La realidad actual que afronta el pueblo trabajador de Quintana Roo es delicada y bastante problemática para sostener la vida cotidiana de sus familias con niveles básicos de bienestar y con un mínimo de garantías de seguridad.
Los gobiernos actuales, en sus diferentes órdenes ya sean federal, estatal o municipal, no han sido capaces de implementar políticas públicas que atiendan las causas sustanciales de esta problemática, sino que solamente llevan a cabo programas y acciones prioritariamente asistencialistas y electorales para atender a la población más necesitada que vive en condiciones de marginación y vulnerabilidad social.
Quintana Roo aún se encuentra lejos de ser uno de los estados más competitivos y para mala fortuna volvimos a reprobar en seguridad, medioambiente, economía y sistema político.
Algunas de las herramientas para medir de cierta forma la calidad de vida de los ciudadanos son los indicadores de competitividad, los cuales nos permiten conocer cómo está el desempeño de un país o región en áreas como la seguridad, la educación, la salud, las instituciones, el cuidado del medio ambiente, el funcionamiento de los mercados, y la infraestructura, entre otros.
En esencia, la competitividad se refiere a la capacidad que tienen los agentes económicos para seguir vendiendo bienes o servicios en un mercado, ya sea este internacional, nacional o local, de tal forma que una empresa o un actor económico es competitivo cuando cuenta con herramientas que les ofrecen una ventaja frente a sus competidores.
La clase trabajadora que sostiene el edificio económico, necesita contar con las garantías de servicios públicos de calidad, educación, salud, infraestructura y con condiciones de bienestar óptimos.
Todo eso impacta seguramente en los resultados positivos de la competitividad de un país y de un estado, como es Quintana Roo, de tal forma que los Gobiernos deberían tener el propósito y la prioridad de materializar estas condiciones para el pueblo trabajador, pero en la realidad no es así.
En la realidad son los intereses egoístas de los grandes dueños de los medios de producción, es decir, los capitalistas, quienes acaparan la riqueza que se produce mediante la explotación del trabajo de la clase obrera; son los intereses de estoslos que se ven beneficiados por la implementación de las políticas públicas y hacendarias de los Gobiernos actuales.
En nuestra entidad, esta situación es más que evidente, ya que, a pesar de la constante inversión en infraestructura, promoción turística, de innumerables elementos de la Guardia Nacional, y de los millonarios ingresos económicos que se perciben cada temporada de turismo.
Según un reciente informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Quintana Roo está en la posición trece en competitividad. Estos malos resultados colocan a la entidad bajo la lupa, con serios problemas de estancamiento.
Quintana Roo aún se encuentra lejos de ser uno de los estados más competitivos del país y para mala fortuna este centro de investigación apartidista y sin fines de lucro, afirma que volvimos a reprobar en los rubros de seguridad, medioambiente, economía y sistema político.
Esto deja en claro la necesidad de que las autoridades, en sus tres órdenes de Gobierno, emprendan acciones para subsanar las deficiencias que alejan la oportunidad de nuevas inversiones y por ende de oportunidades de empleo para los quintanarroenses.
Sin lugar a dudas, hay que tomar con suma seriedad el informe dado a conocer por el IMCO, puesto que no es nada prometedor estar ubicado fuera de los primeros lugares en competitividad económica, y menos por tener deficiencias en rubros de suma importancia como lo es la seguridad, lo que es significativo en un estado que vive del turismo, una actividad que pone al estado en la mirada internacional.
Aunque somos una de las entidades de México que el mundo ve como un paraíso, también somos, como parte del Caribe mexicano, uno de los peores evaluados en el rubro de Derecho, que tiene que ver con la seguridad de sus ciudadanos, pues presenta las peores cifras en homicidios, costo del delito e incidencia.
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