El pasado 15 de diciembre del 2023, los diputados de la Décimo Séptima Legislatura del Congreso local, aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno de Quintana Roo, encabezado por la morenista Mara Lezama Espinoza. En el ejercicio fiscal 2024 el gobierno estatal ejercerá un total estimado de 47 mil 352 millones 603 mil 524 pesos; sin embargo, siguiendo a pie juntillas el esquema de gastos del gobierno federal, nuevamente priorizará los programas “asistencialistas”, la mayor parte de los recursos serán canalizados a la Secretaría del Bienestar con 1,327 millones de pesos; para el Sistema DIF se propone 1,490 millones de pesos; además, para los nuevos organismos creados como la Agencia de Seguridad Alimentaria van 487 millones de pesos y al Instituto de Economía Social y Solidaria otros 192 millones de pesos, asimismo, el presupuesto asignado para la Secretaría de Seguridad Ciudadana asciende a tres mil 464 millones de pesos, el objetivo de la nada despreciable suma es “fortalecer la seguridad de los quintanarroenses”.
Sin embargo, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, destacó que para obra pública solamente se programó 896 millones de pesos, en el sexenio anterior, en todo su periodo alcanzó solamente 677 millones de pesos. Contrario a las grandes necesidades que padecen cientos de miles de quintanarroenses debido a la falta de infraestructura social, dicho monto es insuficiente, considerando las cientos de colonias y comunidades carentes de drenajes, calles pavimentadas, escuelas de nivel básico, centros de salud, agua potable, energía eléctrica, unidades deportivas, entre muchas otras necesidades básicas, sin duda, mas allá de las zonas hoteleras y sus hermosas playas, así es la vida de los expulsados del paraíso.
A pesar que el gobierno estatal lanzó las campanas al vuelo, celebrando “una inversión histórica para obra social”, con la cual según afirman “las condiciones de vida de sus habitantes serán mejores”, como expongo líneas arriba, el presupuesto estatal sólo considera ejecutar los cerca de 900 millones pesos, cantidad irrisoria, porque esos dineros no alcanzarán para hacer obras de primera necesidad, como las que urgen en los cinturones de miseria tanto urbanos como rurales; los gobiernos locales deberían concentrar todo su esfuerzo para que las miles de familias empobrecidas tengan mejores oportunidades y desde luego, una mejor calidad de vida. Pero, seamos realistas, la inversión histórica para obra social del gobierno, ¿deberás beneficiará a los pobres? y ¿de qué manera los beneficiará directamente? Lo cierto es que el Tren Maya, el aeropuerto “Felipe Carrillo Puerto” en Tulum, el puente Nichupté, entre otros proyectos millonarios, fue una mezcla de dinero público y privado, y los beneficiados directos serán y seguirán siendo los grandes empresarios, mientras que los “supuestos beneficiados”, es decir, los pobres, si a caso, estarán ahí como empleados de seguridad, limpieza, de vendedores ambulantes, y esa misma suerte tendrán los trabajadores informales.
Son miles los quintanarroenses que viven con sinfín de carencias sociales, viviendo al día y limitados para escapar de las garras de la pobreza, porque debido a sus condiciones precarias no pueden invertir en negocios rentables ni el gobierno impulsa proyectos generadores de empleos permanentes y con salarios bien remunerados, por el contrario, los hunden más y más.
Sin duda, a cinco años de gobierno de la “Cuarta Transformación”, no se vislumbra intenciones para que al trabajador lo liberen de sus verdugos explotadores, y además a los pobres en general ya no los sigan haciendo dependientes de programas sociales porque los hace sumisos, manipulables y fieles serviles al sistema gobernante; el pueblo trabajador requiere acceder a mejores oportunidades de vida, por supuesto, con las debidas prestaciones de ley, para que los trabajadores superen la miseria que los atan.
A pesar del optimismo que emana de la propaganda gubernamental, las cifras de personas en pobreza siguen creciendo, y son sus mismas dependencias quienes así lo confirman, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar informó que hay 79 mil 583 personas en pobreza extrema. Aunque la cifra de la Secretaría de Bienestar difiere con los reportes elaborados por la asociación “Acción Ciudadana Contra la Pobreza”, pues ésta refiere que son 135 mil quintanarroenses los que viven en pobreza extrema, lo cierto es que estamos hablando de miles de quintanarroenses quienes no tienen seguro su alimento diario. Por si eso no fuera suficiente, la asociación agregó que el 83 por ciento de los quintanarroenses no tienen condiciones de bienestar.
Por las razones ya expuestas y por otras que por falta de espacio no menciono, urge terminar con la desigualdad social que prevalece en Quintana Roo y en el resto del país. Ese debe ser objetivo prioritario de los tres órdenes de gobierno, porque la Constitución Política mandata y garantiza igualdad para todos, pero en la realidad vemos todo lo contrario, riqueza extrema en unos cuantos y pobreza en millones, y en este año que inicia, las condiciones precarias para los pobres serán igual o peor.
El gobierno de Mara Lezama debe poner, de una vez por todas, un alto a la polarización social, e impulsar una estrategia eficaz de acciones de gobierno que ataquen directamente las carencias de los miles de quintanarroenses, puesto que ese flagelo conduce a que la brecha de desigualdad social cada vez sea mayor y más profunda. Conste.
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