El Gobierno federal prácticamente desapareció para Coahuila el Fondo de Hidrocarburos, a partir de enero. Aunque dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF), la Cámara de Diputados autorizó el ejercicio de recursos por 600 millones de pesos; en el inicio de este año, la Secretaría de Hacienda únicamente envió 6 millones de pesos, junto con la notificación oficial del nuevo recorte, ya que nada más transferirá en el transcurso del año, si acaso, 50 millones de pesos.
Tan sólo correspondiente a este fondo federal, la dependencia aplicó un 92 por ciento de reducción en los recursos, en los que claramente la tendencia es a eliminarlo, según la entrevista al administrador fiscal general, Javier Díaz González.
Del Fondo para Entidades y Municipios de Productores de Hidrocarburos estaban llegando 56 millones de pesos al mes; en diciembre llegaron 29 millones y ahora en enero 6 millones y la tendencia es así, claramente a desaparecerlo. Este fondo es para infraestructura en 14 municipios donde se produce el tema de hidrocarburos, además afecta al Estado que lo destinaba a obra pública para la Región Centro y la Carbonífera.
Con esta medida, el Gobierno federal castigará, de manera directa, la economía de 14 municipios de Coahuila que verán seriamente mermados sus recursos. El impacto en un año será de más de 500 millones de pesos.
Esta nueva afectación a la economía de Coahuila se suma a la desaparición de 101 fondos federales, como los Fondos Metropolitanos, Fondo Minero, Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad, Recortes en Participaciones, aportaciones, convenios, subsidios, programas de coordinación con el Sistema de Administración Tributaria y el Presupuesto U080, que es para apoyo a centros y organizaciones de educación como son las universidades y planteles de educación técnica.
En poco más de tres años, son alrededor de 18 mil millones de pesos los que ha dejado de recibir la entidad y sin previo aviso, así como ocurrió con este Fondo de Hidrocarburos.
Entre algunos de los municipios que se verán impactados negativamente en sus recursos, destacan: Sabinas, San Buenaventura, Abasolo, Candela, Progreso, Castaños, Escobedo, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Monclova, Múzquiz, Nadadores.
Por otra parte, el recorte a las instituciones de salud es injustificable, y más en una entidad como Coahuila, donde la alta tasa de formalidad en el empleo demanda mayores capacidades
La atención a la salud, en su concepción más amplia, es una de las responsabilidades más importantes del estado, pero para cumplir con dicha obligación es indispensable que se canalicen y se entreguen los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de las instituciones responsables de dicha tarea.
No basta, y eso es importante precisarlo, que se etiqueten recursos en el PEF o de los estados, sino que estos sean efectivamente entregados, de forma puntual y en la cantidad establecida, a los organismos del sector. Dejar de hacerlo implica, más allá de un grave incumplimiento, poner en riesgo la salud pública.
El recorte de más de 263 millones de pesos a los rubros de adquisiciones y proyectos de infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila.
La cifra anterior se encuentra reconocida en el Avance de Gestión Financiera, correspondiente al cuarto trimestre de 2021, de acuerdo con el cual, al cierre del año pasado, solamente se entregaron al IMSS de nuestra entidad 201 de los 464 millones de pesos comprometidos en los apartados señalados.
Cualquier recorte en los presupuestos originalmente aprobados es importante, aun cuando pueda señalarse que se trata de un porcentaje reducido sobre las cifras globales. Y esto es así, porque como ya se sabe el presupuesto que el IMSS recibe en cualquier parte del paísmes insuficiente para hacer frente a sus necesidades cotidianas.
Adicionalmente, en el caso de Coahuila estamos hablando de una entidad en la que la alta tasa de empleo formal que históricamente se ha registrado le aporta solidez financiera a la institución. Frente al esfuerzo que la iniciativa privada realiza es aún más injustificable el recorte presupuestal.
Lo peor de todo es que las malas noticias para la derechohabiencia de Coahuila no terminan ahí, pues el Presupuesto de Egresos de la Federación no contempla presupuesto alguno para la construcción de dos clínicas de medicina familiar proyectadas para Saltillo desde el 2019.
De acuerdo con la información conocida, los proyectos de estas dos clínicas ya fueron avalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se contempla en ambas una inversión cercana a los 380 millones de pesos.
El recorte presupuestal para la salud en Coahuila disminuye las capacidades institucionales en un estado en el cual el alto volumen de empleos formales demanda una infraestructura de salud más robusta.
La realidad demanda no permanecer impasibles, aunque aquí es indispensable que la iniciativa privada y las autoridades estatales sumen esfuerzos para, de forma conjunta, exigir que los recursos destinados al funcionamiento del IMSS en la entidad no sufran recortes.
La situación de la principal institución de salud en el país ya es lo suficientemente precaria como para agravarla por esta vía.
Los recortes no paran y afectan en todos los ámbitos tal como es el caso de la secretaria de Cultura en Coahuila, que después de trabajar con más de 40 millones de presupuesto, hoy el gobierno federal ha reducido en forma brutal el mismo y lo ha dejado en solo un millón de pesos, lo cual no alcanza para nada y esto obliga a tomar acciones para solucionar dicho problema.
Haciendo un recuento histórico de los recortes federales que ha sufrido la cultura de Coahuila, se dio a conocer que en 2018 se recibían 32 millones de pesos directos, más los recursos etiquetados que eran otros 15 millones de pesos más, a partir del 2019 ya solo se recibieron 10 millones, pero en el 2020 esta cifra se redujo a la mitad y solo llegaron 5 millones de pesos. Además, peor aún en el 2021 solo recibió un millón de pesos y lo mismo se dará en este 2022.
Las áreas más afectadas por el recorte presupuestario son: educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero, seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social, así como infraestructura en escuelas, sobre todo de nivel básico.
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