Los programas sociales sirven de alguna manera para paliar los problemas sociales existentes en nuestro país, y así combatir la desigualdad económica, la marginación, rezago educativo, problemas alimentarios, de salud, empleo, apoyo al campo, etc. Sin embargo, debemos saber que esto es una obligación del Estado, entendiendo que es parte de los derechos como ciudadanos mexicanos y que vienen plasmados dentro de la Carta Magna.
Hay que entender, que los apoyos sociales no son un mérito de alguna persona que ocupa un cargo público, todos los servidores o funcionarios tienen el deber de atender las necesidades de la población en general, por lo tanto, es su obligación proveer de lo indispensable para que esta se desarrolle, ya que el recurso es procedente de los impuestos de millones de mexicanos, por lo cual no se debe de confundir o relacionar los programas sociales con los partidos políticos. Muchos creen que el recibir un apoyo es por que apoyaron a un partido equis y que este es el que merece fidelidad electoral. Esto no debería entenderse así; el pertenecer o simpatizar con alguna ideología, no significa ser acreedor de un apoyo o caso contrario; si no eres afín, no quiere decir que no merezcan el apoyo cuando existe una necesidad de por medio.
También deben ser conscientes que los programas sociales no son la solución a todos los problemas que hay en nuestro país, éstos solo sirven para poder frenar de alguna manera el incremento de estos, cuando son utilizados adecuadamente; sin embargo, muchos de los gobiernos se aprovechan de la necesidad que padecen miles de personas para hacer clientela política con las dádivas que dan, para mantenerlos amarrados y asegurar voto para el candidato de su partido, para mantenerse en el poder y así seguir viviendo del erario público.
Por otra parte, los programas que se implementan no son transparentes, en muchas ocasiones tienen irregularidades, sin poderse comprobar su destino final, haciendo negocio o desvío de los recursos, por ejemplo: El pasado domingo 14 de febrero salió en el periódico Notiver la siguiente nota: "los servidores de la nación, la estructura operativa en la que descansa el reparto de las ayudas del gobierno deben aclarar el destino de más de 3 mil millones de pesos ejercidos en 2019, pues dichos recursos se extraviaron en una maraña de inconsistencias, omisiones e irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación”. Esto quiere decir que la corrupción sigue, no ha terminado y muy seguramente seguirá sino se cambia de sistema económico.
Se necesita una nueva política económica, que ayude a distribuir las riquezas de manera equitativa, en todos los sectores; asegurar el empleo para todas las personas que estén en edad de trabajar; salarios bien remunerados, de esta manera las familias pueden proveerse de lo indispensable; tener una política fiscal progresista, que pague más impuestos el quien tenga más y pague menos quien tenga menos y finalmente una justa reorientación del gasto social, para que lo recaudado con los impuestos sea invertido en obras y servicios para beneficio de la población, de esta manera se podrán hacer obras como escuelas, hospitales, carreteras, electrificaciones, centros culturales, etc.
Asegurando estas cuatro propuestas, la sociedad no tendrá la necesidad de recibir alguna dádiva que la mantenga amarrado a las filas de algún partido político, se empezará a educar, concientizar y elegirá con más acierto a los hombres y mujeres con mayor capacidad para gobernar, que pueden dar las mejores soluciones a los peores problemas.
México es un país que tiene muchas riquezas naturales, culturales, gastronómicas, minerales, etc., que desgraciadamente se han desaprovechado en beneficio de la población y aprovechado por unas cuantas minorías. Si se logra redireccionar el rumbo del país con una nueva política económica se podrá combatir los males que imperan en nuestro país como la pobreza, la corrupción, el influyentismo, el nepotismo político, etc.
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