En mayo de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que se refiere a la subcontratación de personal por parte de las empresas. En términos generales, esta reforma prohíbe la subcontratación -outsourcing- de trabajadores en las actividades que corresponden al giro principal de la empresa, aunque la permite en “servicios y obras especializadas” –es decir, una empresa que ofrece servicios de hostelería no puede subcontratar al personal de limpieza, pero sí lo puede hacer con el personal de contabilidad–. La reforma citada, puso un candado a las empresas de servicios especializados, las obliga a registrarse en un padrón a fin de evitar que por esa vía se evadan las obligaciones de estas entidades con la hacienda pública ni con los trabajadores a su servicio. En fin, se prometió que con la reforma miles de trabajadores pasarían a tener un empleo formal y, sobre todo, a ejercer varios de sus derechos laborales que, por el esquema de subcontratación, las empresas evadían; derechos laborales como el reparto de utilidades, las vacaciones pagadas, etcétera.
En 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tenía registrados alrededor de cinco millones de trabajadores bajo un régimen de subcontratación. Hoy, en 2023, dos años después de la reform, se reportan 3.5 millones de trabajadores bajo este esquema. Ha habido un incremento del número de trabajadores contratados directamente por las empresas en las que laboran en detrimento de la subcontratación: en 2021 uno de cada cuatro trabajadores registrados por los patrones en el IMSS era subcontratado y en 2023, se halla en esta situación uno de cada seis de esos trabajadores. De acuerdo con los datos del IMSS, para los trabajadores este cambio de tipo de contrato significa mejores salarios y mayor garantía de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, al de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU). El gobierno y sus paleros en estos días han cacareado los datos sobre el reparto de utilidades. Y en efecto tanto el número de empresas, como el monto al que ascienden las utilidades repartidas casi se duplicaron entre 2020 y 2022. No obstante, el número de trabajadores beneficiados con este derecho apenas creció en dos millones, apenas 18 por ciento en el mismo periodo. Pero aún más, este beneficio como los del resto de las reformas laborales, se reduce apenas a la cuarta parte de la población ocupada. Este número revela el limitado efecto de dichas reformas y la necesidad de fomentar el desarrollo económico propio, la re-industrialización y modernización del aparato productivo del país de suerte que todos los mexicanos capaces puedan contar con un empleo, dignamente remunerado y éste no sea el privilegio de unos cuantos.
Además, no se crea que este incremento ha sido a costa de los ingresos de los empresarios. De acuerdo con el INEGI, el excedente bruto de operación, es decir las ganancias de las empresas, pasaron de 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021 a 47 por ciento del PIB en 2023. El reparto de utilidades poca mella hizo a las ganancias de las empresas. Mientras que el PIB creció entre 2019 y 2023 1.7 por ciento, las ganancias de las empresas lo hicieron en 6 por ciento en ese mismo periodo. Las reformas laborales han resultado muy insuficientes para la redistribución de la riqueza en México. Así se reproduce la enorme desigualdad económica y se recrean la pobreza y sus consecuencias.
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