuadrados, construidos con materiales de baja calidad y lejos de servicios públicos.
Según cálculos del IIEG, una familia promedio necesitaría 43 años de trabajo continuo para pagar una vivienda a precio actual, sin considerar intereses ni gastos adicionales. Esto evidencia que tener un hogar es una meta prácticamente imposible para la mayoría de los jaliscienses.
Impacto social
Ante este escenario, se plantearon reformas y aprobaron modificaciones al artículo 123 de la Constitución Política de México, mediante las cuales se facultó al Infonavit para introducir de manera directa la construcción de viviendas y la administración de rentas; para Jalisco, las proyecciones de las administraciones vigentes para el periodo 2024-2030 contemplan la edificación de más de 45 mil viviendas.
Sin embargo, especialistas en urbanismo del Iteso llaman a cambiar el modelo urbano en la entidad, dejar atrás modelos orientados a la rentabilidad inmediata y replantear los proyectos desde la cercanía al empleo en coordinación con autoridades y ciudadanía.
Por otro lado, el Congreso del estado aprobó reformas al Código Urbano para obligar a los desarrolladores a garantizar servicios básicos en nuevos fraccionamientos. Bajo esta norma, no se otorgarán autorizaciones de habitabilidad a quienes incumplan con la infraestructura mínima.
Al respecto, Mariano Cariño Méndez, dirigente del Movimiento Antorchista en Jalisco, calificó la medida como positiva pero insuficiente. Señaló que los legisladores se enfocan en los desarrollos futuros mientras ignoran la crisis actual de las familias que ya viven en la periferia sin acceso a agua, luz ni drenaje.
“La crisis de vivienda en el estado no es negligencia, sino la consecuencia del sistema capitalista que expulsa a los trabajadores a la periferia urbana. El nacimiento del capitalismo industrial no fue un proceso armónico, sino el resultado de un despojo histórico que concentró el capital en pocas manos y transformó al campesinado en un proletariado desposeído”, sentenció en entrevista.
La brecha económica es el principal motor de la irregularidad; en el estado el precio promedio de una vivienda ronda un millón 950 mil pesos, una cifra dispar frente a los salarios de la clase trabajadora.
“Ante estas condiciones, la clase trabajadora se ve forzada a desplazarse a las periferias en busca de refugio, ocupando a menudo terrenos sin servicios. No habitan ahí por voluntad propia, sino que allá los orilla su poca capacidad adquisitiva generada por malos salarios y por la nula política de vivienda social por parte del Estado, son los culpables del origen de estos asentamientos, que después son satanizados por los propios gobiernos”, enfatizó.
La crisis de vivienda en Jalisco evidencia una marcada desconexión entre el desarrollo inmobiliario y la capacidad adquisitiva real de los habitantes. La historia de Griselda y María Guadalupe recuerda que en un estado percibido como próspero, vivir dignamente sigue siendo un privilegio reservado para unos cuantos.
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