Los ataques recientes a dirigentes antorchistas de Veracruz y Oaxaca confirman dos cosas. Primero, que, como se ha denunciado en muchas ocasiones, la 4T se perfila hacia un gobierno autoritario, de carácter dictatorial; y, en segundo lugar, que cuando se trata de atacar a quienes denuncian los malos resultados de los gobiernos, no importan los colores de estos, todos se unen en contra de aquellos a quienes consideran un obstáculo para sus intereses.
La forma dictatorial del gobierno encabezado por Obrador es una consecuencia de los resultados que su gestión como presidente ha dado. Ante unos resultados tan desastrosos, la única forma de hacer valer su proyecto e imponer sus ideas es mediante el abuso de poder, pues si dejara que la sociedad se expresara libremente y exigiera lo que realmente le interesa, sería el fin de la 4T.
Los defensores del 4T argumentan que no es posible calificarla como dictadura, porque según ellos, solo es dictadura cuando los militares están en el poder, haciendo referencia a las dictaduras militares de América Latina. Sin embargo, esta forma de ver el problema es en extremo reduccionista, olvida las características particulares por las que los gobiernos dictatoriales se han establecido en el México moderno, es decir, en el México surgido de la revolución. Las dictaduras en México han estado constituidas por el partido dominante y por la figura presidencial, el PRI, el partido-Estado no tuvo la necesidad de poner a un militar o una junta militar a la cabeza del ejecutivo para mantener un control férreo sobre los opositores.
La relación entre las fuerzas armadas y el poder ejecutivo era tan efectiva que no había necesidad de dar mayores poderes a los militares. Por otro lado, el Estado mexicano estaba conformado de una serie de organismos encargados de realizar las más diversas tareas para controlar y reprimir. Las estructuras corporativas para controlar al movimiento obrero y campesino, pero también, las agencias de contrainsurgencia como la Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca, Halcones, etc. Todos ellos factores fundamentales en el desmantelamiento y desaparición de movimientos insurgentes. El papel de los militares en este proceso no fue menor, a lo largo y ancho del país se encargaron de infiltrarse en organizaciones insurgentes, así como detener y desaparecer a los líderes. Todo esto se hizo sin la presencia de militares en el poder.
Hoy, tenemos un Gobierno federal que en tres años se ha encargado de dar más poder al cuerpo castrense. Pero no podemos esperar que la dictadura actual repita los pasos al pie de la letra, que la forma sea la misma con la que el PRI dominó. No es posible, las condiciones han cambiado mucho, y, sin embargo, no es posible negar que en los cimientos del obradorismo está el autoritarismo priista de los 70. Si alguien es capaz de decir lo contrario, tiene que aceptar también, que, para él, los gobiernos priistas no fueron dictatoriales, que las masacres del 68, 71, las desapariciones, la Guerra en el Paraíso, eran democracia.
Es en este sentido en el que hay que ubicar los ataques en contra de los dirigentes antorchistas, pues no solo se trata de dirigentes de una organización que desde el principio ha denunciado los errores del gobierno federal y estatales, sino de la organización más capacitada para disputar el poder político a la 4T. Por lo tanto, para la 4T es primordial debilitar, y para obtener tal objetivo recurren a la utilización del aparato jurídico y fabricar delitos en contra de Samuel Aguirre, o a estructuras aparentemente fuera del gobierno que se encarga de amedrentar a Dimas Romero.
Otro aspecto importante para resaltar es que, cuando se trata de lanzarse en contra de los opositores, aquellos que con mayor seguridad representan un peligro para el poder, no importan las distinciones políticas convencionales, aquí lo que se pone sobre la mesa es el interés de clase. Los acontecimientos de la vida política contemporánea pueden refrescar un poco la memoria, de cómo el gobierno foxista a nivel federal y priista en el Estado de México se respaldaron mutuamente para la represión de Atenco en 2006, o del mismo modo, en Oaxaca cuando el priista Ulises Ruiz Ortiz reprimió a los manifestantes con el apoyo del gobierno federal panista.
Y es que, en esencia, la dictadura no es de una persona, sino de una clase. Así, no importa que Alejandro Murat sea de un partido que de manera oficial sea contrario al presidente, cuando lo que está en juego es el poder político de la clase gobernante, el respaldo es inmediato. No es un secreto la relación que Murat mantiene con Obrador, tanto así que, este último lo respaldó ante la lucha que los médicos oaxaqueños han emprendido en la defensa de sus derechos laborales, pero lo que más preocupa al gobernador oaxaqueño es que este movimiento sea respaldado por Antorcha.
El caso de Veracruz es más que claro, el respaldo presidencial a la pésima gestión de Cuitláhuac García Jiménez ha sido incondicional. Decía Obrador que nada importante sucede sin el conocimiento y aprobación del presidente, hoy estamos en un claro ejemplo, y este perfil autoritario de los gobiernos locales es gracias al ejemplo que emana desde la presidencia de la república.
Todo esto nos deja una tarea inmediata a todos los ciudadanos comprometidos con el desarrollo democrático del país. Esta tarea consiste en mirar con atención y respaldar a los líderes sociales que hoy están amenazados por el poder el Estado mexicano. Otra tarea de mediano plazo tiene que ver con la necesidad de agruparse con miras a las elecciones del 2024, y ahí dónde los partidos que oficialmente son oposición, pero que se han doblegado ante el poder, activar la participación de la masa. Todo esto es posible hacerlo dentro del marco de la ley, misma ley que la 4T trata de pulverizar.
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