De acuerdo con el gobierno de la 4T, la reforma energética, que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consiste en favorecer a las plantas estatales con generación eléctrica, ser autosuficientes y limitar las ventas de energía de proyectos privados construidos por extranjeros.
El proyecto presentado por AMLO, en octubre del año pasado, contempla la cancelación de contratos a través de los cuales 34 plantas privadas venden electricidad a la red nacional, al mismo tiempo que otras 239 plantas privadas y que venden energía directamente a clientes corporativos en México se declararán ilegales. Todas operan con fuentes renovables o gas natural.
En el plan, las plantas termoeléctricas que utilizan gas natural estarían casi al final de la lista en cuanto al derecho a vender electricidad, a pesar de que la producen un 24 por ciento más barata que las plantas estatales que aún utilizan carbón; es decir, las termoeléctricas estatales que queman combustóleo tendrían preferencia sobre las plantas eólicas y solares.
De acuerdo con AMLO, el plan busca garantizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es un monopolio natural, una participación del 54 por ciento, mientras que a las empresas privadas un 46 por ciento. El acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá prohíbe que se favorezca a las empresas locales o gubernamentales.
Katherine Tai, representante comercial de EE. UU., en una reunión virtual con legisladores, empresarios y asociaciones medioambientalistas discutieron los giros recientes de la política energética de México a los que calificó como preocupantes y en deterioro, y dijo revisarán si las autoridades mexicanas están incumpliendo sus obligaciones con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, pidió en la Cámara de Diputados que se respeten los contratos de empresas firmados con la ley vigente del sector eléctrico, porque si no hay confianza no va a haber inversión, pero el presidente ha dicho que la reforma va porque se deben quitar privilegios a empresas privadas y fortalecer a la CFE.
Sin embargo, de acuerdo con la calificadora Moody´s, de aprobarse la reforma, habría un mayor incremento en las emisiones de carbono, en vez de una reducción, aspecto que menciona en su reporte titulado “El cambio de política frenará la inversión privada, retrasando el camino del país hacia una energía más limpia”. La calificadora destaca que la prioridad a la soberanía energética, a través de una empresa como CFE, que tiene capacidad limitada para renovar su infraestructura y hacer una transición hacia tecnologías más limpias, no garantiza la disminución de costos en energía eléctrica, sino un incremento a largo plazo.
En los próximos días la reforma será discutida en el Congreso de la Unión para ser aprobada tentativamente en Semana Santa. Ante esta polémica reforma, Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, ha insistido en que ésta debe ser modificada para evitar que después se tenga que dirimir en tribunales internacionales.
“Obviamente, tengo mi posición y mi punto de vista respecto de que es indispensable escuchar a los inversionistas, a los empresarios y a todos aquellos que están interesados, y ese era el propósito del Parlamento Abierto, si no, no hubiera tenido ningún objeto haberse reunido varias semanas”, dijo.
La aprobación de una reforma como la que plantea López Obrador deja claro que se trata de un rezago al uso de energías limpias que permitan crear energía eléctrica mediante otros métodos menos costosos y no como los que ahora se tienen bajo la administración de la CFE.
AMLO en un intento de promover la soberanía energética descarta la posibilidad de inyectar recursos para invertir en nuevas tecnologías, pero existe la posibilidad de que empresas de capital privado puedan hacerlo si existe un acuerdo a tratado benéfico para los mexicanos y los inversionistas.
Urge un cambio en los procesos y tecnificación de energías limpias, estamos en la posibilidad de hacerlo. De nada sirve tener una soberanía energética si seguimos alumbrándonos con lámparas de petróleo en pleno siglo XXI.
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