• El presupuesto federal de 8 mil 115 millones de pesos para reparar los daños de la vaguada monzónica no llega a las comunidades del estado
Seis meses han pasado desde que la vaguada monzónica sepultó decenas de viviendas, arrasó caminos y cobró vidas en la Sierra Otomí-Tepehua, como en varias regiones de Hidalgo, Veracruz, Puebla y otros estados. Seis meses de promesas millonarias, comparecencias oficiales y anuncios espectaculares que, en los hechos, no han devuelto la tranquilidad a quienes perdieron todo.
Medio año después del siniestro, decenas de comunidades siguen incomunicadas y cubiertas de lodo pese a los planes de inversión anunciados por la federación.
Durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tenango de Doria, decenas de damnificados salieron al encuentro con lonas y cartulinas. No pedían caridad. Exigían: reconstrucción de carreteras, puentes reales, dragado de ríos, reubicación de zonas de riesgo y vivienda digna.
Los datos no mienten. El gobierno estatal calculó la reconstrucción en hasta 8 mil millones de pesos y la federación presumió un plan de 8 mil 115 millones de pesos. Pero a medio año, decenas de comunidades siguen sufriendo la falta de carreteras, caminos y puentes, siguen cubiertas de lodo.
El puente provisional de Zicatlán colapsó con las recientes lluvias. ¿Casualidad? No. Es la lógica del gasto mínimo, de los anuncios que apagan el incendio mediático y calman la inconformidad del pueblo sin resolver las causas estructurales.
Porque la pasada tragedia de octubre no fue un simple capricho de la naturaleza. Fue, ante todo, la expresión brutal del abandono que viven regiones olvidadas, como la Sierra Otomí-Tepehua, abandono que reproduce el sistema y el Estado mismo: los pobres habitan las laderas inestables, los cauces secos de ríos, los terrenos que nadie más quiere, porque el suelo seguro y bien urbanizado tiene precio de mercado.
Cuando la lluvia descarga, no moja ni arrastra a todos por igual. Golpea donde la precariedad abunda, donde históricamente miles de habitantes viven en zonas de riesgo, en viviendas de materiales endebles, en pueblos donde la incomunicación y derrumbes son constantes por la geografía y falta de caminos y carreteras que toleren las condiciones de la región.
En un sistema donde la acumulación del capital dicta las prioridades, invertir en muros de contención, caminos pavimentados o viviendas sismorresistentes en regiones pobres no es “rentable”.
Más redituable es el asistencialismo: despensas, láminas de cartón, depósitos bancarios de unos pocos miles de pesos que desaparecen en una semana. Así se administra la miseria, no se supera. Así se reproduce la explotación: manteniendo a la clase trabajadora en un estado perpetuo de vulnerabilidad, dependiente del favor estatal y no del ejercicio pleno de sus derechos.
De acuerdo con estudios académicos, la Sierra Otomí-Tepehua presenta “altos y muy altos índices de marginación social”. El acceso a servicios básicos, educación y vivienda es precario.
No es casualidad. Es el resultado histórico de un modelo que concentró la riqueza en los centros urbanos industriales y convirtió a las regiones indígenas y campesinas en territorios de extracción y abandono.
Esta situación revela la contradicción fundamental entre el derecho de las mayorías a vivir con dignidad y la lógica de la propiedad privada y el lucro.
El Estado, lejos de ser un árbitro neutral, actúa dentro de los límites que impone la clase dominante. Por eso los 8 mil millones de pesos anunciados se dilatan en licitaciones interminables, mientras las empresas constructoras negocian contratos y los gobiernos seculares postergan lo que podría resolverse con voluntad política real, es decir, con reubicar a las familias, la movilización de recursos en obras para las zonas afectadas y la planificación verdadera de la reconstrucción.
Lo que los damnificados de Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria están demandando, quizá sin decirlo con esas palabras, es una justa aplicación de la riqueza social, que recursos públicos provenientes de sus mismos impuestos se inviertan en obras de infraestructura.
Las movilizaciones e inconformidad no son un simple acto de presión mediática. Son parte de una lucha de clases concreta: la que enfrenta a quienes producen la riqueza (con su trabajo, su cultivo, su albañilería) contra una clase política y empresarial que sólo reacciona ante la crisis cuando las imágenes de devastación salen en la televisión.
La próxima temporada de lluvias está a la vuelta de la esquina. Los puentes provisionales volverán a caerse. Los deslaves interrumpirán nuevamente la vialidad. Y las familias de la Sierra Otomí-Tepehua seguirán esperando, no una dádiva, sino una reconstrucción real y de fondo.
Tengamos claro que la reconstrucción, como la solución de los males de los trabajadores de México, no será un regalo del capital ni de sus funcionarios, exijamos la aplicación de los recursos en una reconstrucción real y tengamos claro que la pobreza, que orilla a miles a vivir en condiciones de riesgo, es consecuencia inevitable de un sistema que convierte en mercancía hasta el aire que se respira y el suelo que se pisa.
Mientras eso no cambie, cada siniestro “natural” será una nueva condena para los mismos de siempre.
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